Acuerdo de Escazú: comisiones unidas de Medio Ambiente y RR.EE. del Senado ratifican el tratado y pasa a la Sala de la Cámara Alta

Por siete votos a favor y dos abstenciones, las comisiones unidas de Medio Ambiente y RR.EE. del Senado ratificaron esta tarde el el acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

De esta forma, el proyecto será discutido y votado este martes en la Sala de la Cámara Alta.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, calificó la votación de esta jornada como “una muy buena noticia para el país”, al valorar que “profundizar la democracia ambiental sea visto como una política de Estado y que de esta manera podamos tener mecanismos efectivos para enfrentar la triple crisis que estamos enfrentando: la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación y también la crisis social”.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que el resultado de hoy “ratifica que hay un apoyo transversal a este acuerdo de cooperación regional, de multilateralismo, de derechos humanos en asuntos ambientales, de protección a los defensores de derechos humanos ambientales en América Latina y en Chile”.

En este sentido, Latorre agregó que “espero que mañana martes 31 de mayo, en la Sala del Senado se ratifique también con un apoyo transversal, tal cual ocurrió en la Cámara de Diputados”.

En tanto, el senador RN Francisco Chahuán afirmó que “hoy hemos aprobado el Acuerdo de Escazú, con declaraciones interpretativas que solicitamos en su momento: primero que no ceden soberanía; segundo, que no nos someten a tribunales internacionales y tercero, dejando constancia que es un tratado no autoejecutable, vale decir, que requiere la aprobación de norma interna para que pueda tener aplicación”.

Al respecto, destacó que “hoy día estamos estableciendo herramientas para proteger la biodiversidad y el acceso a la información es pública, es un aporte importante y estamos muy orgullosos de que nuestras advertencias fueran recogidas por el Ministerio de Ambiente Ambiente y la Cancillería”.

Sobre las aprensiones que existían de parte de algunos parlamentarios, la presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Paulina Núñez (RN), sostuvo que “la discusión, revisión y acuerdos que se han tomado en esta instancia han servido para despejar las legítimas dudas que pudieron existir en parlamentarios desde 2018 a la fecha. Yo no quiero detenerme en por qué no lo firmamos antes, sino expresar confianza en que mañana también tengamos una aprobación mayoritaria en el pleno del Senado”.

Añadió que en la discusión del proyecto “quedó zanjado quién resuelve las controversias que puedan existir entre los Estados y eso es súper importante porque fue una de las mayores dudas durante todo este tiempo. No estamos ratificando que sea una Corte Internacional de Justicia a un arbitraje internacional quien resuelva, sino que, al contrario, ante un eventual conflicto es el diálogo y la negociación lo que se utilizará para resolver diferencias. En una declaración interpretativa quedó establecido que solo si expresamente se ha acordado que nos someteremos a un arbitraje se hará de esa manera”, destacó.

El pasado 18 de marzo el Presidente Gabriel Boric, -y tal como fue anunciado durante su campaña para llegar a La Moneda- firmó el proyecto de ley para ratifica el acuerdo de Escazú, lo que se dio un año y medio después que este fuera ratificado y suscrito por diversos países de América Latina y el Caribe, en septiembre de 2020.

Tras la firma del Mandatario, y de acuerdo a lo señalado en aquella jornada por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, el proyecto ingresaría al Congreso una semana después con “suma urgencia”, ya que son los parlamentarios los que deben decidir finalmente si ratificar o no el acuerdo.

¿De qué se trata este acuerdo? Espera proteger tres derechos básicos en países de América Latina y el Caribe: acceso a la información ambiental (cualquier persona puede requerirla), participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales (para vigilar posibles proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el ambiente), y acceso a justicia ambiental (que puede ser impulsada por cualquier ciudadano).

Si bien Chile fue uno de sus impulsores, junto a Costa Rica, el 22 de septiembre de 2020 la administración de Sebastián Piñera comunicó que no firmaría el documento.