Las cifras del programa de Daniel Jadue

Por Ramón López, economista del comando de Daniel Jadue

En el editorial titulado “Programa de Jadue: cifras que no cuadran” publicado el 25 de junio, se señala que “Al analizar la propuesta económica del candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, debe considerarse la difícil situación fiscal en que el próximo gobierno recibirá el país tras la pandemia”.

Sin embargo, Chile se encuentra en una situación fiscal privilegiada. En el marco de la pandemia, muchos países han tenido que recurrir a una fuerte alza de la deuda pública. Por ejemplo, Canadá entre el 2019 y el 2021 aumento 29 puntos del PIB su deuda pública, Australia y EEUU 25 puntos adicionales, España 23 puntos adicionales, Nueva Zelanda, Portugal 14 puntos adicionales. Por el contrario, Chile en el mismo período solo aumento su deuda en 5 puntos, una de las menores alzas de la deuda pública de un conjunto amplio de países desarrollados y en desarrollo. De todas maneras, proyectamos aumentos de la deuda publica en alrededor de 10 puntos del PIB en los 2 primeros años de gobierno, lo que implica una tasa de incremento muy inferior a la de los países nombrados.

Fuente: IMF (WEO abril 2021)

También se señala en el editorial que “Intentando hacer proyecciones realistas en cuanto al ajuste del gasto público que será posible llevar a cabo entre este año y el fin del próximo gobierno, se ha estimado que la deuda pública, que este año alcanzará al 36% del PIB, llegaría hacia 2025 al 62% del PIB”.

Para llegar a una deuda de 62% del PIB al 2025, tal como afirma este editorial, el futuro gobierno tendría que mantener tasas de crecimiento anuales del gasto público sobre el 10% cada año, lo que no tiene relación con la propuesta de gasto del Candidato Daniel Jadue.

Si bien es cierto, al primer año de gobierno se va a proponer una expansión del gasto público significativa, los siguientes años el crecimiento del gasto va a ir convergiendo a un crecimiento real del 3% anual al final del período, un porcentaje algo inferior al crecimiento proyectado del PIB (lo que sígnica que la tasa de deuda/PIB no seguirá creciendo. Esto nos situaría en el 2025 en niveles de deuda entre 48% PIB y 55% del PIB, de acuerdo con los distintos escenarios de recaudación. Estos niveles de deuda son totalmente adecuados de acuerdo, por ejemplo, a destacados especialistas como Ricardo French-Davis y Roberto Zahler.

De acuerdo con las cifras del FMI, Chile continuaría manteniendo en el 2025, niveles de deuda muy por debajo de la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo.

Gráfico Deuda Bruta esperada 2025 (% PIB)

Fuente: IMF (WEO abril 2021)

Se señala también que “Dado que la orientación del programa mina toda posibilidad de sostener el crecimiento, no se ve cómo será posible financiar la exuberante cantidad de gasto comprometida sin extremar peligrosamente el endeudamiento fiscal”.

Frente a esta afirmación debemos señalar que durante los últimos 20 años, nuestra productividad, clave para mantener tasas de crecimiento altas, ha ido cayendo sistemáticamente. Si durante la década de los noventa, la PTF creció en promedio 2% anual, en los 2000s creció sólo 0.35% anual y entre 2010 y 2019 cayó en promedio 0.8% anual.

Esto también se ha visto reflejado en las previsiones del PIB tendencial. Si en el 2010 se esperaba un PIB tendencial cercano al 5% anual, en la actualidad, el panel de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda, prevé un crecimiento tendencial cercano al 1,5% a 2% anual.

Sacar a la economía de esta inercia, requerirá de nuevas herramientas de política pública, privilegiando la inversión en el capital humano del país, así como en la inversión en Ciencia y Tecnología y bienes públicos. Una parte importante de la nueva recaudación tributaria va a ser invertida en ciencia y tecnología. El programa de gobierno contempla una gran la inversión en ciencia, tecnología e I+D llevando esta inversión a 1,5% del PIB, un nivel sin precedentes en Chile. También los nuevos recursos tributarios se invertirán en un fuerte aumento a la inversión pública, privilegiando polos de desarrollo con enfoque de Misiones, con el fin de poner al Estado al servicio de los nuevos emprendimientos productivos. Estos polos de desarrollo buscarán principalmente acelerar la transformación tecnológica verde, tan necesaria para avanzar hacia una economía sustentable y resiliente al cambio climático.

