Rendición de fondos públicos en educación

La Contraloría ha evacuado un informe donde se detectan cuantiosos fondos que no han sido adecuadamente rendidos en materia educacional. El ente contralor analizó transferencias realizadas entre 2007 y 2023 desde la Secretaría Regional Ministerial, así como desde la Subsecretaría de Educación entre 2016 y 2023, determinándose que en el primer caso hay más de $2.800 millones sin rendir, mientras que en el segundo la cifra supera los $78 mil millones. Al efecto se han instruido sumarios, así como la remisión de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

El ente contralor observa una serie de situaciones irregulares; entre ellas, receptores de fondos ya fallecidos, ausencia de registro del monto involucrado, omisiones de datos o entidades que ya han sido traspasadas a los Servicios Locales de Educación.

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) se ha pedido tener cautela para tratar estas observaciones, señalando que en varios casos se trata de saldos que si bien han sido rendidos, han sido rechazados u observados, y que, por tanto, administrativamente es imposible cerrarlos, en tanto que en otros se trata de rendiciones que no se han hecho.

Ciertamente ya es un hecho irregular en sí que montos de estas cuantías aún no estén rendidos apropiadamente, especialmente considerando que parte de los montos se arrastran desde hace varios años, excediendo cualquier marco de razonabilidad en cuanto a plazos o bien que pueda explicarse por las dificultades administrativas propias de los procesos de rendición.

Más allá de que la autoridad señale que se han implementado medidas para un mejor control, y que dentro del presupuesto total que maneja el Mineduc es un monto poco significativo -para este año son del orden de US$ 16 mil millones-, no debe perderse de vista la importancia de cautelar apropiadamente el buen uso de los recursos públicos, un tema que para la sociedad hoy resulta especialmente sensible, independientemente de que se pueda tratar de montos relativamente menores en el total del gasto público.

Este tipo de retrasos en las rendiciones y el hecho de que la Contraloría formule reparos no es algo inusual dentro de la administración pública, y aunque es posible que la mayor parte de estos recursos finalmente sean rendidos apropiadamente, preocupa la lentitud del sistema público para detectar a tiempo estos problemas y diseñar los mecanismos que permitan corregir dentro de plazos razonables. El hecho de que estos fondos aún no se hayan rendido implica que tampoco ha sido posible fiscalizar que su finalidad se haya cumplido a cabalidad, considerando que son programas destinados a reforzar la educación en los colegios que se financian con recursos públicos. El Mineduc ya ha enfrentado cuestionamientos a propósitos de problemas con programas de alimentación de la Junji, o por la excesiva demora en la entrega de útiles escolares, por lo que parece evidente la necesidad de reforzar sus controles internos.

A propósito de este caso también resultaría pertinente revisar hasta dónde el mismo diseño institucional está añadiendo dificultades adicionales para los colegios, donde la sobrecarga asociada a las subvenciones y fondos que reciben del Mineduc se ha convertido en una verdadera limitación para el buen uso y aprovechamiento oportuno, al punto que los establecimientos que pueden hacerlo se ven en la necesidad de contratar personal adicional solo para hacer las rendiciones.