Los sacrificios que nos ha impuesto la pandemia han sido enormes. Dificultades económicas, incerteza laboral, imposibilidad de despedir a nuestros difuntos, entre muchos otros dramas. Nuestros hijos o nietos no han podido asistir a clases presenciales, provocándose un severo daño en su aprendizaje, diagnóstico unánime de los expertos. Como consecuencia de las restricciones a la movilidad se perdieron en todo el mundo millones de puestos de trabajo; en Chile, más de dos millones en el punto más alto de la crisis sanitaria.
Ello ha hecho necesario el apoyo fiscal de los distintos gobiernos, donde Chile ha entregado ayudas que, como porcentaje del PIB, son de las más altas del mundo. El apoyo fiscal, en estos casos, debe ser entendido como el pago de un seguro social frente a un siniestro. Lo que no debe olvidarse, sin embargo, es que dicho siniestro no ha persistido en el tiempo para todos por igual, ni ha golpeado a todos con la misma intensidad. De hecho, ya se ha recuperado la mitad de los puestos de trabajo perdidos, aunque con mayor proporción de empleos informales dentro del total.
En este contexto, la semana pasada se anunció la extensión del IFE universal hasta noviembre, para 16 millones de personas. Ello implica un costo fiscal adicional de US$ 6.400 millones. Si a lo anterior sumamos el IFE laboral hasta diciembre, por un valor de US$ 500 millones, y el apoyo para 200 mil microemprendedores a través del Fosis, los nuevos anuncios totalizan aproximadamente US$ 7.000 millones. El Fisco ha debido echar mano a múltiples recursos, incluyendo reasignaciones, activos del Tesoro Público y endeudamiento, entre muchos otros. De este modo, el gasto fiscal de este año pasaría a un 30% del PIB. El déficit fiscal, en tanto, se acercaría al 10%, y la deuda pública se estabilizaría a futuro en torno al 50% del PIB.
Por eso, muchos economistas han dado la voz de alerta pidiendo que las ayudas se reduzcan, para concentrarse solo en ese millón de personas que no ha recuperado el empleo, o complementando los porcentajes de ingresos de quienes hoy reciben un salario inferior al que tenían antes de la crisis sanitaria. Joseph Ramos, por ejemplo, planteó que de esa forma se podrían ahorrar dos tercios de los montos mensuales de ayuda, con los cuales se podrían construir el equivalente a 50.000 viviendas. Según el último estudio Longitudinal Empleo-Covid 19 de la Universidad Católica, a julio de 2021, un 20,1% de los hogares dice que sus ingresos totales han subido respecto de su situación previa a la pandemia, un 50,2%, que se han mantenido, y un 29,7%, que han bajado. ¿Tiene sentido, entonces, seguir entregando ayudas universales, o será mejor concentrarse en el tercio que sigue sufriendo las consecuencias más duras?
La extensión del IFE se agrega a múltiples esfuerzos ya desplegados por el Fisco. El FMI ha destacado a Chile entre los países que han entregado mayores recursos en ayudas en términos de porcentaje del PIB, lo que fue refrendado por Bloomberg al calificar a nuestro país como una de las economías “más generosas” entre las emergentes. Se ha brindado un apoyo fiscal que se traduce, también, en que Chile sea uno de los pocos países que va a tener un mayor déficit este año que el anterior, que fue el de mayor impacto de la crisis en la economía mundial.
Hay poca discusión de que una red de protección social robusta es pertinente en estos casos de pandemia, primero para cubrir necesidades básicas de los sectores más impactados, y en segundo lugar para estimular la actividad económica. Sin embargo, no hay que perder de vista que la mejor protección del trabajador es la competencia por demandar sus servicios. Resolver la ecuación de la forma correcta depende de nuestra capacidad de retornar pronto a la normalidad, tanto en restricciones de movilidad como en asistencia económica.
La honestidad del consenso democrático para acordar una justificada ayuda onerosa para las arcas fiscales, exige esa misma honestidad para reconocer su necesaria transitoriedad. En consecuencia, la voluntad política también debe coincidir en la parte difícil del ciclo que implica reducir o eliminar ayudas de esta magnitud que nos transformó en líderes mundiales en ayudas económicas Covid, al igual que nuestro exitoso programa de vacunas. Debido a nuestra larga experiencia en desastres naturales, los chilenos conocemos de sacrificios por el bien público y sabemos que las medidas excepcionales deben ser, por definición, transitorias. Ojalá que el consenso que hubo para crearlas no desaparezca cuando llegue el difícil, pero ineludible momento de ponerles fin.
