Pensiones: La política debe ser capaz de alcanzar una solución
El sistema político no puede permitirse un nuevo fracaso y debe resolver ahora el tema de las bajas pensiones. Sin margen para mayores aportes fiscales o alzas de impuestos, la fórmula de un préstamo de los propios cotizantes aparece dentro de las opciones posibles.
Durante la última semana, el debate sobre las pensiones ha vuelto a polarizarse en el ámbito político, especialmente entre los representantes de la derecha. El presidente de la UDI afirmó que considera justo compensar a las mujeres por su mayor esperanza de vida mediante una fracción de la cotización adicional que propone la reforma, lo que desató una rápida respuesta desde el Partido Republicano, que acusó a Chile Vamos de ceder al oficialismo parte de la cotización que le pertenece a los trabajadores.
Pese a que desde el gobierno se ha insistido en que “nunca hemos estado tan cerca” de alcanzar un acuerdo político en pensiones, esta controversia reabrió la interrogante de si ello finalmente será posible, considerando además que dentro del propio oficialismo también hay sectores disconformes, que siguen promoviendo la idea de que parte importante de la cotización adicional se destine a solidaridad. De no prosperar un consenso, sería un tercer fracaso político en el intento de mejorar las pensiones -ciertamente una de las demandas más sentidas de la población- y perfeccionar una serie de aspectos de la industria previsional, particularmente en bajar el costo de administración de los fondos.
En el último tiempo una serie de centros de estudios, así como los propios partidos políticos, han formulado una serie de propuestas para mejorar las actuales y futuras pensiones. Más allá de concordar en el objetivo final, entre unas y otras se observan diferencias importantes, pues algunas enfatizan que la cotización adicional se destine íntegramente a la cuenta individual -poniendo acento en impuestos generales-, mientras que otras resaltan la importancia de la solidaridad intergeneracional, o derechamente ir hacia un sistema de reparto.
Por su parte, en el Congreso avanza una reforma que intenta aunar consensos entre sectores del oficialismo y la oposición. Esta, en su segundo trámite constitucional, se encuentra radicada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta. Allí se han logrado acuerdos en ocho áreas clave, entre las cuales destacan la implementación de un seguro para cubrir lagunas previsionales, la mejora en la cobranza de cotizaciones, la ampliación de alternativas de inversión para aumentar la rentabilidad de los ahorros previsionales y el aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil. A pesar de estos avances, todavía no se ha logrado alcanzar consenso en los temas más complejos de esta reforma: el aumento de los seis puntos de cotización y su distribución, así como en los cambios relativos a la organización de la industria.
El dilema de cómo financiar el aumento de las pensiones tanto para los jubilados actuales como para quienes están próximos a retirarse -donde las lagunas previsionales y la informalidad laboral son factores que han incidido críticamente en bajas tasas de reemplazo- se enfrenta con la realidad de nuestra evidente estrechez fiscal, donde gastos cada vez más abultados del Estado en un contexto de menores ingresos producto de la falta de crecimiento económico dejan escaso margen para mayores aportes fiscales que no sea la PGU, que en conjunto con el sistema de pensiones solidarias ya representan más del 2% del PIB por año.
A su vez, el aumento de impuestos para cubrir los recursos que se requieren no parece por ahora una alternativa demasiado viable, dado el debilitado estado de nuestra economía y el bajo respaldo político. Por ello, desde la oposición surgió la propuesta de un préstamo como solución -lo que fue acogido por el gobierno-, donde los cotizantes actuales prestan un porcentaje de su cotización para financiar el beneficio, todo ello acotándolo a un horizonte máximo de 20 años para asegurar su sostenibilidad. Quienes impulsan esta fórmula han explicado que en la medida que se trate de un instrumento con garantía del Estado a una tasa de interés de mercado, no constituiría reparto, siendo equivalente a invertir en un bono del Estado.
El costo de no avanzar en la reforma previsional es alto. Desde luego, seguir retrasando una salida profundizará el sentimiento de desapego de la ciudadanía hacia nuestro sistema político -el 89% estima que es muy o bastante importante que el actual Congreso alcance un acuerdo, según una reciente encuesta de Ipsos, Espacio Público, OIT y PNUD. Pero el no introducir pronto un aumento en la tasa de cotización tendrá también un fuerte impacto para el Fisco. Algunas estimaciones indican que cada punto de cotización adicional que se postergue implicará en horizontes de una década dejar de recibir más de US$ 12 mil millones de ahorro previsional, lo que a la larga deberá ser asumido por el Fisco, aumentando aún más la deuda pública.
La política no puede seguir eludiendo su responsabilidad de entregar una solución al tema previsional, especialmente después de ocho años de intentos fallidos por aumentar el ahorro para pensiones. En ese orden de cosas, hay sectores que deberían explicar cómo pretenden mejorar las pensiones si a su vez se oponen a subir los impuestos, tomando en cuenta que un mayor endeudamiento del Estado se ve muy complejo. Parece haber una inconsistencia cuando dicho objetivo se pretende alcanzar pero sin recurrir a parte de los recursos de los cotizantes, en circunstancias que en el contexto actual parece no advertirse otro tipo de financiamiento posible que no sea un préstamo transitorio entre los mismos cotizantes. Una fórmula como esta ciertamente no está exenta de riesgos y desde luego podría alimentar el apetito por avanzar en esquemas insostenibles, pero entonces sigue en pie la interrogante de cómo resolver hoy nuestras bajas jubilaciones. Si republicanos, el Frente Amplio o el Partido Comunista cuentan con una alternativa distinta que sea técnica y políticamente viable para mejorar las pensiones de forma inmediata, este es el momento de presentarla.
Sea el préstamo solidario, o cualquier otra fórmula que política y técnicamente se estime viable, el sistema político tiene el deber de ser capaz de ofrecer soluciones a la ciudadanía ahora.
