Sentido de urgencia para impulsar el crecimiento

Las últimas cifras sobre el crecimiento económico a largo plazo, publicadas por el Banco Central y el grupo de expertos convocado por el Ministerio de Hacienda, confirman el sombrío panorama para la economía chilena en el mediano plazo. El Banco Central estima que el crecimiento del PIB no minero alcanzará un promedio de 1,8% durante el período 2025-2034, lo que representa una disminución de 0,1% respecto a la estimación anterior, debido a una recuperación laboral más lenta de lo esperado y aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Al comparar la evolución del Imacec desestacionalizado, se observa que la economía apenas ha crecido desde el nivel alcanzado a finales de 2021. Aunque el registro de julio mostró una “sorpresa positiva” como señaló el ministro de Hacienda, es probable que parte de esta tendencia se revierta en los próximos meses. Si la tendencia del Imacec se mantiene hacia fin de año, la economía podría ubicarse más cerca del límite inferior del rango de crecimiento proyectado por el Banco Central (2,25%) para el año 2024. Todo esto no hace más que confirmar que el gran talón de Aquiles de nuestra economía sigue siendo la falta de un crecimiento robusto, algo que ciertamente debería ser una preocupación central del gobierno, pero también de todo el sistema político.

Para abordar esta situación, es crucial pasar de las declaraciones de intenciones a medidas concretas. En ese orden de cosas, cabe por de pronto interrogarse acerca de los resultados que hasta aquí ha exhibido el gabinete procrecimiento que impulsó el Presidente Boric a fines del año 2023. Recordemos que, según señaló el ministro de Hacienda en diciembre pasado, uno de los objetivos de este grupo de tarea era volver a tener cifras positivas en términos de crecimiento de la inversión. “Para el próximo año deberíamos tener una cifra de crecimiento de la inversión que supere el crecimiento de la actividad económica”. Ello permitiría una generación de 100 mil a 120 mil empleos netos en el año.

Sin embargo, según las últimas proyecciones del Banco Central, se espera que la inversión se mantenga en terreno negativo, con una contracción de 0,8% para 2024. Esto impediría alcanzar la meta de creación de empleos propuesta por el gabinete procrecimiento. Con todo, la tarea liderada por Hacienda para reactivar la inversión pública -que representa aproximadamente el 16% de la inversión total- parece estar avanzando en la dirección correcta con los datos de ejecución presupuestaria al mes de julio.

Para cambiar el curso que lleva la economía, de tal forma que sea posible impulsar el crecimiento de largo plazo, es necesario crear las condiciones para que el sector privado pueda recuperar el dinamismo. En esto resulta fundamental ir avanzando en una serie de reformas que están tramitándose en el Congreso, y que en varios casos no han ido a la velocidad esperada, o bien ha costado darles la orientación que ayudaría a enviar las señales que el mercado espera. En ese orden de cosas, las dificultades para arribar a acuerdos políticos, en parte por la fuerte atomización que existe en el Congreso, supone una tarea prioritaria en orden a reformar nuestro sistema político a fin de racionalizar el número de partidos. Pese a que aún no ha sido posible consensuar un diseño, las señales que ha dado la ministra del Interior son esperanzadoras, sugiriendo que estos cambios podrían ser efectivos en lo que resta del gobierno.

Otra parte de las medidas del Ejecutivo fue lo acordado en mayo con ambas cámaras del Congreso de modo de acelerar 21 proyectos del “Pacto por el Crecimiento”. A la hora de revisar los avances, el proyecto de ley que agiliza los permisos sectoriales sigue en primer trámite en la Comisión de Economía de la Cámara desde enero. Por su parte, el proyecto de ley sobre concesiones marítimas y borde costero, después de 14 años de tramitación, aún no presenta avances concretos en el Senado.

Dentro de las iniciativas priorizadas, aquellas que han seguido la metodología de tramitación del proyecto de cumplimiento tributario (y royalty minero) -que permitieron al Ministerio de Hacienda alcanzar un acuerdo transversal- son escasas. Si no se produce un cambio de dirección en la manera como se tramitan los proyectos de ley por parte del resto de las autoridades del gabinete, es poco probable que se logren resultados distintos para sacar los proyectos adelante.

Otra dimensión que también debe ser urgentemente abordada es la crisis de inseguridad que afecta al país, porque aunque ello generalmente es abordado desde el punto de vista de las severas implicancias para el diario vivir de la población -que se refleja en altísimos niveles de temor-, no debería perderse de vista que en ambientes donde campean los homicidios, las prácticas extorsivas y los territorios dominados por bandas dedicadas al narcotráfico a la larga se resiente la inversión y el crecimiento, como lo prueban investigaciones que ha realizado el propio FMI respecto de América Latina, mostrando una correlación directa. Aunque la realidad de Chile aún no alcanza las dramáticas dimensiones que se observan en algunos países de la región, todas las señales indican que de no actuar a tiempo, el riesgo de aproximarnos a un escenario así es real.

A la luz de todo ello, es muy importante que el Ejecutivo mantenga el sentido de urgencia de las iniciativas procrecimiento y realice un seguimiento continuo, sin descuidar la variable de la fuerte inseguridad. Retomar el crecimiento a largo plazo es un proceso arduo, que requiere un fuerte compromiso político, y lo que se deje de hacer hoy profundizará el estancamiento económico, así como una situación fiscal aún más deteriorada, con demandas sociales insatisfechas para las generaciones actuales y futuras.