Comisión aprueba enviar cuestionarios sobre indultos a Boric y al contralor en medio de cuestionamientos de diputados oficialistas

Durante esta mañana la comisión de la Cámara de Diputados sobre indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric sesionó para acordar las preguntas del cuestionario que se enviarán al Mandatario y al contralor, Jorge Bermúdez, tras el término del periodo de audiencias.

El cuestionario dirigido al Mandatario consta de seis preguntas formuladas por Renovación Nacional y 17 de parte de la UDI. La presidenta de la comisión, Sofía Cid (RN), explicó que están dirigidas a si Presidente manejaba o no antecedentes relativos a los indultos, si es que las personas que lo asesoraron en dicho momento tuvieron los antecedentes, y si se consideraron los informes de Gendarmería.

Además de saber cómo participaron la exministra Marcela Ríos y su exjefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía. También preguntar en relación a las declaraciones de la ministra Camila Vallejo en enero y que luego fueron totalmente cambiadas por el subsecretario Manuel Monsalve.

Si bien las preguntas fueron aprobadas, la instancia estuvo marcada por cuestionamientos de parlamentarios oficialistas respecto al origen del cuestionario dirigido al Presidente, pues argumentaron que “no procede hacer este cuestionario ya que no hay norma expresa que así lo establezca ni en la ley orgánica ni en el reglamento del Parlamento”, aseguró la diputada de Convergencia Social, Lorena Fries.

En la misma línea, Claudia Mix (Comunes), acusó que las preguntas “no llegaron antes” del inicio de la sesión y que era “impresentable que estén avalando un procedimiento así”.

La comisión aprobó enviar un cuestionario de preguntas al Presidente Boric por 4 votos a favor y 2 en contra.

Tras ello, la presidenta de la instancia, Sofía Cid, señaló que la votación “se hizo de acuerdo al reglamento”, y que “se está procediendo como corresponde”.

Lo anterior fue refutado por Marcos Ilabaca (PS), pues, según dijo, “el acto de votación respecto a la solicitud que se está desarrollando, es inconstitucional, es ilegal, y antireglamentario”.

“En un sistema presidencial como el nuestro, se establece claramente la forma en que los parlamentarios en uso y atribuciones fiscalizadoras llevan adelante la relación con el Presidente, y eso es a través e los ministros de Estado, por eso en la Constitución, la ley orgánica y el reglamento están todas las normas respecto a su relación”, explicó.

Además, hizo el punto en que a la comisión ya asistieron previamente ministros que contestaron todas las preguntas, y que “hasta el momento no se ha entregado respuesta por parte de la secretaría respecto a esta innovación jurídica, esta creación legislativa respecto a un tema esencial y sensible”.

A pesar de las críticas, el cuestionario para el contralor fue aprobado por 6 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Finalmente, la presidenta de la comisión afirmó que “no es primera vez que en una comisión se envían preguntas”, dando como ejemplo los casos Caval, Catrillanca y Cascadas.

“Esto no es nada que sobrepase el reglamento ni las facultades que tenemos como diputados. Si esto se rechazara tengo la facultad de enviarle el mismo cuestionario al Presidente y al contralor”.

En esa misma línea, el diputado Miguel Mellado (RN) manifestó entender a los parlamentarios de gobierno porque “nosotros hicimos lo mismo, me tocó estar en la comisión de Catrillanca e hicimos lo mismo para defender al Presidente Piñera”.

“Ahora se aprobaron las preguntas, el punto en cuestión es ¿vamos a ejercer la democracia real? porque esta es la democracia real donde efectivamente la mayoría de los diputados presentes votó a favor un cuestionario al Presidente de la República, ¿cuál es el hecho malo? Me parece bien que protejan a su Presidente pero eso no significa que no podamos ejercer la democracia”.

Desde Renovación Nacional enviaron seis preguntas, entre ellas:

1. ¿Cuáles fueron las desprolijidades que S.E. advirtió en la ejecución de su decisión de indultar y en cuyo mérito acogió la responsabilidad política que la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos asumió al renunciar?

2. ¿Sigue pensando y creyendo que Jorge Mateluna Rojas es inocente? ¿Influyó la convicción de inocencia de Mateluna en la concesión de su indulto?

3. ¿Cree que los indultos favorecieron efectivamente a una mayor cohesión social y reencuentro nacional?

Mientras, desde la Unión Demócrata Independiente enviaron un documento con 17 preguntas firmado por los diputados Juan Antonio Coloma y Henry Leal, entre las que se encuentran:

1. ¿Por qué la ministra vocera de gobierno, Sra. Camila Vallejo, declaró que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”? ¿Qué decisión distinta habría adoptado si es que efectivamente, como lo mencionó la ministra de la Segegob, hubiese tenido todos los antecedentes a la vista?

2. Si a su juicio los beneficiados con el indulto “no son delincuentes”, ¿cómo calificaría entonces al Sr. Luis Castillo Opazo, quien se encuentra vinculado a 26 causas judiciales, tiene cinco condenas en su contra y, al momento de ser puesto en libertad, se autodenominó como “preso político rodriguista” y llamó a la “insurrección”?

3. ¿Por qué razón se ha negado, en innumerables oportunidades, a responder si efectivamente tuvo conocimiento de todos los antecedentes -sobre todo los policiales de los 13 indultados al momento de conceder el beneficio? En esa línea, ¿podría aclarar, esta vez, si tuvo acceso al prontuario de cada uno de ellos antes de la decisión?

4. ¿Por qué razón se informó, en un principio, que 11 delincuentes accederían al indulto, para luego corregir y anunciar que finalmente serían 13 los beneficiados? En esa misma línea, ¿hubo errores administrativos en el proceso que obligaron al gobierno a incluir a dos personas que no estaban consideradas en un principio? ¿Por qué razón hubo justamente dos decretos que fueron firmados en una fecha distinta al resto?

5. Si tuvo todos los antecedentes a la vista, como se ha señalado, ¿por qué decidió, entonces, ignorar los informes técnicos de Gendarmería de Chile, que recomendó no indultar a seis de los delincuentes por presentar un “alto riesgo” de reincidencia?