Avanza indulto a detenidos durante el estallido social: Comisión de Constitución del Senado aprueba idea de legislar la iniciativa

Este miércoles se vivió una jornada clave en el Congreso para el proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias para detenidos en el marco del estallido social. Esto, porque hoy la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la iniciativa que se encuentra aún en su primer trámite constitucional.

Esta semana -y tras ocho sesiones donde expusieron más de una decena de juristas, familiares de los detenidos, representantes del Ejecutivo, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y del Poder Judicial- se dio por finalizada la ronda de audiencias para analizar el proyecto y se dio paso así a la votación de la idea de legislar.

La iniciativa contó con los votos favorables de Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y del presidente de la instancia, Pedro Araya (Ind.) y con el rechazo de los parlamentarios de Chile Vamos, Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN). Ahora pasará a Sala.

Tras esta votación, los parlamentarios comenzaron a ver el quórum que se requerirá en la Sala del Senado.

Se acordó, finalmente, que el articulado en general deba ser aprobado con quorum calificado -es decir, mayoría absoluta o 22 votos-, mientras que los artículos 4° y 5° de la iniciativa, al tratarse de una norma orgánica constitucional, requieran de 4/7 de las y los legisladores en ejercicio o 25 respaldos.

El proyecto de ley -originado en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO)- ya había sido respaldado en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de la Cámara Alta.

La tramitación de la iniciativa no ha estado exenta de tensiones. Durante el último mes su avance legislativo cobró relevancia luego de que la Convención Constitucional aprobara una declaración -el pasado 8 de julio- donde demandaron la “máxima celeridad” a la tramitación de la iniciativa. En dicho texto también se solicitó abarcar en el indulto a los presos por el conflicto de La Araucanía desde el 2001.

Desde el gobierno, en tanto, han dejado en claro su postura contraria a la iniciativa, asegurando que genera “impunidad”.

“Hablar de presos políticos o justificar un indulto porque habrían personas que habrían actuado motivadas por razones de carácter político es ocultar la voluntad que algunos quieren (de) simplemente declarar a esas personas, por empatía, por solidaridad con la causa, declararlos impunes, lo cual está ciertamente fundamentando algo que es quizás más grave, que es validar de esta manera la violencia como un modo de actuar en política”, sostuvo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuando participó de la Comisión.

Mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado aseguró que “este es un mal proyecto, porque genera impunidad (...) que avala la violencia”.

En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló en una de las sesiones que el proyecto “tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer cuáles son las personas que se encuentran en esta situación” y que había dificultad para determinar el universo de personas que se verían beneficiadas por el indulto.

Justamente, el número de personas en prisión preventiva o formalizadas por hechos vinculados al estallido social fue uno de los puntos que se tomó el debate. Así como también generó discusión el tema de si en Chile habían o no presos políticos.

El proyecto, además, había generado repercusiones en el ámbito presidencial. La senadora DC Yasna Provoste, carta presidencial de su partido y una de las autoras del proyecto, sufrió una protesta de familiares de detenidos en el estallido durante el lanzamiento de su campaña presidencial en Vallenar hace algunos días. Y el candidato a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, recibió un golpe de puño durante su visita a la Cárcel Santiago 1 para reunirse con detenidos en el marco de la crisis social. Durante la campaña, además, su entonces contrincante para la primaria, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), aseguró que “gracias” al diputado del Frente Amplio habían detenidos en el marco del estallido social.

La primera en intervenir fue la senadora Ebensperger, quien aseguró que “la violencia no puede ser validada como forma de actuar en política (...) Tampoco es bueno confundir acá cuáles son las víctimas”.

“No son delitos políticos, sino que delitos comunes. Se confunde el estallido social, que nace de un descontento político, con delitos comunes que cometieron aprovechándose de este estallido social, pero de que, desde mi modo de ver y la definición que la mayoría de la doctrina hace, no son delitos políticos (...) No se reúnen las condiciones para dictar una ley de indulto general o de amnistía”, complementó.

Mientras que De Urresti, quien apoyó el proyecto, justificó su postura debido a que “la falta de objetividad, el uso abusivo y extendido de la prisión preventiva, el uso indiscriminado de querellas genéricas por parte del Ministerio del Interior, (que) nos lleva a una situación de una serie de casos, de decenas de casos a lo largo de Chile, en la cual la situación es insostenible y se está afectando la liberad y la condición de decenas de personas que participando en un proceso de una revuelta popular frente a un sistema que provocó el inicio de un proceso constituyente (...) no podemos soslayar esa situación”.

“Es bastante claro -dudo que alguien piense distinto- que independiente que el proyecto se denomine de indulto, la verdad es que estamos frente a un proyecto que busca provocar los efectos de una amnistía”, dijo por su parte Galilea, quien agregó luego que “la manifestación es un derecho, pero tiene límites, y el límite es que sea pacífica y sin armas. Pedir lo que se quiera pedir es legítimo, pero no por medio de la violencia atacando personas y propiedad pública o privada. Es una línea que no se puede dejar pasar, menos en una sociedad en democracia”.

Por su parte, el senador Huenchumilla aseveró que “me parece que hay una justificación política, histórica y jurídica para que nuevamente el Estado haga lo que ha hecho a lo largo de la historia de Chile, para extinguir la responsabilidad penal y buscar un bien superior”.

Por último, Araya manifestó que “nosotros tenemos que ayudar a construir paz social (...) Aún cuando este proyecto pueda tener una mala factura técnica y pueda presentar una serie de inconvenientes que quedaron a la vista en la discusión del proyecto, eso no puede ser un impedimento para que tomemos una decisión de carácter político, que es de qué manera contribuimos a buscar y alcanzar la paz social, con justicia”.

En tanto, desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, rechazó el avance de la iniciativa.

“Como gobierno hemos sido reiterativos en esta materia. No corresponde inmiscuirse en las facultades que son propias de los Tribunales de Justicia, de investigar y esclarecer los hechos de violencia acaecidos luego del 18 de octubre. Por eso nos resulta inexplicable que senadores hayan apoyado este proyecto de ley que busca la impunidad de quienes cometieron delitos graves como el lanzamiento de bombas molotov en contra de personas”, aseguró Galli.

“Es más, esos senadores tendrán que explicarles a esas víctimas del centro de Santiago, de Concepción, de Valparaíso, a esas carabineras que les quemaron la cara, tendrán que explicarles por qué esos delitos van a quedar impunes”, cerró el subsecretario.