En resumen, cuando se busca evaluar el efecto en el crecimiento e inversión de aumentos tributarios es esencial evaluar no solo los efectos directos que pueden ser algo negativos, sino que también en que se va a hacer con esos mayores tributos. De otra manera la evaluación es parcial y equivocada.

Indica el editorial que “Las cifras pueden ser peores, y llevar al país a una crisis financiera severa, si se considera lo difícil que será revertir la tendencia a un peso creciente del Fisco, que este año llegará a 33% del PIB y que debería volver bajo 30% del PIB para materializar esas proyecciones, en circunstancias que la situación laboral y social seguirá crítica por un período prolongado”.

La ambición del programa de Jadue no tiene porqué significar insolvencia fiscal. Tanto el crecimiento del gasto público como el crecimiento de la deuda bruta convergen a valores cercanos a 3% al final del período de gobierno.

También señala que “Lo que resulta indispensable en estas circunstancias es austeridad, disciplina fiscal y vuelta rápida al crecimiento, mientras se mantienen apoyos sociales indispensables”.

En un contexto de pandemia volver a las lógicas de austeridad fiscal no es el camino que los países están tomando para superar esta crisis. EE.UU. por ejemplo, aprobó un paquete de rescate de la economía por 1.9 billones de dólares, financiado a través de deuda, y el presidente Biden está impulsando adicionalmente un plan de bienestar social por un costo total de 1.8 billones de dólares. Estos gastos adicionales se buscan financiar con mayores impuestos a los más ricos y también buscar disminuir de manera importante la evasión y la elusión. Algo similar pensamos que es el camino para Chile.

Sabemos que el crecimiento económico no es una buena medida del bienestar que pueden alcanzar los individuos, sobre todo en un país como Chile, donde los ingresos no se distribuyen por igual entre la población. Es por eso por lo que es necesario mejorar notablemente la distribución de ingresos en un país como Chile que se destaca por poseer uno de los peores niveles de desigualdad entre los países de ingreso medio y alto. El programa de Jadue tiene como gran prioridad lograr reducir esta vergonzosa desigualdad.

Señala además el editorial que “El planteamiento de Jadue es la antítesis de lo requerido, comprometiendo un gasto fiscal creciendo fuertemente en un contexto de reformas laborales y tributarias que previsiblemente van a acabar con el crecimiento”.

Los impactos de la pandemia COVID-19 han significado amplios procesos de empobrecimiento y de exacerbación de las desigualdades. Si bien las familias han estado viviendo de sus propios ahorros y de las ayudas entregadas por el Estado, su situación es más vulnerable.

La condición de pobreza y vulnerabilidad de una familia está relacionada a la carencia de activos (capital físico, capital humano, capital natural y capital social). Estos activos te permiten invertir para generar mayores ingresos y, por lo tanto, mayor riqueza y bienestar futuro. Cuando las políticas están orientadas a la reducción de la pobreza deben centrarse en construir una base de activos necesarios, que les permita a las familias más vulnerables aumentar su riqueza futura. Es por eso que se justifica plenamente las propuestas del programa de Daniel Jadue.

En nuestra propuesta, el crecimiento de los ingresos tributarios vendrá de la mano de un aumento en la proporción de la recaudación proveniente de los impuestos a la renta y al patrimonio, reduciendo la contribución relativa del IVA. Así, el principio recaudatorio será que las y los ciudadanos con mayores recursos, serán quienes incrementarán su contribución al bienestar general a través del pago de impuestos

Esta reforma tributaria busca tener una recaudación muy progresiva. Citando un estudio de Larraín y Cerda (2005) sus resultados muestran que un aumento de la tasa del impuesto corporativo reduce la inversión como fracción del stock de capital dependiendo del tamaño de la compañía. El impacto en pequeñas y medianas empresas es mayor y significativo, mientras que el impacto en empresas grandes el impacto no es significativo.

