Comisión investigadora de crimen organizado recibe a Monsalve y declara secreta parte de la sesión

Este lunes, sesionó nuevamente la Comisión Especial Investigadora de Crimen Organizado e Inteligencia de la Cámara de Diputados.

Se trata de la segunda cita de la instancia, que es presidida por el diputado Miguel Ángel Becker (RN), y que se estableció el pasado 23 de abril.

La comisión está encargada de reunir antecedentes relativos a la actuación del gobierno, en especial de los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores y de Defensa, en relación con eventuales deficiencias del Sistema de Inteligencia, y la internación de grupos criminales transnacionales en territorio nacional.

A la sesión de esta jornada asistió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien realizó una exposición sobre las medidas que ha tomado el Ejecutivo en esta materia, además de responder las consultas de los parlamentarios.

Uno de los puntos tratados fue la regularización de migrantes. “El gobierno ha tomado la decisión política de a partir de esos criterios definir un proceso de regularización. Lo que se ha hecho es una política estrictamente basada en objetivos de seguridad que tienen que ver con el empadronamiento. Es decir, lo que está claro es que hay un universo de personas que ingresaron regularmente al país desde el año 2018 a la fecha, que no tenemos ninguna noción de quiénes son. Y por lo tanto es natural que el país busque dar pasos que permitan conocer la identidad de esas personas”.

La autoridad de gobierno detalló que “182.500 (personas) fueron a entregar por lo menos su huella, su rostro, y para eso ingresaron a un recinto de la PDI a entregarlo”.

Si bien reconoció que en materia de seguridad no es lo óptimo, apuntó que al menos es mejor que el escenario previo al empadronamiento a cargo de la Policía de Investigaciones.

Y luego añadió: “A nosotros nos parece que aquellos que no se empadronaron teniendo la oportunidad de hacerlo, tienen que ser la principal prioridad en materia de expulsión.

En esa misma línea, dijo que si un próximo gobierno quisiera realizar expulsiones, “particularmente vamos a hablar de expulsiones de ciudadanos venezolanos, por ejemplo, tendría exactamente la misma dificultad que tiene el gobierno hoy día”, ya que para eso “necesita que el avión ingrese a territorio venezolano y necesita la autorización técnica y política para ingresar” al país vecino.

También abordó el convenio de cooperación policial entre Chile y Venezuela. “Si alguien renuncia a la posibilidad de saber quién tiene antecedentes penales a Chile, no le está haciendo un favor a nadie. Está perjudicando la seguridad del país. Y desde esa perspectiva, vuelvo a insistir, si esto es útil o no es útil, tiene que decirlo quien intercambia la información. Y quien intercambia la información son las policías”.

El subsecretario recalcó que el acuerdo “busca tener información útil para las labores de seguridad en el territorio nacional”, y descartó, ante el cuestionamiento de la diputada Joanna Pérez, cuotas de ingenuidad de parte del Ejecutivo al suscribir el convenio con el régimen de Nicolás Maduro.

Sobre medidas adicionales, expuso que el gobierno está trabajando en dos propuestas legislativas. “Una que tiene que ver con establecer mecanismos extraordinarios de expulsión por razones de seguridad. Y una segunda, que busca establecer mecanismos de control cautelar de aquellas personas que estando irregularmente en el país tienen una resolución de expulsión, pero esa expulsión no es ejecutada. Y por tanto, tener una medida de control cautelar”.

Posteriormente, por razones de seguridad, dado que se entregaría información sensible, la sesión fue declarada secreta.