Las reglas del juego

A muchos indignan los permisos falsos o mal usados, las fiestas durante el toque de queda, las idas a la playa y los quebrantamientos de las cuarentenas. Y con razón. Es como si cada uno pudiese elegir qué leyes cumplir y cuándo. Los problemas de esto son evidentes.

Esa actitud frente a las leyes, como la del consumidor al elegir un producto, no es, sin embargo, patrimonio exclusivo de la calle. Nuestras autoridades han demostrado durante el último tiempo que, en casos que ellos mismos califican con criterios sacados del sombrero, se pueden evadir ciertas reglas, incluyendo la Constitución. Así, hay jueces que no se ciñen estrictamente a sus competencias y parlamentarios que hacen oídos sordos a las reglas procesales y constitucionales que los rigen. La polémica ante la inconstitucionalidad del proyecto de postnatal de emergencia ilustra lo anterior. Desde luego, puede haber casos en que es discutible si se cruzó o no el límite legal, pero durante el último tiempo hemos escuchado autoridades diciendo explícitamente que hay que olvidarse de la Carta Fundamental. La senadora Adriana Muñoz, por ejemplo, prefiere “cometer un sacrilegio con la Constitución” para atender demandas urgentes que cumplirla al pie de la letra; Iván Flores, en el mismo sentido, afirmó que pueden impulsarse proyectos que pueden ser inconstitucionales a fin de resolver determinados asuntos. Otros, desde partidos en formación, han hablado del “cadáver de constitución”.

¿No juraron nuestros parlamentarios respetar la Constitución? Se dirá a esto que en momentos de crisis es necesario saltarse ciertas reglas. Las circunstancias lo ameritarían. Detrás de esto, sin embargo, subyace una idea errónea, y peligrosa, del ejercicio del poder.

Diputados y senadores (y toda autoridad política, en general) tienen discreción para ejercer sus competencias y facultades, pero no están autorizados para ejercerlas con arbitrariedad. Para evitar abusos, el poder debe ejercerse según ciertas reglas. La ciudadanía no puede quedar al alero de autoridades que tienen la última palabra sobre lo que pueden o no hacer, pues en ese caso nada garantiza que efectivamente respetarán los derechos y libertades básicas de las personas. Si es que el ejercicio del poder no se regula, la ciudadanía queda expuesta a los deseos e intereses de quienes gobiernan. Bien pueden ser estos muy nobles, pero ¿cómo asegurarse?

Ahora, para que las normas puedan efectivamente conducir el ejercicio del poder se requiere aceptar que disponen algo de manera definitiva y concluyente (que son autoritativas). Dicho de otro modo, no pueden estar constantemente bajo el escrutinio de aquellos a quienes se aplican; de lo contrario, se vuelven ineficaces. Esto no significa negar cambios y reformas (es bueno que las reglas se adapten a las nuevas necesidades), sino que obedecerlas no depende del deseo de quien está regido por ellas.

Pero nada de esto parece importarles a quienes quieren, sin respeto alguno a las reglas que nos hemos dado como sociedad, implementar un parlamentarismo de facto, evitar que el Presidente ejerza las facultades que la misma Constitución le concede, negar el texto expreso de la ley vigente mediante sentencias judiciales y, en general, ir más allá de sus atribuciones (¿obró María Luisa Brahm dentro de ellas con su última declaración?).

Ya hemos visto en el pasado las consecuencias del quebrantamiento del orden legal. Las prácticas actuales minan no solo el orden vigente, sino cualquiera que queramos darnos en el futuro. Si es que las reglas pueden evadirse hoy, ¿por qué no mañana? Así es que, aquellos que quieran participar deben someterse a las reglas del juego: a nadie conviene, menos en circunstancias límites como estas, horadar las bases del Estado de Derecho.