Reactivación económica: la gran tarea pendiente

“Muy decepcionante”. Ese es el calificativo que usó el ministro de Hacienda para referirse al dato de actividad económica de septiembre, que anotó una variación nula, muy por debajo de todas las expectativas, lo que terminó de echar por tierra las proyecciones del secretario de Estado en orden a crecer 2,6% el 2024.

Después de cinco años de las manifestaciones sociales y hechos de violencia ocurridos a partir de octubre de 2019, Chile no ha logrado recuperar el atractivo suficiente para poder reimpulsar el dinamismo de la inversión que permita retomar un mayor crecimiento. El mercado ahora espera una expansión para 2024 entre 2% y 2,4%, no muy distinto al desempeño de la economía chilena de la última década (1,9%) y a la estimación del Banco Central para la siguiente (1,8%). Es decir, de no cambiar las condiciones locales y los incentivos para la inversión y la generación de nuevos empleos, seguiremos viendo tasas de expansión decepcionantes y nos quedaremos expuestos a otra década de letargo económico, con todo lo que ello implica en materia de empleo, menores ingresos fiscales y pérdida de bienestar para la sociedad. A la luz de ello no resulta exagerado sostener que una robusta agenda procrecimiento debería ser un objetivo central en lo que resta de este mandato, pero hay dudas de que ello se haya internalizado con la profundidad requerida.

El crecimiento no figuraba en los ejes del programa de gobierno; sin embargo, el año pasado el Presidente Boric lanzó el “gabinete de crecimiento económico” -integrado por una serie de ministros sectoriales, además de ser presidido por él mismo-, con el claro propósito de reactivar la inversión, y en mayo de este año se lanzó la iniciativa fast track de 21 proyectos de ley. Se trata de un misceláneo de iniciativas que, si bien algunas se han materializado, como el proyecto de cumplimiento tributario, los cambios a la ley de urbanismo y construcción y de responsabilidad fiscal, las iniciativas que se hacen cargo de forma directa de la principal dificultad que enfrentamos hacia adelante, que es justamente reactivar la inversión, siguen siendo insuficientes.

Es claro que lo impredecible de nuestro sistema de evaluación ambiental y los extensos períodos para aprobar proyectos se han convertido en uno de los grandes frenos al crecimiento, y en tanto ello no se corrija es imposible pensar en una reactivación robusta. No ayuda en ese sentido que desde el propio gobierno se estén entregando señales contradictorias. Por ejemplo, el proyecto que busca destrabar la aprobación de permisos sectoriales ha logrado sortear el primer trámite legislativo, pero debe ser necesariamente acompañado de la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta se encuentra recién en su primer trámite constitucional -con urgencia simple–, que es la velocidad más baja que le puede asignar el Ejecutivo a la tramitación de un proyecto de ley.

Con una urgencia simple, nuestra frágil institucionalidad sectorial y ambiental nos hace perder competitividad y oportunidades. Es así como la forestal Arauco logró en Brasil aprobar una inversión de US$ 4 mil millones en tan solo 16 meses. Eso marca un fuerte contraste con nuestra realidad local, donde por ejemplo la autoridad ambiental de Antofagasta rechazó el proyecto de energía de la empresa Colbún, con una inversión de US$ 1.400 millones. Si bien ello provocó la molestia de las autoridades nacionales, ante esta incertidumbre la empresa decidió poner una pausa indefinida al desarrollo del proyecto.

Con todo, cabe hacer presente que el Ejecutivo ha dado algunas señales tendientes a ir removiendo la burocracia interna del Estado. Coincidencia o no, cuando ya se conocía la intención de trasladar las autorizaciones de concesiones marítimas al Ministerio de Bienes Nacionales, en agosto la Comisión Regional de Borde Costero de Magallanes aprobó en tiempo récord cuatro solicitudes correspondientes a inversiones por US$ 24 mil millones, algo que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas se comprometió a refrendar en su último trámite durante septiembre.

Pese a estos avances puntuales, es claro que se necesitan señales mucho más robustas para asentar la convicción de que esta administración sí ha internalizado la importancia de retomar una agenda procrecimiento. En ese sentido, no solo basta con impulsar con más fuerza reformas que apunten a crear condiciones más atractivas para las inversiones, sino también es fundamental poner atención en aquellas variables decisivas para crear un entorno de mayor estabilidad. En tal sentido, los altos índices de inseguridad -de la mano de una expansión de la delincuencia y el crimen organizado- así como los graves defectos de nuestro sistema político -cuya atomización ha sido un factor determinante para trabar reformas que el país requiere- son aspectos fundamentales, en los que preocupantemente no se ven mayores avances.

En efecto, habiendo transcurrido casi un año desde el rechazo de la última propuesta constitucional, aún el gobierno no ha logrado alinear a su coalición para avanzar en un acuerdo sobre sistema político, lo que permitiría entregar una importante señal de estabilidad y progreso a los inversionistas. Mientras que en materia de seguridad -que es una condición esencial para no afectar el desarrollo de las inversiones- las señales durante el último año han ido en la dirección de ralentizar el avance de la agenda acordada en el Congreso, lo que contrasta con el sentido de urgencia legislativa del año pasado.

Mientras más se demore el gobierno en liderar una agenda procrecimiento, que incluya la dimensión de seguridad y un mejor sistema político, dejará una larga lista de pendientes para la próxima administración, y no es de extrañar que Chile siga acumulando cifras muy decepcionantes, algo que por lo demás ya parece estar reflejándose en la acentuada fuga de capitales que registra el país.