Los riesgos de la reforma judicial de México

La semana pasada, la Cámara de Diputados de México aprobó la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que busca entre otras cosas elegir por voto popular a todos los jueces del país, desde los de primera instancia hasta los titulares de la Corte Suprema. Estos últimos, además, se reducen de 11 a nueve y se limita su mandato a un máximo de 12 años. De aprobarse la propuesta en el Senado, ese país se convertiría en el primero donde los magistrados de todos los niveles de su sistema judicial sean elegidos por voto popular.

En la actualidad solo existen tres países donde algunos de sus jueces son elegidos en las urnas: Estados Unidos, Suiza y Bolivia. En el primer caso, sin embargo, esto se da solo en ciertos estados y los candidatos pasan primero por el filtro de una comisión judicial. Se trata, además, únicamente de jueces locales. Algo similar sucede en Suiza, en algunos cantones de la confederación. Por último, en Bolivia -donde la reforma empezó a regir en 2011 y también despertó serios cuestionamientos-, son solo los miembros de las altas cortes los que son elegidos por voto popular.

Ante las críticas por los riesgos de politización del sistema judicial y la amenaza a la indispensable separación de poderes que debe existir en todo sistema democrático, el actual mandatario mexicano y su sucesora han insistido que a través de la elección creará un sistema más justo e independiente que el actual. Una afirmación arriesgada y que despierta dudas, no solo por el evidente riesgo de politizar las campañas para la elección de jueces, limitando y no protegiendo la independencia judicial, sino también por la posible cooptación de los candidatos por organizaciones criminales.

Someter a los miembros del sistema judicial a la lógica del voto, donde prima muchas veces la popularidad de las propuestas en la ciudadanía más que su real eficacia y seriedad plantea riesgos reales de comprometer el buen funcionamiento de un poder judicial independiente. Como señaló la Asociación Internacional de Abogados, “la independencia del poder judicial es la piedra angular del Estado de Derecho, que es el que garantiza la protección de derechos fundamentales y el buen funcionamiento democrático”. Por ello, los países deben velar por proteger esos principios.

La confianza en los sistemas judiciales se ha debilitado en prácticamente todos los países de la región. En Chile, la situación es especialmente preocupante. Un reciente sondeo de Cadem mostró que un 82% de los consultados no le genera confianza y solo un 10% evalúa positivamente el Poder Judicial. Un resultado que se repite en diversos estudios de opinión. La última encuesta CEP, por ejemplo, lo ubicó entre las instituciones del Estado con peores niveles de confianza. Apenas un 15% dice confiar en los tribunales y solo un 14% en el Ministerio Público.

Pero frente a lo anterior, impulsar la elección de los jueces, como está haciendo México, no es el camino, porque con ello previsiblemente se terminará minando aún más la necesaria certidumbre y autonomía que requiere todo sistema judicial. Se necesitan en cambio reformas que aseguren la independencia y la imparcialidad de los procesos, limitando la discrecionalidad de los magistrados. La recuperación de la confianza no pasa por someter al Poder Judicial a la lógica electoral, sino por mejorar la transparencia en los nombramientos y garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia.