Comisión de Probidad e Integridad anunciada por el gobierno inició hoy su trabajo

La Comisión de Probidad e Integridad inició su trabajo este viernes en el edificio Bicentenario, en las oficinas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cuyos expertos tienen la misión de recomendar políticas públicas para evitar casos como el que generó la actual crisis en el gobierno y el Frente Amplio por líos de platas en fundaciones ligadas al oficialismo.

Luego de la sesión constitutiva durante esta jornada, la presidenta de la comisión, María Jaraquemada, quien además es la directora de Chile Transparente, se refirió al trabajo del organismo convocado por el gobierno.

“Se habilitó un correo para que lleguen propuestas, para que sea un trabajo colaborativo”, dijo, agregando que “la idea es presentar el informe con recomendaciones”.

Consultada si en la primera sesión se llegaron a conclusiones, Jaraquemada recalcó que todavía es muy pronto, pues están en una etapa de diagnóstico. “Estamos aprendiendo”, manifestó.

“Efectivamente hay distintos espacios de mejoras, para que la relación sea más transparente”, enfatizó la presidenta de la comisión, en referencia a la relación entre el Estado y las organizaciones sin fines de lucro.

Si bien las sesiones de la comisión serán privadas, como fue hoy, la directora de Chile Transparente anunció que “se levantarán actas que van a ser publicadas, para que la ciudadanía lo pueda ver”.

Según señaló el Presidente Gabriel Boric cuando anunció la conformación del organismo, la comisión tendrá 45 días de plazo para poder entregar propuestas en torno a una serie de objetivos específicos.

“Identificar las fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas de la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado; proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación de estas instituciones con el Estado que faciliten el conocimiento por parte de toda la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades; proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones colaboradoras del Estado, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, y revisar los mecanismos de control, rendición y cuentas, así como las propuestas para prevenir los conflictos de interés”, sostuvo en dicha oportunidad el jefe de Estado.

Asimismo, la instancia podrá proponer sanciones por el mal uso de recursos públicos.

La creación del grupo anunciado por el Ejecutivo se produjo en medio de la crisis que ha azotado a Revolución Democrática (RD), uno de los partidos eje de Frente Amplio, a raíz de presuntas irregularidades en la suscripción de convenios entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones privadas ligadas al partido.

En medio de la investigación de la fiscalía por eventuales delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, el caso derivó también en la renuncia de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y la expulsión de militantes de RD. En concreto, Carlos Contreras -exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez- quien lideraba el Serviu de Antofagasta cuando se suscribió un contrato con la fundación Democracia Viva, presidida por la entonces pareja de la legisladora, Daniel Andrade (RD).