Auditoría cifra en $ 166 millones el pago en exceso de viáticos en 2018

Para los diputados, el informe de auditoría que realizó el comité encargado para revisar excesos en el pago de viáticos en 2018 y que fue difundido ayer es solo preliminar. Pero lo cierto es que los auditores evacuaron un documento final respecto del estudio extraordinario encargado por la mesa de la Cámara, y en cuyas conclusiones se constata que 153 de los 155 diputados recibieron viáticos abultados.

Según el trabajo del comité -realizado luego de que La Tercera detectara en noviembre inconsistencias en el pago de esta asignación que sustenta los gastos de parlamentarios por asistir al Congreso- , existen criterios interpretables a partir de la normativa que fue modificada a mitad del año pasado. Se señala que, por ejemplo, hasta julio de 2018 no estaba claro cómo descontar las inasistencias de los diputados.

Sin embargo, el comité explicitó que, de acuerdo a las asistencias a la sala, a las sesiones y a otras actividades por parte de los diputados, y en virtud de las semanas legislativas por cada mes, la diferencia pagada en exceso asciende a $ 166 millones, considerando que por cada día de viático el monto oficial es de $ 78.621.

Para los auditores, ese cálculo es el "estricto", acorde a la normativa. Pero asumiendo que el Departamento de Finanzas de la Cámara interpretó de otro modo la normativa, los auditores realizaron un segundo cálculo, considerando las inasistencias a la sala justificadas por viajes al extranjero (que era lo único que la normativa explicitaba y que finanzas habría seguido). En esa versión, el exceso en los pagos suma $ 118 millones.

Más allá de la cifra, el informe plantea dificultades para la pesquisa de los antecedentes que sustentan el pago de viáticos. Los auditores exponen que no existe un sistema establecido en la Cámara para procesar los viáticos, como sí lo hay en el Senado. "No existen reglas complementarias impartidas por la Comisión de Régimen Interior y la administración en relación con los viáticos nacionales, a diferencia de lo que ocurre en el Senado", se lee en el informe. Se explica que, incluso, en el transcurso de su auditoría, desde el Departamento de Finanzas les pasaron información de respaldo que poseía inconsistencias, por lo que posteriormente, desde el mismo departamento, les debieron entregar otro archivo para reemplazar las cifras erróneas. "Al comité no le asiste certeza de que la información proporcionada sea completamente fidedigna", advirtieron los fiscalizadores.

El comité también hizo hincapié en el hecho de que durante gran parte del periodo auditado los pagos de viáticos se realizaron en forma anticipada, descontándose los días de inasistencia del mes anterior. "Implica un permanente rezago de la información, toda vez que se paga de manera anticipada, sin que conste que en algún momento del año se realizara un ajuste o cuadratura final", se señala en la página 7 del documento.

En otro punto, los auditores niegan lo señalado por la administración de la Cámara a cargo del secretario general Miguel Landeros, respecto de que los montos que inicialmente se objetaron fueran restituidos: "No se efectuó ningún descuento por el pago en exceso de junio", dice el informe.

Se reclama, además, que en la Cámara tampoco existe una persona encargada de surtir información actualizada a Transparencia Activa. De hecho, la última información de acceso ciudadano data de octubre de 2018.

El Comité de Auditoría, liderado por la abogada Priscila Jara, propone que estos fondos sean restituidos y evita apuntar a responsables. Señala, incluso, que hubo errores, pero no habla de irregularidades. Los auditores sí piden que se eliminen los anticipos de gastos operacionales.

Tras conocerse el documento, durante la tarde de ayer, la Comisión de Régimen Interno de la Cámara emitió un comunicado en donde advirtió que en el informe -que calificaron de preliminar- "ha quedado de manifiesto que no hay perjuicio fiscal alguno ni responsabilidad de los parlamentarios en la imputación de viáticos a cada diputado y diputada".

En ese sentido, la corporación aseguró que las inconsistencias detectadas en el análisis "se han generado, como lo demuestra el informe, por una falta de claridad de las normas dictadas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y sus sucesivos cambios, la interpretación que de esas normas ha hecho la Dirección de Finanzas y los eventuales errores en el cálculo efectuado por esa unidad".

Y agregó: "De lo señalado por Finanzas y de lo expresado por el informe, existe una clara contradicción respecto de cómo debieron imputarse estos gastos, al punto de que el propio Comité de Auditoría no ha podido llegar a una cifra única de lo que se habría imputado incorrectamente".