“Allá lo necesitan”: el llamado del presidente de la Cámara de Diputados a Boric para que visite La Araucanía

En el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, se realizó la octava cuenta pública del Congreso Nacional.

Un deber que tiene el Poder Legislativo desde 2015, cuando se despachó la reforma constitucional que establece la obligación tanto del presidente del Senado como de la Cámara de Diputados a dar cuenta de las actividades realizadas anualmente por ambas corporaciones.

Ante ese escenario, este miércoles el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), informó sobre el balance legislativo entre julio de 2021 y junio de 2022, y abordó el rol de la corporación frente a las urgencias de la sociedad.

En su discurso, comenzó con un reconocimiento al Presidente Gabriel Boric por su desempeño como diputado durante los dos últimos periodos parlamentarios. Un hecho -expresó Soto- que “honra la trayectoria de esta corporación”.

Así también, destacó el trabajo de la otrora directiva de la Cámara, encabezada por Diego Paulsen, quien estuvo en el cargo entre abril de 2020 y marzo de 2022.

“Parte de cuya gestión también está incorporada en las cifras de esta cuenta pública, y a quien, pese a nuestras diferencias políticas, le reconozco un alto sentido democrático”, expresó.

Luego, continuó con el balance legislativo. Desde julio de 2021 y junio de 2022, detalló el presidente de la Cámara, se han llevado a cabo 119 sesiones en sala, con una asistencia promedio del 91% y que suman 393 horas de sesión. Junto con ello, 48 comisiones desarrollaron 1.131 sesiones, contabilizando 1.651 horas de trabajo.

Además, de los 500 proyectos de ley ingresados a la corporación en el último año, 437 -equivalentes a un 87%- corresponden a mociones de diputadas y diputados.

“Todas estas cifras cobran sentido cuando recordamos que se han traducido en leyes para mejorar la vida de las personas que habitan nuestro Chile”, expresó.

En ese sentido, destacó algunas iniciativas como la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; Ley Dominga; Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; y la creación de la Pensión Garantizada Universal para todas las personas mayores de 65 años.

Así también, la ley que fortalece el control de armas; la ley que privilegia la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación; la Ley Marco de Cambio Climático; el proyecto para adherir al Acuerdo de Escazú; y el matrimonio igualitario.

En su alocución, también dio cuenta de la función de fiscalización de la Cámara de Diputados, la que -precisó- “siempre hay que ejercer con la máxima rigurosidad e imparcialidad”.

En esa línea, detalló que durante el periodo abordado se ingresaron 15.919 oficios de solicitud de antecedentes y se instalaron 15 comisiones especiales investigadoras que totalizan 115 sesiones de trabajo.

Sobre la representación de la corporación, reconoció “la profunda crisis de confianza e incluso de legitimidad que atraviesan nuestras instituciones”.

Y si bien admitió un descontento respecto a los partidos políticos, aseguró que estos “son esenciales en cualquier democracia y debemos trabajar por hacerlos más transparentes, más modernos y más flexibles; en ningún caso debilitarlos, ni mucho menos eliminarlos”.

“Estamos en medio de una crisis de seguridad pública, la más grave de nuestra historia republicana que, por supuesto, no es solo responsabilidad del actual gobierno, pero de la cual le corresponde hacerse cargo, con firmeza y utilizando todas las herramientas que entrega el Estado de Derecho para garantizar la seguridad y la paz social”, comenzó diciendo Soto sobre el eje de seguridad.

En ese sentido, agregó que se requiere de un “especial énfasis” en algunos territorios donde la situación “se ha hecho insostenible”. Uno de ellos, precisó, es la Macrozona Sur.

“No podemos seguir normalizando las muertes de lado y lado, y porque no hay excusas para seguir confundiendo las legítimas y necesarias reivindicaciones de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche, con actos delictuales que ninguna sociedad tiene derecho a tolerar”, indicó.

Asimismo, tras comentar su viaje a la región de La Araucanía, que se concretó a inicios de julio, llamó al Mandatario a visitar la zona: “Presidente Boric, le sugiero visitar pronto La Araucanía. ¡Allá lo necesitan!”.

Su declaración fue aplaudida por los asistentes en el Congreso. Sin embargo, tras ser interrumpido por dicho reconocimiento, emplazó a la oposición y al oficialismo.

“A la actual oposición le quiero decir, con claridad, que no será posible alcanzar la paz sin un diálogo que permita encontrar soluciones políticas a un conflicto de raíces históricas. Y al oficialismo, con convicción, les digo que aplicar el estado de derecho y garantizar la seguridad de las personas es un deber del gobierno, para lo cual se necesita fortalecer el rol de las policías y de las Fuerzas Armadas”, enfatizó.

