Acusación constitucional: abogado de Cubillos anuncia que él intervendrá ante la sala de la Cámara y afirma que ministra de Educación también expondría

"Creemos que la oportunidad para hacer una defensa oral es ante la Cámara. Dado que las sesiones son acotadas, creemos que es mejor que la comisión trabaje sobre información que pueden dar otros, porque nosotros ya no tenemos nada más que decir que la contestación".

Con estas palabras, Francisco Cox, el abogado que representa a Marcela Cubillos en la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación, confirmó este martes que la contestación presentada por escrito la noche de este lunes será la única comparecencia ante la comisión de la Cámara de Diputados que evalúa el mérito de la presentación, y que tanto él como la titular del Mineduc tienen previsto intervenir ante la Sala cuando ésta vea el tema.

"La ministra va a ir directo a la sala y ahí es donde vamos a hacer la defensa", afirmó Cox, agregando que "yo voy a estar viniendo, no a exponer, voy a estar escuchando cómo se rinde la información a la comisión".

"Nosotros, ejerciendo una de las posibilidades que da la ley, hemos decidido presentar la contestación por escrito. Creemos que, dado que esto es un tema jurídico, la escritura permite que sea una lectura más reposada y que se analicen todos los antecedentes", indicó el abogado de Cubillos.

Cox además ratificó que se solicitó la denominada "cuestión previa": es decir, que la sala de la Cámara se deberá pronunciar sobre si el libelo acusatorio cumple o no con los requisitos fijados en la Constitución. De acogerse, esto implicaría el fin del trámite y que -técnicamente- se consideraría la acusación como no presentada. Con todo, si se rechaza, los diputados aún deberán pronunciarse sobre el fondo de la presentación.

"Está invocada la cuestión previa ya, por cuatro razones. La primeria es que no se respeta el carácter ultima ratio de la acusación constitucional, no se contienen hechos graves, no hay imputaciones concretas hacia la responsabilidad de la ministra, los acusadores quieren obviar la división de competencias, que es fundamental en un Estado de Derecho; sin división de competencias, entonces, el Estado es una especie de ameba que no tiene diferenciación entre ellas. Hay una violación clara al debido proceso, y, como digo, no hay responsabilidad de los hechos concretos por parte de la ministra", esgrimió Cox.

Además, Cox presentó su mirada sobre la intervención en la comisión del abogado Jorge Correa Sutil, en que señaló que -en su opinión-, si bien cuatro de los capítulos presentados no cumplían con los requisitos de presentación, sí habría uno que podría validarse, al menos en cuanto a lo formal.

"Él no usa la palabra admisible; dice que cumple formalmente los requisitos, y hay una diferenciación ahí, porque uno de los requisitos de admisibilidad es que justamente se trate de hechos graves. Y él mismo, si usted recuerda, dice que no se pronuncia sobre la gravedad de los hechos, que eso es algo que le corresponde a la Cámara, y por lo tanto la cuestión previa sigue siendo una posibilidad y es lo que nosotros creemos que corresponde. Además, hay un problema de visión distinta: el abogado Correa dice de eso que más bien se cumpliría porque considera que es un tema de derecho privado y nosotros creemos que es un derecho público", afirmó.

Según el cronograma de la acusación constitucional, al haberse presentado ayer lunes la defensa, la revisión del libelo por parte de la Sala de la Cámara debiera producirse el próximo martes 1 de octubre.

Este martes, la titular de la cartera de Educación también abordó la acusación en su contra. "Yo estoy, en general, siempre muy tranquila por el trabajo realizado. Lo he dicho desde el primer momento. Nosotros estamos convencidos que no se configuran las causales de infracción a la Constitución y la ley que se argumentan", comentó la ministra.

En esta línea agregó que "la Constitución chilena permite tener diferencias políticas, permite tener agendas políticas distintas, nos permite, cuando hay alternancia en el poder, levantar proyectos de ley, tramitarlos en el Congreso como corresponde y tener opiniones diferentes respecto a la legislación actual y eso no puede ser argumentado como una infracción a la ley".