Pandemia razonable

Para que las personas cumplamos las reglas no basta el temor a la sanción. Esa idea de ciertos juristas –pensar que los seres humanos actuamos movidos por el miedo– es simplemente reduccionista, pues no ve en las personas seres racionales capaces de comprender el sentido de las normas y acatarlas por razones más elevadas que el mero temor al castigo. Esa visión es incapaz de ver que el ser humano puede cumplir con la ley para colaborar con el bien de todos, sin perjuicio de que la sanción sea necesaria e indispensable en muchos casos (no somos ángeles).

Por otro lado, si efectivamente sólo se obedeciera por evitar la pena, bastaría con encontrar el modo de eludirla para que ella se vuelva irrelevante al ordenar nuestro comportamiento. Si es que el temor al castigo no es determinante para que obedezcamos lo que se nos ordena, ¿qué otros elementos entran en juego? En gran medida las personas adecuamos nuestro comportamiento a la ley porque reconocemos en ella cierta racionalidad. En otras palabras, porque ella nos hace sentido, porque comprendemos que obedece a ciertas razones entendibles. De ahí que sea relevante que las leyes y las normas en general respondan a cierta lógica que sea más o menos fácil de identificar por los ciudadanos.

Comprender esto es especialmente relevante en medio de una pandemia que no parece dar tregua. Las multas por no respetar los toques de quedas, aforos y reglas sanitarias son altísimas y las sanciones gravosas, pero ellas no han logrado impedir los traslados entre regiones, las fiestas clandestinas y otras conductas de ese tipo. A las sanciones, se suma la posibilidad terrible de la funa y el a veces apresurado castigo social no solo a través de redes sociales, sino también de los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, los chilenos parecen no acusar recibo de la importancia de cumplir las reglas sanitarias.

¿Cómo explicar eso? Desde luego, hay muchos elementos que influyen en este cuadro. Por lo pronto, los motivos socioeconómicos (las comunas más acomodadas han respetado más las cuarentenas que las con menores recursos) y la imposibilidad de realizar ciertos trabajos desde la casa hacen más difícil que baje el nivel de circulación de la gente. Asimismo, la falta de fiscalización y la baja posibilidad de “ser pillado” evidentemente contribuyen. También afecta el individualismo imperante en nuestra sociedad: lo que yo hago no tiene por qué afectar al resto, nadie me puede coartar mi libertad, si yo no me cuido es problema mío. Sin embargo, sin un mínimo de conciencia de que vivimos en comunidad es imposible respetar leyes que tan claramente dan cuenta de esa vida en común. Sumado a eso, la dificultad para notar que estamos en un momento excepcional y que hay medidas drásticas que responden a las necesidades del presente impide que se cumplan de buena gana las distintas normas.

Hay, sin embargo, un elemento adicional: una creciente percepción de que las medidas no se sostienen en una justificación que parezca razonable para todos. Como decíamos antes, muchas veces parecen no hacer sentido. Y si los ciudadanos no perciben cierta lógica, difícilmente cumplirán lo que se les ordena.

El esfuerzo por superar esto último no pasa sólo por explicar mejor desde el punto de vista político las medidas concretas, sino por hacer de ellas un todo coherente. Un primer paso es dar a conocer las medidas sanitarias con suficiente antelación y claridad, evitando los equívocos y decisiones sobre la marcha. Por ejemplo, si Navidad, las vacaciones de verano, Semana Santa, el 18 de septiembre y otras fechas similares ocurren todos los años en la misma época (¡vaya misterio!), el gobierno podría actuar con algo más de anticipación y presentar un plan claro desde el inicio, para que las personas puedan efectivamente cumplir lo que se les ordena (¿o acaso las reglas para las fiestas de fin de año eran fáciles de comprender?).

Un segundo paso es tomar medidas que no parezcan un intento desesperado por dar señales meramente comunicacionales, en vez de una manera justificada de evitar contagios. Por ejemplo, todavía nadie se explica (satisfactoriamente) por qué hasta el 15 de abril se podían comprar cervezas, pero no calcetines. Tampoco parece haber una explicación razonable a la diferencia entre el aforo para matrimonios civiles o AUC y aquel para los matrimonios religiosos. Ni siquiera es entendible que el aforo en lugares de culto no considere los metros cuadrados del lugar, en circunstancias en que para todos es evidente que una catedral es distinta a una capilla pequeña.

Por último, el gobierno podría considerar los distintos escenarios en los que se encuentra la gente, y tomar medidas que respondan a las complejas necesidades de los ciudadanos. Es distinta la cuarentena de dos personas adultas a una con tres niños pequeños en un departamento. Los niños tienen necesidades especiales y es su desarrollo el que está en juego. Sin embargo, hay permisos para pasear mascotas (de toda lógica, por lo demás) pero no para salir a jugar con niños. Algo similar pasa con el nuevo horario para el deporte: sigue sin servir para los niños que deben conectarse a sus clases (¿o acaso creemos que es bueno que un niño o niña de siete años salga a caminar a las cinco de la mañana?). Todas estas inconsistencias, sumadas a algunas faltas de criterio al fiscalizar, hacen más difíciles que los ciudadanos cumplan con la ley, pues ellas simplemente carecen de fundamento.

Sin mínimos de coherencia, lógica y justificación, las medidas sanitarias serán ininteligibles para las personas y, por lo tanto, nunca podrán ser percibidas como criterios de conducta. Si esos defectos e inconsistencias no se corrigen, difícilmente se obedecerá la ley de buena gana. En ningún caso esto implica eximir de responsabilidad a quienes infringen la normativa sanitaria. El punto es buscar la manera de hacer más llevadera la pandemia para todos. De lo contrario, nadie gana.