Chile Vamos anuncia ofensiva por “financiamiento irregular” en campaña de Karina Oliva

“Esto es grave, va contra la transparencia y la probidad y vamos a estudiar todas las acciones legales que correspondan”. Con esas palabras el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, daba cuenta del ambiente que existía en la oposición, luego de que La Tercera revelara que la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, confesó que algunos de sus gastos electorales fueron para financiar las campañas de otras candidaturas.

Fueron cerca de $68 millones los objetados por el Servicio Electoral (Servel) a la campaña de Oliva, a los cuales se les fue negado su reembolso. Según confesó Oliva ante el propio organismo, varias de esas facturas fueron para financiar material de campaña -como palomas, volantes, bolsas- de otras candidaturas, como las diputadas electas de Comunes, Emilia Schneider, Camila Rojas, Ana María Gazmuri, el diputado Tomás Hirsch y otros excandidatos a constituyentes y a alcaldes mencionados.

“Acá hay financiamiento irregular con plata estatal. Lo que hace a mi juicio que sea mucho más grave porque es plata que se podría haber destinado a viviendas sociales, a hospitales, a ayudas sociales y las personas hacen trampa con la plata de todos los chilenos”, enfatizó el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri.

Mientras que su par de RN, Andrés Longton, añadió que “eventualmente puede ser financiamiento irregular a raíz de los antecedentes que han ido surgiendo y que se contradice con el discurso que ellos enarbolaban respecto de que iban a cambiar la política, que venían a erradicar viejas prácticas. Pareciera que esas viejas prácticas las han venido a profundizar”.

De ahí que durante la tarde en Chile Vamos socializaron cómo podría ser la línea fiscalizadora que siguiera para abordar el caso de Oliva, quien solía militar en el partido Comunes que comprende a la coalición de gobierno del Frente Amplio.

Según comentaron los diputados, la primera acción era llevar a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Baja a las diputadas involucradas. “Vamos a llevarlos a la Comisión de Ética y estamos investigando si hay algún otro cargo público que fue beneficiado con estas platas, porque al parecer la campaña de Karina Oliva fue pagadora de favores políticos”, retrucó Alessandri.

Otra de las medidas será pedirle al Servel que oficie al Tricel para que se analice si se puede destituir a las diputadas involucradas, en base a lo regido por la Constitución Política que establece que “cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral”. Undurraga agrega que: “Y si es que esto es causal como dice la Constitución de destitución, tendrá que ser causal de destitución”.

Mientras que las otras alternativas que se estudian es llevarlo al plano penal. “Ya sea a través del Ministerio Público, o del Consejo de Defensa del Estado”, agrega Longton. De hecho, el equipo jurídico de los parlamentarios de Chile Vamos se encuentra estudiando los antecedentes para ver si se ingresa alguna denuncia, mientras que los diputados de oposición además se pondrán en contacto con algún consejero del CDE para que el organismo pueda ingresar una querella criminal en base a los hechos.

El tema provocó molestia en el resto de la derecha. Ahí el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, emplazó a sus pares involucrados: “Lo que requerimos es que sean ellos quienes señalen la veracidad de las denuncias de Oliva. Lo importante es que recuperemos la confianza”.

Mientras que el diputado de RN, Andrés Celis, quien ya había denunciado el tema ante la Fiscalía respecto de casos anteriores, agregó que complementarán ante el Ministerio Público los nuevos antecedentes, “para que pueda citar a los parlamentarios que hoy aparecen involucrados. Nos parece gravísimo sobre todo de personas que acusan las malas prácticas políticas del financiamiento irregular”.