A un año del derrumbe de Huracán: las cinco interrogantes no resueltas

El martes 6 de noviembre, en el Juzgado de Garantía de Temuco, se reanudará la audiencia de formalización por asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación contra el mayor (R) Patricio Marín Lazo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de La Araucanía (U.I.O.E.). Con este procedimiento, el fiscal Carlos Palma, a cargo de investigar la manipulación de pruebas contra comuneros mapuches en la denominada Operación Huracán, concluirá la formulación de cargos contra los cuatro actores que el Ministerio Público ha identificado como los responsables del fiasco de Carabineros: Marín junto al exdirector de Inteligencia Gonzalo Blu, como cabecillas, y el capitán (R) Leonardo Osses y el civil Álex Smith como ejecutores. Los tres últimos están en prisión preventiva. Otros siete uniformados cumplen otras medidas cautelares.

La investigación inicia así su última etapa justo cuando se cumple un año del quiebre entre Carabineros y el Ministerio Público, que fue clave para evidenciar la falsedad del supuesto software Antorcha a través del cual se habían interceptado los inexistentes mensajes incriminatorios de Héctor Llaitul.

El 23 de septiembre de 2017, ocho comuneros mapuches, entre ellos Llaitul, fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva, luego de que la fiscalía informara que el grupo se había coordinado para realizar ataques incendiarios y tráfico de armas a través de aplicaciones de mensajería telefónica como WhatsApp o Telegram.

El 19 de octubre de ese año, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo de los comuneros y ordenó su libertad. A esa fecha, aunque aún no era público, la relación entre la U.I.O.E. y el fiscal Luis Arroyo, a cargo de la indagatoria, estaba rota: Marín había informado una presunta filtración desde la oficina de Arroyo, a través de la abogada Mónica Palma, a los implicados en atentados.

Según consta en la carpeta de investigación, a inicios de octubre de 2017, la Fiscalía Nacional había sido informada de esta situación. Durante ese mes, hasta inicios de noviembre, Inteligencia interceptó el teléfono de Palma y supuestamente encontró mensajes que comprometían a Arroyo, lo que era mentira. Esta crisis derivó en que la Fiscalía Nacional periciara nuevamente los teléfonos de los comuneros y descubriera que las conversaciones que motivaron su detención habían sido implantadas.

Las versiones son encontradas. En las declaraciones ante el Ministerio Público aún no se dilucida, por ejemplo, qué ocurrió con el teléfono de Martín Curiche, el dirigente mapuche sobreseído junto a otros nueve comuneros del caso Huracán, con quien supuestamente Héctor Llaitul había conversado sobre actos violentistas. En los testimonios recogidos sí hay un hecho que queda claro: la cadena de custodia de la evidencia incautada, tanto desde la detención de Curiche como del allanamiento de su domicilio, no se realizó conforme a los procedimientos. Y, finalmente, sus cuatro teléfonos celulares fueron periciados por Álex Smith sin antes cumplir con la revisión necesaria que queda en registros policiales.

El 23 de septiembre de 2017, el teniente de Carabineros Christian Geisser detuvo al dirigente mapuche y tomó su teléfono. Lo iba a ingresar a custodia, pero lo destinaron a una labor preventiva y debió abandonar la comisaría. Ha dicho que se lo entregó al capitán (R) Leonardo Osses en presencia del exjefe de la U.I.O.E., Patricio Marín, a las 15.15 horas. Pero ninguno de esos oficiales estaba en el lugar a la hora indicada. Lo concreto es que el aparato, clave en la indagatoria, quedó allí y en ese lugar se produjo, horas más tarde, el falso hallazgo de mensajes incriminatorios. El capitán Nicolás Vidal, quien comandó el allanamiento a la casa de Curiche, declaró que desconocía por qué Labocar no realizó la cadena de custodia, y el fiscal de Collipulli, Enrique Vásquez, quien esa jornada revisó el parte policial de la causa, dijo que los celulares estaban allí, sin sus embalajes correspondientes y separados del resto de las cosas incautadas. Agregó que Smith los iba a procesar, pero que cuando acompañaron al capitán Osses a fumar, se les avisó que había encontrado algo. ¿En qué momento exacto se adulteró la evidencia? ¿Quién lo hizo?

El 7 de agosto, el fiscal Carlos Palma recibió información del teniente coronel Danny Benjamín Martínez Angulo, jefe del Departamento V de apoyo a la gestión técnica de la Dipolcar, sobre la existencia de un documento que habían elaborado, en enero de 2017, dos funcionarios de la entidad que advertían las deficiencias informáticas de Álex Smith Leay (en la foto). En la época, "el Profesor" había expuesto respecto del atentado con una bomba casera contra el expresidente de Codelco, Óscar Landerretche, ocurrido el 13 de enero de 2017.

Martínez Angulo detalla que se creó un texto que quedó guardado en un computador institucional, lo que motivó el allanamiento a dependencias de la Dipolcar. Tras esa diligencia, Palma ha hecho varios interrogatorios. En uno de ellos, el sargento de la Dipolcar Erick Luck Pérez asegura que en agosto de este año se comenzó a pesquisar en la institución este documento y se dio con un archivo denominado Resumen Ejecutivo N° 3 2017-01-18, en el cual "en términos generales se hacía una apreciación poniendo en duda los conocimientos en informática de Álex Smith".

