Aplicar estado de excepción en la RM: quiénes están detrás de la propuesta y quiénes la rechazan

En medio de la crisis de seguridad que ha tenido enfrentada a la oposición y el gobierno, figuras del mundo político han salido a defender la idea de aplicar un estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana.

Uno de los primeros en sugerir esa alternativa fue el exministro del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado (UDI), quien viene haciendo ese planteamiento desde mediados del año pasado, llamando a “dejar los complejos” y meditar esa medida con la finalidad de enfrentar la delincuencia.

La petición también fue puesta sobre la mesa hace algunas semanas por el gobernador de la RM, Claudio Orrego, tras los últimos hechos criminales que se han registrado en la región, como el violento ataque a un guardias de seguridad en el parque Quinta Normal y el lanzamiento de una granada a una funcionaria de Carabineros.

Ante estos acontecimientos, el gobernador Orrego expresó que este es “el momento más crítico en materia de seguridad que ha vivido Santiago en décadas (...). En ese sentido, manifestó: “para mí decretar estado de excepción en la Región Metropolitana -en toda o parte de la misma- es una medida extrema, pero creemos que hay una circunstancia extrema”.

“No puede pasar otra semana, el Gobierno tiene que evaluar en serio la posibilidad de decretar estado de excepción en la Región Metropolitana (...) La mejor manera de defender a los inmigrantes honestos que vienen a trabajar y contribuir a Chile, es expulsar de inmediato a cualquier extranjero que viene a cometer delitos a nuestro país”, aseguró a mediados de noviembre.

Unas semanas después precisó: “cuando hablamos de Estado de Excepción y Ley de Infraestructura Critica en la RM es poder utilizar la tecnología del Ejército, drones, cámaras y carros blindados para operativos. Además de apoyar seguridad en terminales de buses y estaciones de trenes”.

Más severo fue un grupo transversal de parlamentarios liderado por Raúl Soto (PPD), que emplazó al gobierno del Presidente Gabriel Boric a decretar estado de excepción constitucional en todo el país, luego del ataque que sufrió la carabinero en medio de una fiscalización en Santiago centro.

“Estamos en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia republicana de Chile. Nuevas formas delictuales, mucho más violentas e importadas de otros países, están afectando la seguridad de nuestra nación y de los ciudadanos de nuestro país”, señaló Soto.

Los parlamentarios oficialistas Marcos Ilabaca (PS), Cristián Tapia (IND-PPD), Héctor Ulloa (IND-PPD), Jaime Araya (IND-PPD), Carlos Bianchi (IND-PPD) y Tomás Lagomarsino (PR) se plegaron a la solicitud. Además de los diputados Eric Aedo (DC), Felipe Camaño (IND-DC) y Rubén Oyarzo (PDG).

“Hacemos un llamado a extremar las medidas y a echar mano a todas las herramientas constitucionales y legales disponibles para poner freno a esta situación ahora. No es tiempo de diagnósticos. Los diagnósticos ya están hechos, es tiempo de actuar”, enfatizó Soto en esa oportunidad.

Asimismo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, propuso la aplicación de cinco medidas para enfrentar la delincuencia. Dentro de ellas, estaba declarar estado de excepción constitucional en la capital, además de reforzar el trabajo de las policías con las Fuerzas Armadas y expulsar a migrantes ilegales que cometan delitos.

La edil de Providencia, Evelyn Matthei, también se mostró a favor del estado de excepción en la RM, pero con ciertos reparos. “Son tantos los homicidios que llevamos ahora, son 16 homicidios en dos semanas, algo nunca visto en Chile, que pueda que sirva por algún tiempo un estado de excepción, pero tengamos claro que esa no es la cura a la enfermedad, la cura pasa por enfrentar con mucha seriedad el tema de los extranjeros que vienen a delinquir”, indicó.

Pese a las presiones de algunos sectores, desde La Moneda han descartado esa posibilidad.

Si bien ha sostenido que desde el Ejecutivo “no se descarta ninguna herramienta”, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aclaró que “a través de diversas conversaciones que se ha tenido con las fuerzas policiales sobre decretar un Estado de Excepción en zonas urbanas, se ha llegado a la conclusión de que no es conveniente ordenarlo”.

“La decisión de no decretar Estado de Excepción y no ocupar Fuerzas Armadas en una zona urbana, como por ejemplo la Región Metropolitana, es una decisión del gobierno en conjunto con las policías, porque las propias policías han propuesto mecanismos y planes operativos para controlar esta situación, que son las que estamos haciendo”, agregó.

En el marco del cuarto Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, realizado este martes, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, respaldó lo dicho por Monsalve: “Lo han dicho todas las autoridades de gobierno, no hay ninguna medida que descartemos de plano. Lo que hemos planteado es que a problemas distintos y específicos tienen que haber soluciones diferentes”.

Sin embargo, la delegada precisó que “la problemática” de las zonas donde rige esta medida tienen “características distintas”. Bajo ese argumento, afirmó que en 2020 hubo estado de excepción en la Región Metropolitana y “fue uno de los años en que hubo mayor cantidad de homicidios”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, en tanto, ha explicado que “los expertos lo que dicen es que cuando usted ocupa un estado de excepción, lo que hace es, no solo tener un régimen excepcional de libertades, sino que además, un régimen excepcional de intervención que supone una intervención de FF.AA”.

En ese sentido aseguró que “los estados de excepción constitucional son situaciones que uno tiene que atemperar no solo del punto de vista de lo que implica de la declaración, sino del punto de vista de los medios de acción y yo creo que los medios de acción deben seguir estando de un modo muy intenso en la intervención de las policías”.

Por su parte, los jefes de partidos oficialistas se han cuadrado con la postura de La Moneda para enfrentar la crisis de seguridad y han desecharon la idea de ampliar el estado de excepción constitucional a la Región Metropolitana.

Consultado por la petición liderada por un diputado de su partido, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló que “son temas que cada cierto tiempo aparecen, pero evidentemente no tienen ningún sentido, aquí hay una opinión colegiada por 10 presidentes de partido de todo el oficialismo que creen que es absolutamente inviable”.

El Ejército también ha dado su opinión, apuntando a que esas tareas no serían las propias de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“No es recomendable decretar un estado de excepción en la capital. Las Fuerzas Armadas, desde mi mirada, no tienen mucho que hacer en tareas de orden público o policiales. Las Fuerzas Armadas no tienen cultura policial, tienen una cultura militar y eso se logra en la formación, son años”, aseguró el fin de semana pasado el excomandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez.

“Lo que haría con las autoridades políticas, de revisar cuáles son las tareas que hoy tiene Carabineros para ver si las siguen haciendo ellos, o las hace otra organización o institución, de manera tal de que ellos estén en la calle”, añadió.