Beneficios a condenado por crimen Luchsinger-Mackay y a “presos de la revuelta” añaden nudos a posible acuerdo de seguridad

“El indulto no puede ser parte de un gran acuerdo contra la violencia”. Con esas palabras, ayer, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, abordaba en Canal 13 uno de los temas que se tomaron la semana: la conversación que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric, en la que ambos concordaron la necesidad de avanzar en un “acuerdo nacional por seguridad”.

Luego de que el Mandatario revelara este diálogo, se produjeron otras conversaciones con la oposición para buscar un entendimiento. De esta manera, el Jefe de Estado también conversó con el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, y se estaba a la espera de que se produjera un posible encuentro durante esta semana en La Moneda.

Sin embargo, pese a las intenciones iniciales y a la apertura que mostró la derecha a participar de un posible entendimiento, hasta el viernes se tenía como principal nudo el rol de las FF.AA. en temas de orden público y seguridad interna, especialmente para abordar casos como el conflicto en la Macrozona Sur y por la crisis migratoria.

Además, durante las últimas horas, la posibilidad de un acuerdo se complicó también por el beneficio carcelario que concedió el gobierno al machi Celestino Córdova -condenado a prisión por el ataque incendiario donde murió el matrimonio de Werner Luchsinger y Vianne Mackay en 2013- y por las negociaciones que el Ejecutivo mantiene para dar una salida a los llamados “presos de la revuelta social”.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, en El Mercurio dijo que “el indulto a los presos de la revuelta es un compromiso, una prioridad”, y luego al ser consultada si acaso el machi era un preso político o un homicida respondió: “No me compete pronunciarme”.

En la derecha molestó que las palabras de Ríos no eran, en el fondo, una “salida de libreto”. La ministra del Interior, Izkia Siches, en la Comisión de Seguridad del Senado, el miércoles pasado había dicho que el gobierno se encontraba estudiando una reforma a las normas de las prisiones preventivas, fórmula que se baraja como alternativa a la Ley de Indulto-Amnistía para los presos por manifestaciones relacionadas con el estallido social de octubre de 2019. El Ejecutivo, adicionalmente, está revisando otras opciones a las amnistías generales, como las correcciones a condiciones carcelarias.

“Las señales que se han entregado son súper equivocadas: proyecto de indulto al estallido, el retiro de las querellas de la Ley de Seguridad del Estado, el beneficio carcelario a Celestino Córdova, en fin”, criticó Macaya, cuyas declaraciones fueron encontrando eco en otras reacciones de su sector, que, a su vez, ponían en jaque la posibilidad de un acuerdo por la seguridad.

Por ejemplo, en RN, su secretario general, el diputado Diego Schalper, cuestionó: “¿Cómo va a ser creíble un diálogo por orden público, cuando no sólo no ejercen facultades que tienen para poner más orden, como el estado de excepción, sino que además envían señales como el indulto a violentistas como prioridad?”.

En el Partido Republicano su presidente, el senador Rojo Edwards, sostuvo que “me resulta imposible participar de un acuerdo en seguridad si el gobierno protege a un asesino condenado por quemar viva a una pareja de adultos mayores y de manera contumaz pretende liberar a quienes incendiaron y saquearon pymes, iglesias e intentaron quemar vivos a carabineros. Diálogo sí, pero no a cualquier costo”.

Mientras que en Evópoli, el senador Felipe Kast sostuvo que ”yo le digo al Presidente Boric ¿de qué se trata su llamado por un acuerdo de seguridad? Que le ponga seriedad a aquello, que se diga a qué se compromete, porque votaron en contra del proyecto del robo de madera, votaron en contra del proyecto de usurpaciones, votaron en contra del proyecto que permitía la Ley Antiterrorista. Si está disponible en avanzar en eso, va a contar con nosotros (...) Una frase como la de la ministra de Justicia va a quedar completamente fuera de lugar en un acuerdo como ese”.

Para este lunes, el senador y jefe de bancada Iván Moreira tenía planeado pedir en la reunión de comités con la mesa del Senado que el proyecto de amnistía-indulto se pusiera en tabla para ser votado en la Cámara Alta. En el gobierno son conscientes de que no se cuenta con la mayoría absoluta de los votos para aprobar esta iniciativa, por lo que en la oposición esperaban que se viera el proyecto para rechazarlo.

En Chile Vamos creen que la moción, al ser impopular, sería rechazada también por senadores de centroizquierda. Por ello, sostienen que el gobierno no ha querido ponerle discusión inmediata para que no se caiga.

Con todo, en la derecha también esperan condicionar un acuerdo por seguridad a otras materias, como la instauración de un estado de excepción en la Macrozona Norte por crisis migratoria, y en la Macrozona Sur, y adoptar medidas respecto del retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado.

De todas maneras, en Chile Vamos afirmaban que el tema todavía estaba verde. De hecho, algunos partidos como Evópoli, presidido por Luz Poblete, no habían sido contactados al cierre de esta edición.

El rol de las Fuerzas Armadas, en todo caso, sigue siendo una traba para un eventual acercamiento, especialmente por los reparos de sectores de izquierda. Frente a ello, el gobierno ha sugerido un estado de excepción intermedio, que tenga predominio civil y de las policías, con colaboración de militares. Mientras que algunos sectores oficialistas, como el PPD, le sugieren al Ejecutivo optar por la reforma de “infraestructura crítica”, que permitiría que las FF.AA. apoyen en el resguardo de lugares públicos (rutas) o estratégicos (centros de abastecimiento y de energía) cuando el Presidente de la República lo determine.