50 parlamentarios y más de 90 alcaldes no podrán repostular en su próxima elección

Catorce años le tomó al Congreso Nacional convertir en ley el proyecto de reforma constitucional que establece límites a la reelección. Fue el 2006 cuando se presentó por primera vez una moción en ese sentido y este miércoles, tras una larga y controvertida tramitación, la Cámara de Diputados terminó cambiando el destino de una iniciativa histórica: la despachó por 132 votos a favor, 14 en contra y seis abstenciones.

La normativa -que terminó siendo un refundido de seis mociones distintas- establece un máximo de dos periodos consecutivos para senadores y tres para diputados, alcaldes, consejeros regionales y concejales. Y, al ser una norma de derecho público, tal como quedó despejado en la Cámara Baja y pese a la confusión que se dio en su paso por el Senado, regirá “in actum” y aplicará para las autoridades que estén actualmente en ejercicio, quienes no podrán postular en los próximos comicios en caso de sobrepasar las restricciones que fija el texto.

En el Poder Legislativo la norma afectará a un total de 50 parlamentarios. Se trata de 13 senadores que no podrían postular para los comicios de 2021 y de 2026: Jorge Pizarro (DC), Carlos Bianchi (independiente), Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (PRO), Juan Pablo Letelier (PS), Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Francisco Chahuán (RN), Jaime Quintana (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), Isabel Allende (PS), Víctor Pérez (UDI) y José García Ruminot (RN). El mismo efecto tendrá la norma para 37 diputados y diputadas. Mientras que en el caso de los municipios, no podrán reelegirse en los comicios de abril de 2021 alrededor de 90 alcaldes y cientos de concejales, viéndose afectados principalmente dirigentes UDI y RN.

La incumbencia de los propios legisladores y las dificultades que tendrán sus partidos para renovar sus liderazgos fue algo que marcó toda la tramitación de la iniciativa y, por supuesto, el paso del proyecto por su última valla no fue la excepción.

El debate en sala tuvo momentos tensos y, tal como ocurrió en la Cámara Alta, este miércoles algunos diputados volvieron sobre la idea de que con esta ley se está buscando una especie de “traje a la medida” para que parlamentarios que no se verán afectados por sus limitaciones puedan sacar a sus competencias “por secretaría”.

“Esta ley es un traje a la medida para algunos parlamentarios, saquémonos las caretas (...). ¿O alguien cree que nadie gana cuando el senador Pizarro es sacado por secretaría? ¿O cuando sacan al senador Bianchi? Obviamente hay quienes ganan y están mirando eso”, sostuvo Juan Antonio Coloma (UDI), cuyo padre se verá afectado por la norma que terminó rechazando.

Más duro fue el independiente Karim Bianchi, quien también vería afectadas las posibilidades de su padre para repostular a un escaño senatorial por Magallanes. El legislador aseguró que “si la gente cree que en el Congreso hay caca (con esta ley) será lo mismo, pero con diferente olor”. Y sin aludir directamente al diputado Gabriel Boric (CS), quien ha sido un férreo impulsor de la iniciativa y ha dicho que está dispuesto a competir por un cupo en la Cámara Alta por esa misma zona, el legislador afirmó que la ley esconde intereses personales.

Los defensores del texto, en cambio, subrayaron que esta sería una iniciativa necesaria para “oxigenar” el mundo político, evitar la consolidación de redes clientelares y una buena “señal” ante la crisis de confianza y desprestigio del Congreso. “Aprobar este proyecto permite subsanar una herida que vive la clase política”, sostuvo Andrés Longton (RN).

Y pese a que en el tercer trámite se advirtieron una serie de eventuales problemas de aplicación respecto de lo que había despachado la Cámara Alta, los diputados optaron por no forzar una comisión mixta ante el “riesgo” de que esa corporación pudiese dejar caer toda la norma. La desconfianza se dio luego de que el Senado rechazara una disposición transitoria que, a juicio de varios senadores, habría tenido un efecto “retroactivo”, provocando que la norma se hiciera aplicable a los parlamentarios en ejercicio. Esto, sin notar que -como lo despejó una interpretación jurídica posterior-, ese artículo no era necesario para hacer que la ley afectara a los incumbentes.

En ese sentido, varios legisladores cuestionaron a los integrantes de esa corporación acusándolos de haber legislado siguiendo intereses mezquinos. “El Senado no debiera volver a poner sus manos en este proyecto, eso sería un peligro. Si va a comisión mixta, me temo que la presidenta del Senado, con todo el cariño que le tengo, por presión del grupo de senadores que se opuso a aprobar la norma transitoria, no cite nunca”, sostuvo Matías Walker (DC), mientras que Marcelo Schilling (PS) ironizó: “Pensé que nunca en mi vida iba a tener la oportunidad de decir esto: gracias Senado por haberte equivocado y haberle dado al pueblo de Chile lo que este quería”.

“El Senado, con una sinvergüenzura total, se hizo realmente el tonto con la retroactividad, dando un espectáculo”, sostuvo, a su vez, Pablo Kast (Evópoli).

Y si bien la aprobación de la norma fue transversalmente valorada, tras su despacho a ley varios legisladores volvieron a advertir eventuales problemas de interpretación y judicialización. Primero, porque la reforma constitucional modifica artículos que no están contemplados en la LOC de Elecciones Populares y Escrutinios, que otorga facultades al Servicio Electoral para declarar las candidaturas, lo que podría terminar haciéndola inaplicable y judicializando el asunto ante el Tricel. Y segundo, porque para algunos el hecho de que la norma afecte a los alcaldes y concejales, cuando quedan menos de nueve meses para la municipal y ya se dio por iniciado el calendario electoral, podría configurar una afectación en sus derechos “al cambiarse las normas del juego a medio camino”.

El diputado Leonardo Soto (PS), quien reiteró ambos puntos en sala, confirmó a este medio que buscará ingresar una reforma a para corregir los eventuales problemas de interpretación. Por su parte, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, planteó sus aprensiones precisamente respecto de dichas controversias ante la sala de la Cámara Alta, la que aprobó pedir un informe en derecho para precisar los alcances de la normativa. Desde ese partido y otros como la DC y RN evaluaban impulsar alguna iniciativa para establecer una excepción en la próxima municipal.

El diputado Boric fue más allá de esas interpretaciones y aseguró que, además, la ley podría terminar judicializando las elecciones en caso de que “quienes defendieron sus intereses personales en este debate” intenten “recurrir a la justicia para evitar que se limite su posibilidad de ser reelectos”.

Asimismo, en sala se cuestionó que la norma apunte a reelecciones sucesivas, permitiendo que una autoridad deje su cargo por un periodo para luego volver a competir.