SEÑOR DIRECTOR:
El pasado 08 de enero, el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto minero Dominga, prolongando una incertidumbre que expone las graves carencias de nuestra legislación en materia de permisos. El nuevo rechazo se suma a una larga historia de trámites y decisiones contradictorias que se extiende por más de 10 años. Durante este tiempo, entidades como el Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, la Corte Suprema y el mencionado Comité de Ministros han participado sin lograr un dictamen claro y definitivo.
Estamos frente a un sistema que no logra emitir decisiones concluyentes, atrapando los proyectos en un ciclo interminable de avances y retrocesos. Esto no solo afecta a la sociedad en general, sino que deteriora la credibilidad del país y desalienta inversiones. Además, las comunidades directamente impactadas por estos proyectos quedan desamparadas, sin claridad respecto a los beneficios o perjuicios que enfrentan. Decisiones que deberían basarse en criterios técnicos y análisis rigurosos con frecuencia están sujetas a influencias políticas. Esta politización creó un sistema donde las respuestas finales quedan relegadas, perpetuando la incertidumbre y debilitando la confianza en las instituciones.
Es urgente reformar el sistema de permisos, para dotarlo de claridad y consistencia. Necesitamos espacios técnicos que aporten soluciones y desvinculen intereses políticos. Sin un marco regulatorio eficiente, los conflictos entre desarrollo y conservación ambiental continuarán perjudicando a las comunidades, al medio ambiente y al desarrollo sostenible de Chile.
Gabriel Pino
Director Doctorado en Ciencias de la Administración, UDP
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