Adicionalmente, para fomentar la inversión no solo se necesitan impuestos bajos. El estallido social nos evidenció que si no avanzamos en dignidad no tendremos paz social y eso puede afectar aún más la inversión. Necesitamos poner en el centro de nuestra preocupación recuperar la paz social, y sobre todo, aumentar el capital social del país, sin el cual no es posible la confianza y el respeto en las instituciones. Sin capital social, también es difícil fomentar la inversión.

Afirma el editorial que “Según los responsables de su programa, el costo fiscal del sinnúmero de medidas que se están considerando alcanza a 11% del PIB, unos US$ 35 mil millones, o dos y media veces el costo del programa económico del actual gobierno”.

Esta cifra (que es inconsistente con el 11% del PIB, actualmente estimado en unos US $250.000 millones) está claramente exagerada; hemos estimado que el costo del programa será entre US $25.000 y US $28.000 millones. Sin embargo, estos costos estarán plenamente financiados con la mayor recaudación tributaria y un moderado aumento de la deuda pública.

“Se promete apoyo fiscal para eliminar cotizaciones para salud y así aumentar salarios líquidos, para hacer sostenible un salario mínimo de $567 mil, mejorar en 53% las pensiones para los jubilados y más de 100% en el caso de las mujeres; para remunerar el trabajo de dueñas de casa con 75% del salario mínimo, para aumentar la inversión pública en US$ 5 mil millones, para extender la gratuidad en educación superior y para ir condonando el CAE. Todo esto agregado a la creación y financiamiento de una miríada de instituciones para la gestión colectiva de muchas iniciativas y áreas temáticas que buscan sustituir intercambios en el mercado.

No es plausible desarrollar este programa sin extremar el endeudamiento fiscal. La reforma tributaria que se considera es por de pronto extremadamente intensa. Entre otros aspectos, busca desintegrar impuestos corporativos y a las personas, además de subir la tributación de contribuyentes con ingresos sobre $4.600.000 por mes; un impuesto al patrimonio permanente; aumentar las contribuciones sobre bienes raíces; eliminar el espacio de hasta UF 8.000 por persona para ganancia de capital libre de impuestos en bienes raíces; subir el impuesto al petróleo diésel; eliminar todas las exenciones tributarias que han estado en la discusión reciente, incluyendo a ganancias de capital, construcción, DFL2, renta presunta, etc., y una mayor tributación a la minería y recursos naturales”.

La cuestión de la situación actual y futura de la deuda publica ya la consideramos en los párrafos anteriores. Una importante corrección del programa plantea actualmente que la mayor tributación afectará a contribuyentes con ingresos superiores a $10 millones mensuales, no $4.600.000. Muchas de las medidas apuntan a reducir drásticamente la elusión y exenciones tributarias (gravar los ingresos por ganancias de capital, subir impuestos al diésel, eliminar otras exenciones tributarias, y otras), un problema que ha sido transversalmente reconocido como prioritario por economistas de diversas tendencias. Además, la eliminación de las cotizaciones para la salud se va a hacer de manera gradual y no completamente durante el periodo de gobierno de Jadue y el pago por trabajo no remunerado será solo para el 40% de menores ingresos.

“Con todo ello, solo cabe esperar que, a corto andar, afecte la actividad económica y por ende la recaudación. A estas reformas tributarias se suman medidas para avanzar hacia un sistema en que todo parámetro económico relevante es determinado en instancias centrales o colectivas sin mayor referencia a productividad”.

En el pasado, la falta de financiamiento por parte del Estado, fue la razón de que no se avanzara en mayor productividad. Basta ver los múltiples planes que se elaboraron desde el gobierno central y no lograron ser implementados por la falta de financiamiento. De igual modo, se ha dejado de lado el objetivo de descentralizar al país, dando más autonomía a los territorios y dotándolos con recursos para que puedan impulsar sus planes de desarrollo local, con especial énfasis en tomar medidas preventivas para adaptarse de mejor manera al cambio climático. El programa de Daniel Jadue tendrá esos objetivos como focos prioritarios: descentralización y el combate y la adaptación al cambio climático.