Iniciativa para introducir la negociación ramal

En su última cuenta pública, el Presidente de la República anunció el envío de un proyecto de ley para permitir la negociación colectiva de los trabajadores multinivel. En consonancia con ello, el Ministerio del Trabajo comunicó recientemente el inicio de los diálogos tripartitos entre trabajadores, empresarios y el gobierno, buscando repetir la experiencia de la iniciativa de 40 horas, que finalmente terminó en un acuerdo entre las partes.

Sin embargo, una parte importante de los gremios pymes así como la CPC decidieron restarse de la instancia, señalando que lo que se propone no es una buena política pública, puesto que tendrá un efecto negativo sobre el empleo y afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas, pues las grandes ya negocian colectivamente. Además, la CPC planteó que, dado que el proyecto de ley ingresará en octubre, no tiene demasiado sentido sentarse a dialogar respecto de una iniciativa que parece estar prácticamenta lista, reservándose para influir durante la tramitación parlamentaria.

La negociación colectiva ramal busca que empresas de una misma rama productiva puedan negociar colectivamente, ampliando el ámbito más allá de la negociación que cada empresa realiza con sus trabajadores y que está normada en nuestra legislación. Los defensores de esta nueva modalidad de negociación colectiva obligatoria por sector económico sugieren que, en una primera fase, cada sector establecerá las condiciones mínimas de trabajo. Posteriormente, en una segunda fase de negociación, cada empresa podrá mejorar o ajustar esos beneficios de acuerdo con las necesidades de sus trabajadores, tomando como base las condiciones previamente fijadas.

Pese a estos aparentes beneficios, hay una serie de aspectos que llevan a pensar que la negociación ramal podría ser especialmente problemática. Una negociación sectorial por rama productiva exigiría que empresas de distintos tamaños y características negocien un acuerdo conjunto con la agrupación de sindicatos del sector. Este enfoque podría dar lugar, tal como señala el Instituto Libertad y Desarrollo, a condiciones laborales que las empresas más grandes, con una mayor propensión a tener sindicatos, podrían cumplir, pero que previsiblemente serían inalcanzables para las pequeñas empresas o aquellas que tienen realidades financieras distintas, las cuales además tendrían una participación más limitada en estas negociaciones y en los potenciales beneficios.

Además, conforme ha explicado el economista David Bravo, al definirse pisos mínimos de remuneración para empresas que tienen distintas escalas, en la práctica se podrían producir mayores niveles de conflictividad, considerando que Chile tiene una tradición de negociación por empresa, lo que incluso ocurrió a comienzos de los años 70, cuando hubo algún tipo de negociación ramal.

La estructura productiva de la economía chilena es diversa y no necesariamente modelos de negociación de otras latitudes resultan aplicables. En momentos donde tenemos un mercado laboral que aún no se recupera del shock experimentado durante la pandemia, resulta indispensable no seguir rigidizando al mercado laboral, cuyos costos justamente los terminan pagando aquellos grupos que se quiere beneficiar, debilitando la capacidad de generación de nuevas oportunidades de empleo y de mejores condiciones laborales para los trabajadores.