Otro de los ejes abordados por el presidente de la Cámara fue el estallido social. “Resulta evidente que el año 2019 estalló también la crisis de nuestro propio modelo democrático”, expresó.

Según indicó, una de las muestras de aquella crisis fueron “las graves e intolerables violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, así también la “masificación de la violencia como medio de protesta, camuflando muchas veces actos delictuales que no resisten justificación alguna y que deben ser investigados y sancionados como tal”.

Y si bien reconoció que desde 1990 hay “innumerables progresos” sobre la evolución de la democracia, precisó que aún existen “varias deudas”. Una de ellas la transición desde un Estado subsidiario hacia un Estado social y democrático.

Además, destacó el trabajo conjunto del sistema político, “con un rol protagónico del Congreso”, que permitió abrir paso al proceso constituyente en 2020.

“Hoy, habiéndose cumplido el mandato de la Convención Constitucional, es necesario recordar que en momentos críticos Chile optó por la democracia, y que ese debe seguir siendo el camino sea cual sea el resultado del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, porque siempre los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”, aseguró.

En ese sentido, y ad portas del plebiscito constitucional, hizo un llamado a un “gran acuerdo transversal por la reunificación de Chile”, el cual precisó que deberá ponerse en marcha el 5 de septiembre para entregar “certezas” sobre el itinerario de los cambios constitucionales.

Así también, remarcó que “aquí no hay espacios para campañas del terror” y reafirmó que “el Apruebo y el Rechazo son opciones legítimas y tenemos que garantizar que ninguna de ellas vaya a llevar al abismo a un país que siempre ha sabido superar los tránsitos complejos de su historia”.

“Bien ha reconocido el gobierno -agregó- que en cualquiera de los casos no se agota la discusión constitucional; y ello implica que el Congreso Nacional volverá a ser la sede de los acuerdos políticos que serán imprescindibles para poder llevar a cabo la implementación y las mejoras que sean necesarias a la nueva Constitución, si gana el Apruebo, o para diseñar una nueva hoja de ruta de cambio constitucional, si gana el Rechazo”.

Durante la instancia, Soto también valoró el proyecto de ley del gobierno sobre el aumento del salario mínimo, y el aumento de los recursos del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo

También, señaló que espera que esta tare se despache a ley el bono de invierno y la extensión del postnatal parental, en el marco del plan Chile Apoya.

“Todas estas medidas son importantes para paliar el drama de la inflación y la incertidumbre económica de las familias, pero en cualquier caso siguen siendo insuficientes”, remarcó al respecto.

Además, hizo un llamado a que “la voluntad de lograr acuerdos se replique en los proyectos que forman parte de la reforma tributaria del Ejecutivo” y al mundo empresarial para “contribuir mucho más para acortar las brechas de desigualdad y lograr construir un país más justo y con paz social”.

El presidente de la Cámara también apuntó a la necesidad de impulsar un diálogo amplio para avanzar en la reforma a la sistema de pensiones del gobierno, así también a lograr amplios consensos respecto a la reforma al sistema de salud.

Sobre la crisis migratoria que se vive en la zona norte del país, Soto hizo un llamado al gobierno a aumentar el control de las fronteras “ya sea dotando de facultades a las Fuerzas Armadas o creando una policía especial al efecto”.

“El Ministerio del Interior ha reconocido que tres de las bandas más peligrosas del mundo ya se encuentran operando en Chile. Es hora de ponerle freno al crimen organizado y al narcotráfico, antes de que sea demasiado tarde y que ya no hallemos el punto de retorno”, complementó.

Así también, precisó que si bien “al gobierno le corresponde garantizar el orden público”, aseguró que “este Parlamento tiene que facilitar las cosas y no entorpecerlas, estando disponibles para legislar en las áreas en que sea necesario hacerlo”.

“Debemos tramitar con celeridad el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, porque el país necesita una institucionalidad administrativa exclusiva y fortalecida para combatir la delincuencia y la inseguridad”, añadió.

Además, indicó que se tiene que estar disponible para una “verdadera reforma estructural a Carabineros y la PDI, que aumente la inteligencia y eficiencia policial, con un irrestricto apego a los derechos humanos, para relegitimarlas ante la sociedad”.

Eso sí, manifestó que se debe brindar “todo el respaldo político para que puedan actuar con decisión en el uso legítimo de la fuerza para combatir la delincuencia y otorgar seguridad a las personas, tarea que el Estado debe respaldar sin titubeos”.