En tanto, el ingeniero en computación e informática Hernaldo Salazar Mendoza, quien se desempeñaba en Dipolcar en 2017, aseveró que "le comenté personalmente al capitán Cristián Tavra Hermann que Smith era un aficionado de la informática, que tenía conocimientos básicos, que no respondió mis preguntas y realizó comentarios técnicos que no eran comprobables, que sus datos de geolocalización no eran comprobables y que básicamente me sentí defraudado por la exposición realizada por él, quien prácticamente había sido presentado como un genio en el área". Luego de ello, elaboró el famoso informe. Aún no se establece si el director de Inteligencia de la época, general (R) Gonzalo Blu, fue informado.

Según consta en el análisis de la PDI al celular del mayor (R) Patricio Marín, el fiscal Luis Arroyo (en la foto) le escribió vía WhatsApp, el 5 de septiembre de 2017, lo siguiente: "Conversé con mi FR (fiscal regional). Coincidió en todo. Lo mejor es liberar la info por la vía legal. Si es necesario viajar a Stgo. a conversar con tu Nro. 1 lo hacemos. La idea es no mostrar las cartas mañana". "Listo amigo", respondió Marín.

Este y otros mensajes enviados y recibidos entre ambos quedaron registrados en la aplicación WhatsApp del teléfono de Marín. Sin embargo, ningún intercambio apareció en la pericia realizada al teléfono del fiscal, cuyo contenido, al que tuvo acceso La Tercera, no ha podido ser expuesto en la causa por orden de tribunales.

Los WhatsApps cobran relevancia porque Arroyo -investigado por obstrucción a la investigación- dijo públicamente que no estuvo al tanto de cómo operaba Inteligencia de Carabineros en el caso de los comuneros mapuches, y que solo se enteró el día en que fue notificado oficialmente.

Marín asegura que sí sabía, que tuvo acceso al informe número N°130 enviado por el director nacional de Inteligencia, general Gonzalo Blu, el 20 de septiembre de 2017, mucho antes de que este fuera entregado formalmente.

Los mensajes entre Arroyo y Marín comprenden conversaciones efectuadas entre enero y octubre de 2017.

En el teléfono de Marín están. Pero en el del fiscal Arroyo no hay constancia de que alguna vez hayan hablado por esa vía.

La tesis del Ministerio Público es que el supuesto software Antorcha del profesor Alex Smith, al que se atribuía la capacidad de desencriptar mensajes de whatsapp, había sido usado en la indagatoria de Huracán, y en otras operaciones, con el conocimiento de los integrantes de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de que se trataba de un fraude.

Pero Antorcha no solo se ocupó en la indagatoria contra los comuneros o en la pesquisa de pérdidas de armas en Iquique. Era utilizado, con los mismos resultados falsos, de forma privada en Carabineros. Así lo refleja la declaración del ex director general, Bruno Villalobos (en la foto), quien señala que pidió gestiones."Recuerdo que fue por una situación que afectó a mi hijo, una situación que afecto a la hija de la ex Presidenta y una o dos ocasiones más (...) me dieron un nombre y una dirección, ya que apareció en un mensaje de WhatsApp que decía que habían detenido a hija de la ex Presidenta en Argentina", aseguró Villalobos.

Las "capacidades" informáticas de Smith, además, eran validadas por el alto mando, al punto de que en una reunión en septiembre de 2017 en Santiago, los generales, entre ellos el exmandamás de Inteligencia, Gonzalo Blu, le entregaron sus teléfonos para que Smith les instalara un "parche" de seguridad que, supuestamente, los iba a alertar contra hackeos. ¿Fueron estas acciones premeditadas para cubrir el fraude que se conoció meses después?

Antes de desempeñarse en Rancagua, el fiscal Sergio Moya (en la foto) desarrolló su labor en Temuco, donde conoció a dos actores clave de la trama Huracán: el exjefe de Inteligencia, mayor (R) Patricio Marín, y el fiscal Luis Arroyo, quien destapó la manipulación de pruebas en esta causa al querellarse en enero de este año por el montaje en su contra.

Moya, según consta en la indagatoria, figura en momentos clave. Afirma que empezó a seguir el caso Huracán luego de que Arroyo le enviara la noticia sobre la detención de los comuneros y que a inicios de octubre de 2017 se reunió con Marín, quien le explicó cómo funcionaba "Antorcha" y le advirtió sobre una supuesta filtración de datos de la investigación por parte de la abogada asistente de Arroyo, Mónica Palma. El persecutor advirtió esa situación a la Fiscalía Nacional el 5 de octubre de 2017, en una reunión en la que participaron Tania Sironvalle y Mauricio Fernández.

Entre el 19 y 24 de enero de este año, Moya le pidió una prueba empírica a Smith de su programa, y tras varios intentos su conclusión fue que era un fiasco. "Nos están hueveando", declaró.

El 25 de enero, antes de que el exdirector de Inteligencia Gonzalo Blu leyera su famosa declaración en que defendió Huracán y atacó al Ministerio Público, Blu y Marín viajaron a Rancagua a pedirle su consejo. "Les dije que si no aclaraban esto tenían cara de imputados, comentario que le incomodó a Blu", arguyó Moya.