Propuesta de “reparación” a docentes
Sin que exista obligación del Estado, ésta podría ser una oportunidad para zanjar definitivamente esta antigua reivindicación, en la medida que el gremio docente se comprometa a no hacer reclamaciones futuras.
El gobierno concretó su propuesta de “reparación” para los profesores en el marco de la llamada “deuda histórica”, cumpliendo con una de las promesas de campaña. El Ministerio de Educación propone el pago, en dos cuotas, de $4,5 millones a un número aproximado de 58 mil personas -lo que implicaría recursos por unos US$ 275 millones-, que serán divididos en seis grupos comenzando por el que reúne a los de mayor edad.
La recepción por parte del gremio docente ha sido más bien distante -se esperaba que el bono fuese superior a los $5 millones-, pero la decisión de aceptar o no la propuesta quedará entregada a una consulta en línea que se realizará entre los potenciales beneficiarios durante la próxima semana.
El tema de la “deuda histórica” ha sido una materia que viene planteándose desde hace décadas, cuyo origen data desde los años 80, pues un grupo de profesores alega haber sido perjudicado al pasar de la administración central a la municipal en el proceso de descentralización de la educación, perdiendo parte de una asignación especial que contempló la ley que creó el sistema. A partir de la década de los 90 se inició una serie de litigios judiciales y administrativos para exigir el pago. Algunas sentencias han reconocido a los demandantes el monto adeudado, no así en otros, en tanto que la Contraloría ha determinado que dicha deuda podría reclamarse hasta 1982.
En 2021 la Corte Interamericana de DD.HH. le dio la razón a 846 profesores, pero lo que fundamentalmente hizo este fallo fue reconocer que dichos docentes habían logrado sentencias favorables en tribunales chilenos, que por distintas razones se habían dejado de cumplir. Decidor es que ningún gobierno -a excepción del actual- ha reconocido la existencia de esta “deuda histórica”.
A la luz de estos antecedentes resulta evidente que no es posible dar por hecho que existe dicha deuda, mucho menos en los términos que algunas voces han pretendido, donde incluso se ha llegado a hablar de hasta 100 mil profesores afectados, y una deuda que bajo algunas simulaciones podría llegar a US$ 17 mil millones. También se ha hecho ver -con toda razón- que las arcas fiscales no están en pie para absorber gastos de gran envergadura. Con todo, es un hecho que esta reivindicación se ha mantenido en pie durante mucho tiempo, y ante la expectativa de seguir indefinidamente sumidos en esta controversia, la propuesta del gobierno -que resulta acotada considerando los exorbitantes montos que se han reclamado- podría entregar una chance de cerrar definitivamente este capítulo.
Un esfuerzo fiscal sólo podría tener sentido en la medida que el profesorado se comprometa a que ésta sería una solución definitiva, sin reclamaciones futuras, en el entendido de que si bien sus expectativas podrían haber sido mucho mayores, el país no está en condiciones de seguir comprometiendo más gastos y que los recursos se deben priorizar en la educación temprana, sin perjuicio de que cabe tener presente que de aceptarse la propuesta ello deberá traducirse en un proyecto de ley, por lo que todo quedará condicionado a lo que finalmente resuelva el Congreso.
Si la propuesta del gobierno termina siendo rechazada, es difícil pensar que una oferta de compensación se pueda mejorar a futuro, por lo que el tema debería ser archivado, de modo de no seguir generando expectativas que no se podrán cumplir.
