Preocupante deterioro en libertad económica

Los resultados del último ranking sobre Libertad Económica, elaborado por el Fraser Institute -donde se mide el desempeño de 165 economías- no ha traído buenos resultados para Chile. La medición -con datos del 2022- arroja un retroceso en tres de los cinco atributos que mide el ranking, lo que se tradujo en una baja de seis puestos respecto de 2023, para ubicarse en el lugar 39. Nuestro país ya no es el líder de la región en este ámbito, superado por Panamá y Costa Rica. Con todo, lo que resulta más preocupante son las razones que especialmente han incidido en esta caída, entre las que se cuentan las crecientes dificultades para controlar la delincuencia, así como la maraña burocrática para poder llevar a cabo inversiones.

El país logró mejorar en la variable “tamaño de gobierno”, explicado por la moderación del gasto fiscal en 2022 como porcentaje del PIB, considerando que el año anterior fue especialmente intenso en ayudas sociales. Pero al analizar las áreas más complejas, se observa que en “estructura legal y seguridad de la propiedad privada” Chile cae del lugar 31 al 33, algo que de acuerdo con el Instituto Libertad y Desarrollo -asociado con el Fraser para los efectos de la elaboración del ranking- se asocia a la percepción de que la policía tiene decreciente capacidad para enfrentar a la delincuencia, lo que afecta sustancialmente el ambiente de negocios.

Por su parte, en lo concerniente a “regulación crediticia, laboral y de los negocios”, el país registra el mayor retroceso tanto en puntaje como en ranking, lo que de acuerdo con LyD es atribuido a la frondosa burocracia y demoras para lograr la aprobación de nuevos proyectos de inversión.

Los resultados del estudio constituyen un potente llamado de atención al país, porque ilustran con claridad el impacto que tiene para la economía el deterioro de variables tan relevantes como éstas. De particular preocupación resulta la alerta que se ha encendido en materia de inseguridad; aunque es evidente que este asunto se ha convertido en la mayor preocupación de los chilenos por sus dramáticos efectos en la vida diaria de las personas, no siempre se tiene la percepción de que ello también puede llegar a tener importantes implicancias en el entorno económico de un país.

Aunque la crisis de inseguridad que vive Chile no alcanza por ahora las dimensiones que afectan a otros países de la región, es claro que en la medida que el crimen organizado va ganando terreno -cooptando funcionarios de instituciones, controlando territorios o practicando delitos extorsivos- se cierne una amenaza creciente para la inversión. La inseguridad ya había sido relevada en el último ranking elaborado por The Economist Intelligence Unit sobre condiciones para hacer negocios, donde nuestro país, si bien sigue liderando en la región, cayó ocho puntos por una serie de factores desfavorables.

Además de una robusta agenda en materia de seguridad, es indispensable avanzar en un plan para la reactivación de las inversiones, donde resulta decisivo ir removiendo la permisología. Son tareas que no sólo debe asumir el gobierno, sino el sistema político en su conjunto.