Antonia Orellana: “Buscamos que nuestra política exterior feminista no sea sólo un eslogan, sino que tenga correlato con lo que viven las mujeres aquí”

Es viernes 7 de junio a las 17:00 hrs., y en las oficinas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no hay muchas señales de que la semana esté por terminar. Todo lo contrario, la ministra Antonia Orellana, sale de una reunión e inmediatamente entra a una entrevista con una agencia internacional de noticias. De paso, nos pide disculpas por su retraso: “Ha sido una semana intensa”, dice.

En pocas horas más se promulgaría la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, después de siete años de tramitación desde que fue presentada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. “Un hito para las mujeres del país”, como lo han definido desde el gobierno, pero también un hito para la ministra y su equipo, que desde el inicio de su gestión, se han propuesto avanzar en esta materia.

La promulgación de esta ley coincide con la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará, un hito regional en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia de género. Fue adoptada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificada posteriormente por 32 Estados Parte de la región. Y desde septiembre del año pasado Chile asumió la presidencia de la conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención.

Por esta razón es que durante esta semana, en el marco de dicho aniversario, representantes de Estados, organizaciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y expertos internacionales están reunidos en Santiago –del 10 al 12 de junio– para analizar los logros y desafíos persistentes en los esfuerzos regionales con el fin de eliminar la violencia de género. La ministra Orellana será la anfitriona.

¿Presidir esta conferencia es parte de una política exterior feminista que han asumido como gobierno?

Si bien como país lanzamos la política exterior feminista hace ya un tiempo, desde el inicio de este gobierno tomamos en consideración la importancia de los organismos internacionales. De hecho, en 2022 obtuvimos la vicepresidencia de la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA, cargo que todavía ocupamos; y el año pasado asumimos la presidencia de esta Conferencia de Estados Parte.

¿Por qué es tan importante para ustedes?

La Convención de Belém do Pará fue el primer tratado a nivel internacional en abordar específicamente la violencia contra la mujer y consagrar su derecho a una vida libre de violencia. A lo largo de estas tres décadas se ha convertido en una herramienta fundamental tanto para los Estados como para la sociedad civil y los movimientos sociales para avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres.

Yo creo que la importancia de la Convención se resume en algo que dijo el abogado defensor de Martín Pradenas en una de las audiencias. Él solicitó que a su representado no se le aplicara la Convención de Belém do Pará. Su requerimiento era ilegal porque este es un tratado ratificado por Chile internacionalmente, pero expresa claramente lo que esta convención significa para las mujeres en América...

... que desde la firma del tratado ¿los trapitos sucios ya no se lavaban en casa?

Exacto. Y también que al ser un tratado regional amparado en la OEA, nos permite proteger las conquistas de las distintas generaciones de mujeres de las coyunturas políticas, lo cual es muy relevante.

En estos días van a presentar el plan estratégico de la Conferencia de Estados Parte. ¿Cuáles son para Chile como país que preside la conferencia, los temas estratégicos que regionalmente se deberían abordar en los próximos cinco años?

El énfasis de esta conferencia es acelerar el cumplimiento de las metas de la Convención. Un tema que hemos propuesto es fortalecer la articulación regional para frenar la trata y la explotación sexual comercial de mujeres, niñas y adolescentes. Se ha abordado mucho la crisis migratoria y humanitaria desde una perspectiva de seguridad, y eso está bien, pero en esa perspectiva de seguridad ha quedado un poco subsumido el hecho de que la crisis migratoria ha causado la exportación de nuevas formas de criminalidad y también mucho aprovechamiento de una situación especialmente vulnerable de las mujeres y niñas. Esa es una preocupación que compartimos con países como Costa Rica, Panamá, México, Brasil y Perú. Nuestro objetivo como ministerio es fortalecer precisamente aquello, porque la trata es la esclavitud moderna y el artículo 19 de nuestra Constitución dice que en Chile no hay esclavos y que quien pise nuestro territorio es libre, por lo tanto tenemos que asegurar eso, independiente de la situación administrativa.

¿Esta convención se ha transformado en la hoja de ruta para este gobierno y específicamente para este ministerio?

Desde la firma de la Convención de Belém do Pará los mecanismos nacionales de género en Chile –primero Sernam, luego SernamEG y ahora el Ministerio– han avanzado en distintos grados para cumplir con sus objetivos de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, entre ellos la reciente promulgación de la ley integral.

La Convención fue firmada en 1994, y en 1996 implementamos nuestro primer Plan de Igualdad, precisamente para alinear nuestras políticas con este tratado. Actualmente estamos en nuestro cuarto Plan de Igualdad. Aunque aún tenemos metas pendientes desde 1996, la ratificación de la Convención nos ha obligado a planificar y avanzar como Estado. Creo que a lo largo de los años, y a pesar de las diferentes velocidades e intensidades, Chile ha dado pasos significativos en este sentido, eso es innegable. En los años 90, como tú bien decías, la cultura que primaba era la de “la ropa sucia se lava en casa”. Hoy nos falta mucho, pero esa no es la cultura que prevalece.

