Comisión que revisa la acusación constitucional contra ministro Pérez acuerda recomendar a la sala que apruebe el libelo

La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, acordó recomendar a la sala de la Cámara de Diputados que apruebe el libelo presentado en contra del exsenador.

La instancia, compuesta en mayoría por diputados de oposición, respaldó la acusación por cuatros votos a favor -de Jenny Álvarez (PS), Fernando Meza (IND), Alejandro Bernales (PL) y Loreto Carvajal (PPD)- y uno en contra, del único legislador oficialista Joaquín Lavín (UDI).

El libelo, cuestiona el rol de Pérez en el paro de camioneros y su control sobre Carabineros. Esta se presentó el 8 de octubre y fue firmada por 13 diputados pertenecientes a la DC, el PS, el PPD, el PC, RD, el PH, CS, Comunes y el FRVS.

La semana pasada, la defensa del ministro protagonizó una polémica luego de que en su contestación sostuviera que las fuerzas de orden y seguridad, es decir, Carabineros, no dependen de Interior bajo un estado de catástrofe, sino de los jefes de la defensa, dependientes del Ministerio que hoy lidera Mario Desbordes. Esto provocó molestia en el Gobierno y también al interior de RN, partido que incluso puso en duda la votación en sala. Pérez finalmente anunció que retiraría esa argumentación.

La votación en sala se realizará el próximo martes 3 de noviembre donde necesita 78 votos para su aprobación. El diputado Gabriel Ascencio (DC) presentará el libelo.

Durante la sesión de este jueves, expuso la defensa del ministro representada por el abogado Mario Rojas, y luego se procedió a votar. Desde la oposición apuntaron a la polémica contestación de Pérez.

La diputada Jenny Álvarez (PS) sostuvo que “me asiste el pleno conocimiento de que corresponde aprobar la acusación” e insistió que el estado de excepción constitucional “no suspende las obligaciones constitucionales y legales del ministro del Interior, al contrario, debemos advertir que en este contexto las obligaciones que tiene el ministro exigen un estado mayor de diligencia en el cumplimiento y extremarse las medidas de respeto a los derechos humanos en la mantención del orden público”.

En esta línea, el legislador Alejandro Bernales (PL), acusó una actitud “pasiva” de las autoridades durante el paro de camioneros y lo comparó con el anuncio de la Ley de Seguridad del Estado en contra de un grupo de comunidades mapuche que amenazó con tomarse tierras en La Araucanía. “Es evidente la completa desproporción de esa facultad discrecional” y acusó “diferencia de trato” ante el actuar distintas manifestaciones sociales.

Respecto a la caída de un adolescente al río Mapocho -tras ser impulsado por un efectivo policial que fue formalizado por homicidio frustrado- Bernales sostuvo que “quedó en evidencia que la modificación de los protocolos y el control sobre Carabineros en un contexto de violación generalizada de derechos humanos, ha sido sumamente escasa”.

Posteriormente, el único diputado del oficialismo, Joaquín Lavín (UDI), también comentó el episodio anteriormente mencionado y aseguró que “si el ministro del Interior fuera responsable por las actuaciones personales de cada funcionario de Carabineros, se debería haber acusado constitucionalmente a todos los ministros del Interior que ha habido a la fecha”.

“Como señala la Constitución, (el ministro) debe velar por la mantención del orden público en todo el territorio nacional, pero en ningún caso tienen el control operativo de Carabineros de Chile y no es racional que se le haga responsable por las acciones que comete un funcionario en particular”, explicó.

En tanto, el diputado Fernando Meza (IND) abordó la polémica defensa presentada en un primer momento por los abogados de Pérez y sostuvo que “es sumamente peligroso desarrollar esta tesis que se traduce finalmente en que bajo un estado de excepción no necesitaríamos un gobierno que conduzca las decisiones políticas, sino dichas decisión estarían ligadas a las atribuciones que detentan los mandos militares”.

“Aún con todos los reparos que pueden existir por el poco tiempo que lleva el ministro en el cargo, y las facultades discrecionales y no obligatorias que detenta de restablecer el orden público, en este caso la defensa no logró desvirtuar los hechos y los argumentos expuestos por los acusadores y en base a ello tomo la decisión de votar a favor de la acusación”, expresó Meza.

Por último, la presidenta de la instancia, Loreto Carvajal (PPD), expresó que “no se comprende, no es hoy día entendible, cómo un ministro de Estado genera un nivel de incerteza de tal envergadura que hace incluso responsable a un ministro de su mismo gobierno (...) que no se hace cargo de sus responsabilidades, creo que no merece ser ministro de Estado”.

Para este viernes estaba contemplado que se revisara en la sala, pero fue la comisión revisora de la acusación la que solicitó el cambio de fecha para el próximo martes, lo que ya fue notificado a las bancadas tras un acuerdo unánime.

Según consignó La Tercera PM, en La Moneda son varios los que transmiten que el libelo contra el jefe de gabinete está perdido en la Cámara y que la apuesta es el Senado, aunque en la Segpres aseguran que siguen haciendo gestiones para revertir este escenario entre los diputados.

En el gobierno hay preocupación por el escenario que se abriría en ese caso. Esto, porque de aprobarse en la Cámara, sería la primera vez en la administración del Presidente Sebastián Piñera que un ministro en ejercicio tiene que suspender sus funciones, debido a que la Constitución establece que “el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes”.

En ese escenario, la normativa actual establece que, de quedar suspendido, debe asumir en su lugar el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; y, a falta de éste, el de Desarrollo Regional o de Prevención del Delito. Sin embargo, el Presidente tiene la facultad de nombrar “a otro secretario de Estado”.

Durante la jornada, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, insistió en que “no hay ningún fundamento jurídico para acusar a un ministro del Interior que lleva tres meses en el cargo. Bajo el estándar que ellos (la oposición) plantean, ninguno de los ministros del Interior de la Concertación, a pesar que renieguen de ella, o de la Nueva Mayoría, habría durado más de un mes. Ninguno. Es imposible”.