Una oportunidad para discutir sobre impuestos

El Encuentro Anual de la Industria -evento organizado por la Sofofa- tuvo la particularidad de que permitió poner sobre la mesa el necesario debate que debe tener el país respecto a su sistema tributario, donde frente al muy bajo crecimiento que exhibe la economía chilena se hace necesario definir incentivos que permitan recuperar decididamente la inversión, sin lo cual será imposible aspirar a una reactivación sustantiva.

El gobierno ha decidido tomar la iniciativa y para esos efectos en el marco de su reforma tributaria plantea una rebaja al impuesto corporativo, proponiendo que la actual tasa de 27% se reduzca al 25%, además de establecer una nueva tasa de 16% para los propietarios contribuyentes de impuestos finales (rentas del capital), que será retenida al momento de realizar la distribución de dividendos. Sin embargo, también ha planteado que esta rebaja debe ser fiscalmente neutra, por lo que entre otras medidas ha propuesto aumentar el impuesto a las personas con ingresos mensuales superiores a los $6 millones.

El Presidente de la República, en su discurso ante la Sofofa, señaló que “estamos de acuerdo con generar incentivos a la inversión, y donde es posible bajar el impuesto de primera categoría”, ratificando que la propuesta del gobierno será reducirla a 25%, pero añadió que eso debe venir acompañado de un régimen alternativo a las Pymes, con mayores incentivos a la inversión y también con que “los más ricos paguen más”.

La CPC y la Sofofa han sido claras en que no es momento de pensar en subir los impuestos, sino en generar los incentivos para crecer -en su discurso ante los asistentes al Encuentro Anual, la presidenta de la Sofofa planteó que “menos impuestos es más crecimiento para todos los chilenos”-, y en ese orden han propuesto que el impuesto corporativo debería reducirse al 23%, para de ese modo estar en línea con el promedio de la OCDE. Muy en su estilo, el Presidente se hizo cargo de dicha propuesta, señalando que algunos “tiran el tejo pasado”.

Más allá del tono inapropiado de ciertas declaraciones, resulta auspicioso que se haya activado un debate tributario que incluye una posible baja de impuesto a las empresas, lo que podría traducirse en algo positivo una vez que se conozca la propuesta global del gobierno, que incluya las compensaciones en que está pensando, así como el diseño final de la tributación que afectará a las empresas. Probablemente no será un debate sencillo; desde luego, en la oposición hay fuerte resistencia a la idea de aumentar los impuestos a las personas -considerando que la reforma seguiría centrándose en el 25% de la población que paga impuesto a la renta- y hay voces técnicas que han alertado sobre los riesgos de avanzar hacia un sistema totalmente desintegrado, como al parecer apunta la propuesta gubernamental.

Pese a estas diferencias, lo importante es no desaprovechar esta oportunidad -desde hace mucho tiempo que no se escuchaba un debate relativo a bajar impuestos, en especial proviniendo del mundo de la izquierda-, lo que hace desaconsejable aproximarse a ella con visiones ideologizadas o intransigentes, sobre todo porque se abre una chance de avanzar en términos más globales. En efecto, el objetivo no debería limitarse solo a aliviar el régimen corporativo -lo que en todo caso ya sería un logro en sí-, sino que el asunto debería abordarse con una mirada más integral, que incluya la ampliación de la base tributaria -un tema largamente postergado- así como la revisión de todo el sistema de exenciones, varias de las cuales no tienen justificación y que de ser corregidas eventualmente no sería necesario seguir gravando la tributación de las personas.

En materia de impuestos personales, es un hecho que Chile cuenta con un muy amplio tramo exento, lo que lleva a que personas de ingresos medios no paguen impuesto a la renta, algo muy distinto a lo que ocurre en la generalidad de la OCDE, donde las rentas medias en general sí contribuyen. Siendo correcto el principio de que los que más tienen deben contribuir en mayor proporción, es tiempo de comenzar a incorporar gradualmente a más contribuyentes, porque de esa forma no solo el país aumentaría sus ingresos para solventar el gasto fiscal, sino que la carga tributaria se distribuiría de manera más justa, sin recargar a un solo sector.

Y en cuanto a las exenciones, ya existen diagnósticos precisos sobre cómo proceder en este ámbito, como por ejemplo el informe que entregó la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad (2021), entre cuyas conclusiones figura terminar con el crédito del impuesto específico al diésel para empresas de transporte de carga, o con la llamada renta presunta. No sería presentable que si finalmente se decide gravar de algún modo a las personas de mayores ingresos, a la par se mantuvieran exenciones que solo benefician a determinados grupos de presión. Es evidente que el gobierno también debe hacer esfuerzos por reducir aún más el gasto público, porque claramente estamos en niveles que ya no resultan sostenibles con las bajas tasas de crecimiento y menor recaudación. En la reciente discusión de la Ley de Presupuestos 2025 fue posible un recorte de US$ 600 millones, lo que ciertamente se podría profundizar atendido el cúmulo de programas públicos de escaso o nulo rendimiento social.

En este debate cabe no perder de vista que a comienzos del año 2000 la tasa corporativa en Chile era de 15%, para situarse ahora en 27% -en el mismo lapso el promedio de la OCDE bajó de 32% al 23%-, y tal incremento ha tenido un impacto sobre la economía. La llamada Comisión Marfán determinó que tal nivel de aumento de los impuestos corporativos le estaría costando al país casi ocho puntos porcentuales de menor PIB.

Todos los sectores deben poner su mejor empeño para que se logre un buen acuerdo tributario, y de ese modo esta ventana no termine convirtiéndose en una oportunidad perdida. En tal sentido, el controversial tono que ha adoptado la vocera de gobierno estos últimos días -por ejemplo, al endosarle a la oposición la responsabilidad por los cuestionamientos que está recibiendo la “ley corta” de Isapres, pese a que el Ejecutivo patrocinó dicha norma- ciertamente dificulta construir ese necesario clima de entendimiento.