Una oportunidad para los nuevos alcaldes

El próximo 6 de diciembre asumirán las nuevas autoridades municipales -alcaldes y concejales- electas en el proceso eleccionario del 26 y 27 de octubre, luego de que el secretario municipal respectivo les tome juramento o promesa de observancia de la Constitución y las leyes, y de cumplir con fidelidad las funciones propias de su cargo por los próximos cuatro años, de acuerdo a lo que señala la ley orgánica de municipalidades. Un hecho relevante en la organización de la división política y administrativa de nuestro país, y resultado del ejercicio democrático del derecho a representación de los ciudadanos.

Sin embargo, 67 de estas mismas entidades han estado en el centro de la noticia los últimos cuatro años, ya sea por investigaciones y condenas a alcaldes y concejales por cohecho, fraude al Fisco, malversación y uso malicioso de instrumento público, entre otras causas, o destitución de alcaldes por notable abandono de deberes, como el reciente caso de La Serena. Una realidad que cuestiona el adecuado ejercicio de las facultades de dirección, administración y supervigilancia que corresponde a los alcaldes y, en otros casos, el oportuno y atento desempeño de las facultades fiscalizadoras por parte del Concejo Municipal. Algo que tiene especial relevancia atendido los recursos financieros que se manejan y el impacto que su mal uso tiene en el desarrollo y calidad de vida de la comunidad.

El hecho de que 101 de los 253 alcaldes que fueron a la reelección no obtuvieron el respaldo ciudadano para un nuevo periodo da cuenta en parte de la visión crítica que tuvieron de su gestión los votantes. La confianza ciudadana en las municipalidades, de acuerdo a la última encuesta CEP, es sólo de un 25% y la opacidad de estas instituciones ha sido destacada los últimos años en los distintos informes de transparencia. Todo ello plantea tanto para quienes asumen estas responsabilidades por primera vez como para aquellos que lograron retener sus cargos, el desafío de mostrar una gestión oportuna, transparente, participativa y que dé respuesta a sus vecinos.

Frente a ello, el ejercicio adecuado de las labores de fiscalización es fundamental. Sería, por lo tanto, recomendable que quienes asuman estas responsabilidades en diciembre soliciten una auditoria externa sobre el estado en que reciben el municipio y desarrollen un programa estricto de controles de esta naturaleza durante su ejercicio, atendido el manejo de cuantiosos recursos públicos. Una práctica que debería hacerse habitual a futuro y que, por la misma razón también debiera aplicarse para los gobiernos regionales -lo que resulta una necesidad evidente atendido lo derivado de las investigaciones del “caso Convenios”, que ha alcanzado a varias autoridades regionales.

Por otra parte, las adecuadas instancias de control interno son fundamentales. Para ello disponer de los recursos, personal y unidades con las debidas facultades y autonomía debiera tener una especial atención. Una necesidad ya relevada por el estudio de Chile Transparente y la Asociación de Municipalidades de Chile en el mes de mayo, que destacó tanto la insuficiencia de estos recursos materiales y humanos, como que un 30% de los municipios entre fines del 2022 y 2023 no habían hecho ninguna auditoría. Todo ello plantea una oportunidad para las nuevas administraciones de marcar la diferencia, dejar atrás las sombras sobre la gestión municipal y garantizar un adecuado uso de los recursos.