Candidata del PDG condenada por tráfico ofrece disculpas al partido: “Pequé de ignorante al confiarme en mis papeles”

Tras renunciar a su candidatura al Consejo Constitucional luego de que se conociera que estuvo en prisión durante cinco años por tráfico de drogas, la excandidata del PDG por Arica y Parinacota Karla Añes, a través de un video, ofreció disculpas al partido por el escándalo que generó la información y afirmó que “pequé de ignorante” al confiar en que no habría problemas con su candidatura debido a que sus antecedentes penales “están limpios”.

La polémica fue desatada por la cuenta de Twitter “Bot Checker”, donde se publicó una causa que involucró a Añes en el año 2011. La candidata del PDG fue imputada y luego condenada por el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago como autora “del delito de tráfico ilícito de estupefacientes” a cinco años y un día de presidio, además de la prohibición de ocupar cargos públicos a perpetuidad.

Esto, llevó al PDG a emitir un comunicado donde señalaban que desconocían los antecedentes y que ya no apoyaban la campaña de Añes, tras lo cual la ahora excandidata decidió declinar su candidatura.

En imágenes enviadas a Meganoticias, Añes señala: “Quisiera empezar disculpándome con todo el partido PDG, con cada uno de sus afiliados, con cada uno de sus candidatos”.

“Pequé de ignorante en la parte de confiarme mucho en mis papeles y en mis antecedentes penales, que están limpios, y no ver la dimensión que está llevando el asunto ahora”, añadió la excandidata, cuyo nombre aparecerá, de todas maneras, en las papeletas de la elección de este domingo.

“Lamento mucho el mal rato que estoy haciendo pasar a todo el PDG, no fue mi intención, no fue algo que haya tenido planeado ni nada de esas cosas”, sostuvo Añes, tras lo cual indicó que “me disculpo mucho de corazón con cada uno de ustedes, con cada uno de los candidatos más que nada, porque nosotros el 7 de mayo estamos por algo mejor para Chile. Lamento mucho el mal rato”.

Los hechos se remontan a septiembre de 2010, cuando Añez fue detenida portando un bolso de mano que en su interior contenía cuatro paquetes embalados con cinta adhesiva y cada uno de ellos con clorhidrato de cocaína en su interior, con un peso neto total de 588 gramos.

En la sentencia -que ya es definitiva debido a que en 2012 la Corte de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa- se lee que el tribunal le impuso una condena aflictiva de cinco años y un día y la pena accesoria de “inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”.

Su condena de cárcel fue cumplida y recibió el beneficio de la libertad condicional. Por esto último, posteriormente ella tramitó en el Registro Civil que se le limpiaran los antecedentes. El certificado que da cuenta de esa información consigna que Añes no tiene antecedentes.

Sin embargo, las miradas apuntaron luego al Servel. El presidente del consejo directivo, Andrés Tagle, consultado por este tema, sostuvo que “esta persona fue condenada a un delito de pena aflictiva. A nosotros se nos notificó esa situación y ella perdió sus derechos ciudadanos, porque ese es el efecto que tiene la condena a pena aflictiva. De acuerdo al artículo 17 de la Constitución, cumplida su pena ella recuperó su derecho a la ciudadanía. Se nos notificó el cumplimiento de la pena y la recuperación de la ciudadanía en 2017 por el Registro Civil. Por lo tanto, ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio”, explicó Tagle.

El problema fue que Tagle no consideró la totalidad del artículo 17 de la Constitución. Esa norma tiene una regla especial -situada en el número 3- para las personas que son condenadas por delitos terroristas o por tráfico de estupefacientes. Para todos esos casos, la regla constitucional -la norma de más alto rango en el ordenamiento jurídico- establece que “podrán solicitar su rehabilitación (de ciudadanía) al Senado una vez cumplida la condena”.