Bancada RN se suma a arremetida contra diputada Pérez: enviarán antecedentes a Fiscalía y oficiarán a Contraloría

Tras el anuncio de la diputada Catalina Pérez (RD) de dejar en suspensión su cargo en la vicepresidencia de la Cámara Baja ante la ofensiva opositora en su contra, la bancada de Renovación Nacional (RN) se plegó a la arremetida emprendida en un principio por la UDI y anunció que enviarán los antecedentes del caso al Ministerio Público, además de oficiar a Contraloría para que se pronuncie por eventuales irregularidades.

La censura fue presentada a raíz de las acusaciones sobre un convenio celebrado entre la fundación Democracia Viva representada legalmente por Daniel Andrade -pareja de la vicepresidenta de la testera, Catalina Pérez- y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $426 millones.

El jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, lamentó que Pérez no haya renunciado debidamente a su cargo, pues a su juicio “se trata de configurar una figura legal que hoy día no existe en el Congreso Nacional”.

Además, adelantó que enviarán los antecedentes a la Contraloría General en dos aristas: una para indagar en la responsabilidad del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en aceptar la renuncia sin instruir antes un sumario administrativo; y en segundo lugar, solicitar que se investigue la transferencia de recursos públicos y la utilización de estos.

Por otro lado, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, por la presunta vulneración de la probidad administrativa y el interés fiscal.

“Nosotros creemos que es pertinente primero establecer las responsabilidades para luego promover, o aceptar una renuncia, porque si el Seremi no tenía ni una responsabilidad, debió haber hecho un sumario previo y haberse establecido todas las responsabilidades debidamente para luego poder tomar la decisión de aceptar la renuncia o no. Creemos que se faltó a un procedimiento e importante que el Ministro lo explique en la comisión”, dijo Sauerbaum.

Tras decretar su suspensión del cargo, la extimonel de RD acusó un acto de “aprovechamiento político” y afirmó que tomó esta decisión para proteger el proyecto del oficialismo, tras las acusaciones sobre un convenio entre su pareja, Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

“El daño que se me ha infringido no puedo permitir también se le infrinja también al oficialismo, tenemos un proyecto político y Congreso que cuidar (...) No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza ni en esta ni en otras ocasiones”, sostuvo.