Alberto Undurraga dice que “no hay mérito” para una acusación constitucional contra Montes: ¿Quiénes sí respaldan el libelo?

Luego de un punto de prensa en el hall de la Cámara de Diputados, la oposición ingresó a la oficina de partes la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su eventual responsabilidad en los traspasos de dineros desde reparticiones públicas a fundaciones que son investigados por la justicia en el caso de platas políticas.

El escrito ingresado a la Cámara Baja consta de cinco capítulos y más de 80 páginas. En éste se imputa que se cometieron “graves actos de corrupción” al interior del Minvu a lo largo del país, “en el contexto de la ejecución del Programa Asentamientos Precarios, principalmente durante los años 2022 y 2023″.

En lo medular, se acusa a Montes de no ejercer el control jerárquico sobre el funcionamiento del ministerio y actuación del personal sometidos a su dependencia, de ser el responsable político de haber infringido el principio de probidad y de dejar de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios.

Minutos antes de que el libelo fuera ingresado, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, desestimó las imputaciones que se presentan en el texto contra el secretario de Estado.

“Nosotros estudiamos jurídicamente y en detalle las acusaciones constitucionales, todas aquellas, y por lo tanto vamos a hacer lo mismo en este caso. Apenas se presente, estudiaremos la acusación constitucional. Ahora, dicho eso, con los antecedentes que hay a la vista, la verdad que no hay mérito para una acusación constitucional”, dijo en entrevista con CNN.

A pesar de no ser parte del oficialismo, el timonel falangista dio un espaldarazo a Montes: “La verdad que uno podrá reprochar cosas en el ministerio. Uno podrá decir, oiga, estos casos son muy graves, por supuesto que son muy graves, y que investigue la justicia, y que se sanciona a los responsables, y hay personas presas en distintos lugares del país, y todo eso es muy grave y que tiene que sancionarse. Pero con los antecedentes que hay a la vista, el ministro Montes, conociendo los antecedentes, hizo lo que tenía que hacer”.

En esa misma línea apuntó que “el escándalo propiamente tal de los convenios es gravísimo. Tiene que ver con delitos que se están investigando y el Ministerio Público ha sido muy diligente en ello, porque ya están bastante avanzadas varias de las investigaciones. Y yo espero que, en ello, finalmente, lo que suceda, que se termine la investigación, se sancione claramente a los responsables y a aquellos que no tienen nada que ver, que queden de lado como corresponde en todas las investigaciones penales”.

Después de semanas de conversaciones, en la oposición se llegó a un texto de consenso, que contó con el apoyo de las bancadas de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido de la Gente (PDG) y algunos parlamentarios independientes. Si bien habían expresado su apoyo con anterioridad, ningún representante de Evópoli firmó la acusación constitucional para ser ingresada.

Ese libelo consensuado fue resultado de la fusión del escrito redactado por partidos de Chile Vamos y Republicanos con el texto propuesto por el Partido Social Cristiano.

Es que las diputadas PSC, Francesa Muñoz y Sara Concha, el pasado 14 de noviembre habían anunciado una acusación contra el secretario de Estado. En se momento, Chile Vamos y el Partido Republicano no respaldaron la idea, pero hubo una reconsideración luego de que se conociera que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en su declaración aseguró haber informado al ministro Montes de las irregularidades en el convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

El texto se dará cuenta en la sesión de este martes, en la que -por sorteo- se escogerán a cinco diputados para integrar una comisión revisora, con exclusión de los acusadores y de los miembros de la Mesa.

Una vez que se dé cuente en la Sala, hay tres días para notificar al acusado. Según señalaron desde la oposición, el libelo se podría estar votando en Sala la segunda o tercera semana de enero.