Repensar el gasto público: un imperativo moral

La semana pasada, el director de Presupuestos presentó al Senado los principales componentes del ajuste fiscal que se ha realizado en respuesta a la pandemia. Conocido es ya que el déficit este año llegará al 8% del producto. Lo que está menos interiorizado, es lo que ello implica: que el Estado gastará un 42% más de los recursos que espera percibir. Esto se debe, en parte, a que -en el mejor de los casos, si el PIB cae “solo” un 2%- los ingresos fiscales se reducirán en US$ 12.599 millones, pero también porque la presión para incrementar el gasto ha sido incontenible.

Las iniciativas tendientes a enfrentar los efectos de la pandemia nos costarán un 7% del PIB. Se trata de un esfuerzo fiscal tan necesario como inédito. En 2009, por ejemplo, el paquete dirigido a afrontar la crisis económica tuvo un costo de 2,8%. El problema es que la emergencia sanitaria está lejos de contenerse, por lo que es posible que éste recién sea el desde. Parte de la oposición, además, está empecinada en criticar que todo lo que presenta el gobierno es insuficiente, sin reparar en los esfuerzos sin precedentes que éste está realizando y en la prudencia que exige la incertidumbre futura.

Pero es importante tomar conciencia del poco -si no nulo- margen que hay para seguir gastando por sobre nuestras posibilidades si queremos evitar los costos que acarrea la irresponsabilidad fiscal. Este año la deuda pública crecerá muy por sobre las décadas pasadas, tendencia que se venía produciendo desde 2014 y que se aceleró el año pasado producto del fallido intento por comprar paz social. Lamentablemente, la pandemia nos pilló peor parados de lo que hubiéramos querido. Y es que cuando la economía crece poco -como en los últimos 5 años-, el Estado también recauda menos. Ello obliga a ser audaces y buscar nuevos espacios para ir en ayuda de quienes lo necesitan. La reasignación de recursos, entonces, aparece como la mejor alternativa. Sin embargo, la sola idea de recortar programas o reducir algún gasto que permita generar holguras para financiar las nuevas prioridades suele enfrentar la oposición de grupos de interés que creen tener un derecho adquirido sobre los recursos del Estado.

Con todo, aquí aplica muy bien la idea de que las circunstancias excepcionales requieren también de medidas extraordinarias. ¿Por qué no pensar en reducir ministerios, servicios y cargos que hoy no se justifican? ¿Por qué no reformular la oferta de programas sociales, reduciendo duplicidades y burocracia, para así liberar recursos que permitan financiar nuevos apoyos a familias que han caído en situación de vulnerabilidad? ¿Por qué no estudiar la continuidad de programas mal evaluados? El futuro es incierto, sin embargo, lo que sí sabemos es que la crisis pondrá en riesgo muchos de los logros sociales que creíamos alcanzados. En ese contexto se vuelve un imperativo moral el repensar el gasto público para poder atender las nuevas prioridades. El gobierno está trabajando en ello, pero ¿contará con el respaldo de la oposición?