Fallida compra de casa de expresidente Allende

La frustrada compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende por parte del gobierno -con el fin de hacer de ella un futuro museo- ciertamente constituye uno de los mayores bochornos de esta administración, y ante ello resulta justificado que se haya hecho efectiva la responsabilidad política sobre la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (Frente Amplio), quien ayer debió dejar el gabinete. Aun cuando es señal de que La Moneda asumió el error cometido, y que ha buscado desactivar sus efectos con prontitud, ello no borra que detrás de esta forma de actuar aparece nuevamente el amateurismo, que ha sido una constante en este gobierno y que tantas malas pasadas le ha jugado.

La propiedad -que fue avaluada en más de $900 millones- pertenece a una serie de familiares del exmandatario, entre ellos la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende. Las respectivas investiduras era impedimento suficiente para llevar a cabo esta compraventa, ya que la Constitución es taxativa en cuanto que los ministros de Estado no pueden celebrar o caucionar contratos con el Estado, y ello también es una causal de cesación en el cargo para el caso de un parlamentario. Sin embargo, resulta inaudito que los equipos jurídicos del Ministerio de Bienes Nacionales no hayan advertido el grueso error jurídico que se estaba cometiendo. Tal es así que el contrato de compraventa que sellaba meses de negociaciones ya se encontraba firmado en una notaría, y el decreto que autorizaba la adquisición había sido aprobado por la Contraloría.

Solo una vez que trascendió públicamente esta operación y que a raíz de ello se produjo un enorme revuelo político -particularmente cuestionando el alto monto que estaba involucrado-, La Moneda decidió echar pie atrás, aunque previamente buscó atenuar lo sucedido amparándose en que era “una operación todavía en curso”, y luego defendiendo el actuar de la exministra de Bienes Nacionales, incluso hasta el lunes en la mañana. Además de no reparar en los aspectos jurídicos, llama la atención que tampoco en Palacio se hayan anticipado los potenciales efectos políticos de una operación en que aparece beneficiada una ministra, permitiendo que el problema terminara golpeando al propio Presidente de la República. Es evidente que este episodio, además de obligarlo a salir a dar incómodas explicaciones, eclipsó su histórico viaje al Polo Sur y los alcances geopolíticos de esta visita.

La gestión de gobierno resulta dañada cuando se trasluce que los equipos técnicos no son capaces de discernir adecuadamente lo que es posible de realizar jurídicamente, y también cuando hay escasa capacidad para anticipar los efectos políticos de las decisiones. Estas desprolijidades se han repetido en numerosas ocasiones, tal como por ejemplo quedó a la vista en la errática forma como La Moneda manejó el caso Monsalve, donde errores de la vocería, las versiones a medias o una improvisada conferencia de prensa del propio Mandatario solo lograron que el caso siguiera instalado en el corazón de La Moneda por semanas.

Cuando ya han transcurrido casi tres años de gobierno, las equivocaciones fruto de la improvisación y el apresuramiento son inexcusables, y claramente la promesa de que las cosas bajo esta administración se harían de manera distinta no ha ocurrido.