¿Cómo se encuentra Chile en comparación a otros países de la región?

El continente americano es muy diverso, por lo que es difícil establecer una comparación respecto a todos los países. ¿Qué podemos decir? Que tenemos una trayectoria como país a partir de la creación, primero, de las oficinas de información y derechos de las mujeres en los años 90, hasta hoy, que tenemos los centros de la mujer y los centros de atención especializada. Teníamos falencias legales que esperamos suplir con la Ley Integral. Creemos que con esta ley nos ponemos a la avanzada en dos cosas: uno, respecto a la adaptación de la institucionalidad a las nuevas posibilidades que da la tecnología gracias al proyecto con el Banco Mundial y el Sistema de Gestión Integrada de Casos; y por otro lado, también nos ponemos a la vanguardia al incorporar a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos en lo que en algunos lugares se llama violencia vicaria. Creemos que eso va a ser un paso importante respecto a terminar con la transmisión generacional de la violencia.

Hablando de violencia vicaria, también gracias al trabajo de la Convención se le ha puesto nombre a otros tipos de violencia como la violencia económica, simbólica, obstétrica, digital, entre otras. ¿Hemos avanzado hacia erradicar todos los tipos de violencia?

Sí, estamos preparando indicaciones al proyecto de violencia digital para poder abarcar esto en una dimensión mucho más especializada que el tratamiento que tiene en la Ley Integral. Hemos definido nuevos tipos de violencia. Es importante constatar, eso sí, que no todos esos tipos de violencia tienen persecución penal, porque el derecho penal no es la solución a todas las cuestiones. Eso es importante porque permite modular otros entornos que reproducen violencia estructural, aunque no sean estrictamente delitos, sí son coercitivos.

¿Esto porque hay una violencia de base que es cultural?

Precisamente por eso el fallo del Tribunal Constitucional que declara constitucional la educación no sexista es tan importante, porque recalca la importancia de la no discriminación y de la educación para la convivencia y la no violencia. Al ingresar indicaciones en este proyecto de ley que viene del gobierno de la Presidenta Bachelet, nosotras tratamos de centrarnos no en crear nuevos delitos ni en subir las penas, porque técnicamente las penas son altas, el problema lo tenemos en la persecución penal y en la denuncia. Tratamos de atacar precisamente los factores por los cuales las mujeres no denuncian, tardan mucho en denunciar o abandonan los procesos.

¿Cuáles son esos factores?

Un papel muy importante lo tienen la existencia de hijos en común con el agresor y la falta de redes de acompañamiento. Por eso es tan importante el sistema de gestión integral de casos y el fortalecimiento de las medidas cautelares y de protección.

Y respecto al factor cultural, desde que asumimos, todas las campañas de nuestro ministerio han ido enfocadas no en decirles a las víctimas “denuncia, denuncia, denuncia”, porque, de acuerdo a las cifras, las chilenas ya tienen claro que pueden denunciar. Lo que hemos buscado atacar es otro de los factores que provoca impunidad, que es el temor a la reacción social del entorno. Nuestra primera campaña fue ‘Sí es mi problema’; la segunda, que todavía está en curso, es ‘Lleguemos a cero’; y este año vamos a lanzar otra enfocada en jóvenes, pero siempre centrada en la comunidad que rodea tanto a la víctima como al agresor, que es la que puede y debe tomar acción frente a la violencia. Orientar a la gente, porque muchos no saben cómo reaccionar cuando se enteran de que su amiga o familiar está viviendo esta situación, o que su familiar está ejerciendo violencia.

– Y respecto al fortalecimiento de las medidas cautelares y de protección, esa siempre es la queja: que cuándo se denuncia, que no pasa nada…

Precisamente por eso es que con esta ley estamos creando las audiencias de control de medidas cautelares, una buena práctica que ya tenían en un tribunal en Tarapacá y otro en Santiago. Estudiamos qué tribunales tenían mayor cumplimiento de las medidas cautelares y de protección, y estos tenían en común eso, así que lo hemos dejado asentado en la ley. Es un desafío y por eso estamos en una mesa de implementación junto al Ministerio Público, las policías y también el Poder Judicial, que a través de la Corte Suprema nombró a la ministra Gloria Ana Chevesich para la implementación.

Volviendo al rol de Chile presidiendo la conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, ¿cuáles son las expectativas al término de su mandato?

Esperamos cumplir la consigna que le hemos puesto a esta conferencia: acelerar el proceso de vigencia y cumplimiento pleno de la Convención de Belém do Pará. Para eso hemos propuesto también modificaciones reglamentarias, vamos a fortalecer el mecanismo, y hemos tratado de tener un diálogo muy amplio con todos los países, independientemente del gobierno de turno, para que las recomendaciones sean atingentes a las realidades que vivimos.

– ¿Y transformar Chile en un referente a nivel regional por su política feminista?

Chile actualmente ya es uno de los referentes en cuanto a política exterior feminista. Buscamos que esto no sea solo un eslogan hacia afuera, como imagen país, sino que tenga correlato con lo que viven las mujeres aquí.