Ausencia de senadores opositores posibilita rechazo de acusación contra Guevara en el Senado y desata fractura en la centroizquierda

Por 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones el Senado rechazó esta jornada la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. La oposición no logró conseguir los 22 votos necesarios para visar el libelo. 

Las ausencias y dudas respecto a cómo votar el libelo por parte de los parlamentarios de la centroizquierda fueron claves a la hora de definir el futuro de la autoridad regional, a quien se le imputaba el presuntamente haber infringido el derecho a la libre reunión a través de la estrategia de "copamiento" en Plaza Baquedano que fue ejecutada por Carabineros durante las jornadas de manifestaciones del el 20 y 27 de diciembre. 

La jornada comenzó con poca presencia de senadores en la sala y con la confirmación, de parte del senador Manuel José Ossandón (RN) de su pareo con la DC Ximena Rincón, cuya presencia era duda hasta esta mañana.

Así, la legisladora por el Maule se sumaba a las ausencias ya confirmadas los días previos, de José Miguel Insulza (PS), quien se encuentra con permiso constitucional; Rabindranath Quinteros (PS), pareado con Andrés Allamand (RN); y de Felipe Harboe (PPD), pareado con Víctor Pérez (UDI).

Aunque en la mañana también se había indicado que el socialista Juan Pablo Letelier tampoco sería parte de la votación del libelo y que utilizaría su pareo con su par José García Ruminot (RN), finalmente rompió dicho acuerdo y respaldó la acusación tras, según sus palabras, cambiar el juicio que tenía. 

Pero, a pesar de eso, no rompió ninguna regla del Congreso, ya que según explicó al inicio de la sesión el secretario del Senado, Raúl Guzmán, los pareos "no producen el efecto de obligar al senador pareado a no votar cuando se tratase asuntos de quórum calificado".

En tanto, los senadores de la DC, Jorge Pizarro y Carolina Goic, se abstuvieron en la votación del libelo.

De nada sirvieron los emplazamientos realizados en sala ayer por los diputados de centroizquierda que oficializaron la acusación contra Guevara en la sala del Senado, así como también de algunos representantes de la oposición en la Cámara Alta. Advertencias, de hecho, que reflejaron la fractura que abrió el resultado en el sector.

"Espero que todas y todos estén a la altura de sus obligaciones constitucionales y que responsablemente asistan a pronunciarse sobre esta acusación. La ciudadanía no entendería que, llamados a ejercer este derecho que tienen ustedes y obligación que les asista, no cumplan con ese deber que la constitución y las leyes les señala", había señalado ayer el diputado socialista Jaime Naranjo. 

La división quedó más latente con las críticas que algunos senadores de oposición realizaron al libelo durante las argumentaciones en sala.

"Creo que estamos frente a una acusación menos rigurosa que aquella contra el exministro Chadwick y eso me preocupa cuando hemos escuchado a diputados amenazando con nuevos libelos a otras autoridades del Estado. Es responsabilidad e todos cuidar la institucionalidad. Porque eso también implica cuidar la democracia. Hago un llamado a la responsabilidad", señaló Jaime Quintana (PPD).

El socialista Carlos Montes, en la misma línea sostuvo que "yo no soy abogado, pero veo la fragilidad de los elementos para concluir que el derecho a reunión y el derecho a expresión a sido afectado durante estos días y las condiciones señaladas". Para mandar un mensaje a la Cámara Baja: "Quiero decirle a la Cámara de Diputados desde acá y a los representantes de ella aquí, que la acusación constitucional es un mecanismo institucional que no es apropiado para cualquier situación. En ese caso la discusión es otra, la discusión es sobre la naturaleza de la crisis, la alternativas para enfrentarla, las violaciones a los DD.HH., el descontrol del orden público. Centrar el debate y las decisiones en la infracción específica de un funcionario de segundo nivel es forzar la situación. No abusemos de la acusación constitucional".  

Guevara, en tanto, se le vio tranquilo. Acompañado por sus abogados, Cristián Muga y Rodrigo Ávila y los ministros del Interior, Gonzalo Blumel; Segpres, Felipe Ward; y el de Vivienda, Cristian Monckeberg.

Previo a la votación, el intendente de la RM había recibido el respaldo del Presidente Sebastián Piñera, declarando que "lo que ha hecho es cumplir con su deber de proteger el orden público y seguridad ciudadana utilizando los instrumentos que la ley otorga, los mismos instrumentos utilizados por otros intendentes de Santiago".

El 23 de enero pasado la acusación había sido aprobada por la Cámara de Diputados con la ausencia de seis diputados del comité DC: Matías Walker, Daniel Verdessi, Miguel Ángel Calisto, Manuel Antonio Matta, Fernando Meza y Pablo Lorenzini (quien se había marcado abstención en la cuestión previa). A lo que se sumó la abstención del también falangista, Jorge Sabag. 

Ahora el Senado, según la Ley Orgánica del Congreso, deberá notificar del resultado al acusado, a la Cámara de diputados, al Presidente y al tribunal ordinario competente. Y con ello, la autoridad ya puede retomar sus funciones.

La acusación contra Guevara es la quinta que ha presentado la oposición en contra de una autoridad de gobierno o del entorno del Presidente Sebastián Piñera durante este mandato.

En la Cámara de Diputados habían naufragado hasta ahora tres libelos al aprobarse la denominada cuestión "cuestión previa": contra el Mandatario y contra la titular de Educación, Marcela Cubillos y el exministro de Salud, Emilio Santelices.  

La única que hasta ahora había pasado la valla de la Cámara de Diputados y del Senado fue la acusación en contra del exministro del Interior y brazo derecho de Piñera, Andrés Chadwick.

El exjefe de gabinete -que ya había dejado el cargo cuando fue acusado- quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años luego de que la Cámara Alta lo acusara de "haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los DD.HH." en el marco del estallido social.