La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados rechazó todas las indicaciones que el gobierno presentó al proyecto de ley que endurece medidas contra las usurpaciones , dentro de las cuales se buscaba revertir el denominado “autotutelaje”, que consiste en que los civiles pueden recuperar los terrenos por acción propia.

Esta figura, conjugada con el principio de “flagrancia permanente” (es decir, mientras el predio esté tomado se sigue cometiendo el delito y la policía o los propietarios civiles pueden intervenir en cualquier momento) generaría -a juicio de La Moneda- un escenario de mayor violencia.

Es por ello que el Ejecutivo ingresó indicaciones que buscaban considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, normas sobre catastro anual de campamentos y revertir el denominado “autotutelaje”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo en la comisión que “esta ley va a generar instrumentos que hoy día no existen para perseguir a las personas que hacen usurpaciones, sin embargo, sería muy complejo que esas condiciones se pudieran ocupar respecto a familias de escasos recursos que habitan en campamentos (...). Por eso, optamos por levantar la urgencia, solo para efectos de permitir volver a la comisión, porque tenemos la expectativa de que en esto se puede construir un acuerdo en la comisión”.

Así las cosas, el texto vuelve a la Cámara en las mismas condiciones en que se despachó hace una semana desde la comisión.

El texto -una moción del Senado, cuyos autores son Felipe Kast, Marcela Sabat y Ena Von Baer- busca modificar las sanciones del delito de usurpación de propiedades, para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio todas las ocupaciones ilegales, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupados.