Política de integración para la población migrante

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Por Ingrid Díaz, Directora de Derecho, sede Santiago de la Universidad Autónoma

Migration Policy Group y Barcelona Centre for Interntional Affairs han lanzado en su sitio web (http://www.mipex.eu/) los resultados del estudio sobre índice de políticas de integración para la población migrante 2020 -estudio comparativo de normativas y políticas de migración en 52 Estados-, incluyendo por primera vez en la medición a cuatro estados americanos: Argentina, Brasil, Chile y México. El índice se ha diseñado en base al análisis de 8 áreas: mercado del trabajo, reunificación familiar, residencia definitiva, participación política, acceso a la nacionalidad, normas antidiscriminación, educación y salud.

Chile con 53 puntos se sitúa en la posición 22°, y si bien, en ciertas áreas supera los 70 puntos (salud, residencia permanente, normas antidiscriminación), bajo 50 quedan las áreas de educación, mercado del trabajo, participación política y reunificación familiar. Esto permite clasificarlo dentro de la categoría de “Igualdad en el papel”, esto es que los inmigrantes disfrutan de los mismos derechos y seguridad a largo plazo, pero no de las mismas oportunidades.

El 3 de diciembre culminó su tramitación en el Congreso la nueva Ley de Migraciones, la cual incorpora ciertos avances en algunas áreas que harían mejorar el índice global de 53 a 58, igualándonos a Argentina, Italia y Alemania.

Los cambios más significativos se producirían respecto a las posibilidades de acceder al mercado de trabajo, pues se modifica el Estatuto Administrativo que permite el acceso de un extranjero con un permiso de residencia -temporal o definitivo- al sector público; y, además, permite a los dependientes (familiares de una persona que tiene un permiso de residencia ya otorgado) realizar actividades remuneradas. También, destaca el área de acceso a la nacionalidad, pues se crea una figura de nacionalización calificada, la cual permite acceder en menor tiempo, bajando la exigencia de 5 a 2 años de residencia, desde que se obtiene el permiso.

Además, mejoran levemente las áreas de residencia definitiva y de reunificación familiar, ya que la revocación tácita del permiso de residencia definitiva opera tras dos años de ausencia en el país de forma ininterrumpida, actualmente se producía al año de ausencia, y se incluiría a los abuelos en la posibilidad de solicitar reunificación familiar. Hoy respecto de los ascendientes se restringía solo a los padres.

Finalmente, permanecerán con baja puntuación las esferas de participación política y educación, pues es necesario avanzar en la creación de mecanismos de participación política que incluya la opinión de los migrantes no solo a través del ejercicio del derecho a voto; y, en crear programas específicos que aborden la situación educativa de los grupos migrantes, así también como formas de incorporación de migrantes en el mercado laboral docente.

Con todo, para avanzar en inclusión es necesario mejorar en difusión, capacitación y coordinación, y así construir una verdadera cultura antidiscriminación y una efectiva protección en la práctica de los derechos de las personas migrantes. Una planificación real de la gestión migratoria posibilita el encuentro de los migrantes con las fuentes laborales y los acompaña en su inclusión social y empoderamiento para ser autovalentes en vez de una carga social.