Extensas vacancias en cargos fundamentales

Finalmente, y tras casi diez meses desde que Jorge Bermúdez terminó su periodo constitucional de ocho años como contralor general de la República, el Presidente Gabriel Boric nominó a Dorothy Pérez para que ocupe el cargo, función que hasta la fecha ejerce como subrogante, y cuya ratificación deberá contar con el apoyo de 3/5 de los miembros del Senado en ejercicio, sustento que se anticipa debiera tener en dicha cámara. Y si bien quien subroga cuenta con las facultades necesarias para dirigir el órgano, la estructura institucional exige que los cargos estén debidamente provistos en su titularidad, por lo que es una buena noticia que se avance en esa dirección, en especial al tratarse de una entidad esencial en el adecuado funcionamiento del Estado que debe velar por el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios, entre otras funciones.

Sin embargo, y por lo mismo, es importante entender que las suplencias y subrogaciones son figuras que responden a condiciones excepcionales, por ello es preocupante que, en el caso de la designación de quien debe dirigir la Contraloría General de la República, los últimos procesos hayan demandado varios meses antes de resolverse, instrumentalizándose en el marco de negociaciones o simplemente dilatándose en virtud de presiones políticas. Más grave aún es que con este tipo de proceder se contribuye a normalizar una forma de operar que no es la propia de la institucionalidad, tolerando extensos tiempos de vacancia sin sopesar sus implicancias.

Una situación que tampoco escapa a la misma lógica es lo sucedido con el reciente nombramiento de dos ministras y del fiscal de la Corte Suprema, que debían reemplazar a quienes ya habían dejado sus cargos -en el caso de Guillermo Silva, su salida se produjo hace casi dos años-, y cuya premura se hizo evidente a propósito de las acusaciones constitucionales en contra de cuatro de los ministros de ese tribunal, incluida la apertura de un cuaderno de remoción en contra de uno de ellos que terminó con su salida. En este caso, la presión por resolver los procesos vino por la amenaza real de que se dificultara impartir justicia al verse afectado el normal funcionamiento de las salas de la Corte Suprema, lo que no puede constituir la razón que impulse definiciones de esta naturaleza.

Lo ocurrido en ambos casos debe servir de experiencia para llevar a las autoridades tanto del Ejecutivo, quien debe proponer los nombres, como a los integrantes del Senado, que deben confirmarlos, a ejercer sus responsabilidades de manera de garantizar no solo que sean los mejores nombres quienes pueden ser designados en cada cargo, sino que ello pueda ser hecho oportunamente para evitar situaciones como las de las últimas semanas. Sin perjuicio de que hay negociaciones, éstas no pueden significar el entorpecimiento del adecuado funcionamiento del Estado ni mantener como provisorias situaciones que requieren certezas. Algo que claramente deberá demostrarse cuando se deba discutir el reemplazo del ministro Juan Eduardo Fuentes, quien cumple en dos semanas la edad legal de 75 años para permanecer como miembro de la Corte Suprema.