Una necesaria reforma al sistema político
No solo se deberían buscar mecanismos para corregir la fuerte atomización de partidos con representación parlamentaria, sino también buscar fórmulas para evitar que las autoridades locales sean electas con un porcentaje muy bajo.
A pesar de que en el gobierno así como en los partidos oficialistas existía la voluntad de avanzar en una reforma al sistema político -el Ejecutivo ha planteado una de tipo “acotado”, que fundamentalmente apuntaría a reducir la fragmentación en el Congreso-, luego de las elecciones de este fin de semana el ímpetu en el oficialismo -también en otros sectores políticos- parece haber disminuido, lo que de afianzarse claramente sería una señal muy negativa para el país, y borraría con el codo lo que la propia ministra del Interior señaló hace poco, en cuanto a que “el sistema político requiere de cambios. Si no los hacemos hoy, es posible que no volvamos a tener otra oportunidad”.
Una reforma de esta naturaleza lleva largo tiempo discutiéndose, en torno a la cual parecen haberse alcanzado ciertos puntos de acuerdo, como racionalizar el número de partidos con representación parlamentaria, o desincentivar el llamado “discolaje”, con la pérdida del escaño cuando un parlamentario renuncia al partido por el que fue electo. Si bien algunos parlamentarios han presentado algunos proyectos de ley en esa dirección, es el Ejecutivo el que debería estar en mejor pie para liderar una reforma más global, pero hasta aquí no ha ingresado ninguna iniciativa.
Se suponía que tras las elecciones del fin de semana la discusión se podría retomar, pero luego de que los resultados no favorecieran demasiado al oficialismo -como tampoco a otros partidos emergentes-, ya no resulta claro que siga existiendo la misma disposición. En ello parece estar incidiendo que de aplicarse la regla de que solo aquellas colectividades que a lo menos obtengan el 5% de la votación nacional a nivel de diputados podrán tener representación parlamentaria -fórmula que en su momento fue visada por la Comisión Experta del segundo proceso constituyente-, varias colectividades estarían quedando fuera. Si se considera la votación de concejales -donde la mayoría de los partidos presentó candidatos en la mayor parte del país- se tiene que RN, Republicanos, la UDI y el Frente Amplio son las colectividades que logran la meta con holgura; apenas sobre dicho umbral se ubican el Partido Radical, el PC y el Partido Socialista. Estos resultados lo único que están indicando es que la enorme proliferación de partidos que hoy existe en el Congreso no se justifica, y más bien responde al diseño de nuestro sistema electoral que favorece la atomización.
De hecho, una reforma al sistema político debería apuntar a una mirada mucho más global, que también debería abarcar a las autoridades comunales, donde el voto obligatorio ha permitido visibilizar que un número importante de alcaldes han sido elegidos con muy baja votación. En cifras gruesas, menos de la mitad de los alcaldes ganó o fue reelecto con más del 50% de la votación, y 112 fueron elegidos con menos del 40%; dentro de estos, 29 lo hicieron con 30% o menos, en tanto que cinco “triunfaron” con apenas el 20% de los votos. La noción de que la democracia se robustece con candidaturas que representen a un mayor número de votantes es también válida en el ámbito local, de modo que la posibilidad de tener umbrales o segunda vuelta también debería ser un aspecto que cabría evaluar.
Es ahora cuando se abre una oportunidad para introducir cambios al sistema político, pues una vez que el país entre en la dinámica electoral de las presidenciales y parlamentarias será difícil que esta reforma encuentre espacio.
