La Moneda frente a la denuncia contra el Presidente

Cuando los efectos políticos del Caso Monsalve aún siguen golpeando a La Moneda, se suma un episodio que esta vez ha implicado directamente al Presidente de la República, quien ha sido objeto de una denuncia -radicada en la Fiscalía Regional de Magallanes-, donde una mujer acusa al Mandatario de haber divulgado imágenes privadas de ella. La acción penal se interpuso el 6 de septiembre, el gobierno supo de ella el día 9 de ese mes y la ciudadanía recién tuvo conocimiento el pasado lunes, cuando inesperadamente a altas horas de la noche el abogado personal del Mandatario emitió un comunicado donde se dio cuenta de dicha acción, manifestando la total inocencia del Presidente.

De acuerdo con la versión que han entregado los representantes del Mandatario, Gabriel Boric fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de la denunciante entre julio de 2013 y julio de 2014 -a quien conoció cuando ambos realizaron su práctica profesional-, sin que posteriormente hayan existido nuevos contactos. Los antecedentes que se han ido conociendo en estos días han puesto en entredicho la solvencia de la acusación, tanto por el tenor de sus correos electrónicos de hace una década, como por el hecho de que la mujer posee un nutrido prontuario policial.

Sin perjuicio de que la denuncia aparezca en este momento sustentada sobre bases débiles, lo que corresponde es dejar que el caso se resuelva íntegramente en la instancia judicial. Con todo, y cuando ya han transcurrido casi tres meses desde que se interpuso la denuncia, sería pertinente que la Fiscalía despeje lo antes posible si existe algún mérito para seguir adelante con la investigación o si debe ser definitivamente desechada, de modo de no prolongar más allá de lo necesario un asunto que, por afectar a la máxima autoridad del país, inevitablemente altera el quehacer del gobierno.

De modo que si bien la dimensión judicial debe seguir su propio camino, es inevitable preguntarse por qué un caso que según La Moneda es del todo infundado, nuevamente terminó enredando al gobierno y profundizando la tormenta política en que ya se encontraba por el desconcertante manejo que tuvo del Caso Monsalve. Ello resulta particularmente preocupante, porque nuevamente producto de la impericia -agravado por la falta de transparencia y utilización del aparataje mediático del gobierno para interferir en el proceso en favor del Mandatario- se está exponiendo a la Presidencia de la República y al gobierno en general a cuestionamientos que dañan gravemente su imagen ante la ciudadanía así como su credibilidad.

En ese orden de cosas, La Moneda no ha logrado entregar una explicación satisfactoria de por qué este caso se mantuvo oculto a la ciudadanía durante tanto tiempo, en circunstancias que el propio gobierno reconoció que supo prontamente de ella producto de “pesquisas” rutinarias. En vez de haberlo informado transparentemente en su debido momento, limitándose a reafirmar la inocencia del Mandatario y dejar el tema en manos de la justicia, en cambio se optó por revelarlo recién el 25 de noviembre, al día siguiente de la segunda vuelta para elegir gobernadores regionales.

Tal como reconoció la vocera de gobierno, ello se hizo así como parte de una estrategia jurídica, pues según se explicó ese día se cumplía un mes desde que los abogados del Presidente habían intentado tomar por segunda vez contacto con la Fiscalía de Magallanes, sin éxito. Lo cierto es que al actuar de esa forma tan subrepticia, lo único que se consiguió es alimentar la suspicacia de que primero se postergó su difusión a raíz del Caso Monsalve y luego para evitar un posible impacto electoral, lo que en cualquier caso echa por tierra la idea de que se buscó actuar transparentemente.

El diseño comunicacional contempló el martes 26 una conferencia de prensa por parte de la vocera de gobierno, donde la idea sería despejar las dudas y cerrar los posibles flancos. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, recordando lo que fue la inaudita conferencia de prensa del Mandatario semanas atrás, cuando por casi una hora se refirió de manera errática al Caso Monsalve, lo que le trajo enormes costos políticos. Desde luego, ya es revelador de la desprolijidad cuando la vocera habló de “pesquisas” llevadas a cabo por “equipos de la Presidencia”, algo que posteriormente el subsecretario del Interior tuvo que salir a rectificar, aclarando que se trataba de los abogados personales del Presidente. Pero además se abrió un flanco inesperado, pues la versión de cómo supo La Moneda no ha terminado de convencer del todo, ya que distintos abogados penalistas han señalado la imposibilidad de acceder a una causa reservada si es que no se es parte de la misma. No cabe descartar que ello haya sido posible por una falla del sistema informático de la Fiscalía -lo cual sería grave y exigiría hacer efectivas responsabilidades-, pero el hecho de que el propio Ministerio Público haya abierto una causa penal para determinar el origen de la filtración pone en aprietos al gobierno, escenario que no fue debidamente anticipado.

Pero lo que resulta particularmente complejo es que esta vocería se haya aprovechado para usar todo el poder comunicacional del Estado para desacreditar tanto la acusación como a la denunciante -la vocera hizo especial hincapié en que la acusación era falsa-, lo que evidentemente implica un claro desbalance en perjuicio de una de las partes. A diferencia de lo que ocurrió con el expresidente Sebastián Piñera en el caso Dominga, donde entonces era la Fiscalía la que lo confrontó, en este caso de momento es una persona natural la que aparece enfrentándose al Presidente, y más allá de las dudas que pueda merecer el mérito de la acusación, no es prudente que La Moneda actúe de esta forma tan desequilibrante. Tampoco lo es que aparezca usando su poder para “litigar por la prensa”, ejerciendo con ello una presión indebida sobre la Fiscalía. Son formas de actuar que, además de los complejos precedentes que van sentando, una vez más dejan en evidencia la falta de coherencia del gobierno con su predicamento de que no habrá privilegios.