Comisión revisora rechaza acusación constitucional contra ministro de Educación Raúl Figueroa

Este miércoles la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se reunió para discutir y someter a votación el libelo impulsado por diputados de la oposición.

Con 4 votos en contra y 1 a favor, la acusación fue despachada a Sala con la recomendación negativa de la comisión revisora liderada por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), y conformada también por los oficialistas Tomas Fuentes (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), y la única integrante de oposición -y voto en favor del libelo-, Marisela Santibáñez (PC).

Para este jueves, a las 10.00 horas, está agendada la sesión de la Cámara donde la instancia debe informar de sus resultados, los cuales no son vinculantes, y entregar la recomendación al hemiciclo, quien tras escuchar la intervención procederá a escuchar a la defensa del acusado para posteriormente votar la denominada “cuestión previa” y, de rechazarse, votar la acusación constitucional.

La jornada de la comisión revisora comenzó con la deliberación sobre la censura solicitada el martes por Santibáñez contra Fuenzalida, presidente de la comisión. “(Interpuse un) reclamo de conducta al presidente de esta comisión, quien dejó sin efecto la invitación a nuestro abogado constitucionalista que iba a hacer todo el análisis de la contestación, que es un punto relevante en la acusación constitucional”, explicó la diputada comunista en punto de prensa.

Fuenzalida, en tanto, se defendió diciendo que “la invitación que se le hizo al abogado se cursó anoche (lunes), ignoramos por qué no le llegó. La diputada Santibáñez indicó que le llegó muy tarde, cosa que ocurrió durante el transcurso de todo el funcionamiento de esta comisión. De hecho, muchas se cursaban según la situación del otro día (...) No se ha hecho ningún tipo de bloqueo”.

Con tres votos en contra y uno a favor (aún no se presentaba el diputado Van Rysselberghe), la censura contra el presidente fue rechazada por sus miembros, tal como hicieron posteriormente con la acción constitucional.

En horas de la mañana, en el marco de la visita a un colegio a fin de revisar condiciones a una semana del retorno presencial, el ministro de Educación fue consultado respecto de la acusación constitucional. “Todo el país está comprometido con poner el bienestar de los niños y jóvenes como primera prioridad. Ese ha sido el foco del Mineduc durante todo este tiempo. Por eso, hemos puesto todas las condiciones para continuar el proceso de educación de distancia, y generar las condiciones que permitan retomar la presencialidad siguiendo las recomendaciones de expertos”, dijo.

El titular del Mineduc agregó que “la acusación constitucional que se vota mañana en la Sala no hace más que marcar una diferencia profunda respecto de ese objetivo, respecto de si es adecuado para el bienestar de los niños y jóvenes poner los establecimiento a su disposición, respecto de si hacer esfuerzos para, de manera segura permitirles a los niños y jóvenes que se vuelvan a encontrar, que tengan un desarrollo integral en las mejores condiciones posibles (…). Quienes han presentado la acusación constitucional han llevado de manera sistemática ese proceso. Es una diferencia legítima desde el punto de vista político, pero que en nada justifica la acusación, ni menos que estemos dedicando tiempo, energía y esfuerzo a algo que nos desvía del principal objetivo, que es el bienestar y las mejores condiciones educativas para los niños, niñas y jóvenes”.

Por su parte, la diputada Camila Rojas (Comunes), impulsora y una de las autoras de la acción constitucional, planteó que “de cara a la votación de mañana (jueves), les hemos pedido a cada diputado y diputada de oposición que revise específicamente la situación de su territorio, de su distrito: cuántos establecimientos, públicos o subvencionados, recibieron menos recursos, en qué situación están sus establecimientos, si hay o no Aulas Hospitalarias. Esperamos que la votación refleje la revisión exhaustiva del texto acusatorio, que es un texto serio, pero que cada diputado piense en la situación en que están los establecimientos de sus distritos”. “Creemos que están los votos para rechazar la cuestión previa y, por lo tanto, pasar al fondo de la acusación”, concluyó.

Mientras que el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Carlos Díaz, abordó la definición de la comisión revisora asegurando que “indudablemente que esa votación se preveía que iba a ocurrir. Los cuatro diputados oficialistas desde siempre se manifestaron que tomarían una determinación de ese tipo. Yo mismo participé de los alegatos, fui el primero que intervino, entregando la opinión de parte del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile respecto de esta acusación y, por tanto, en realidad no me extraña que esto haya sido de esta forma. Lo que realmente importa es lo que va ocurrir mañana (jueves), donde estaremos obviamente muy atentos a lo que definan los diputados de la República (...) Los profesores de todo el país tenemos la expectativa de que si los diputados y diputadas toman conciencia de lo que ha ocurrido con la educación durante este año y medio de pandemia y el rol del ministro, creemos que existen argumentos más que suficientes para que se vote favorablemente la acusación constitucional”.

En tanto, durante la tarde, el Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, expresó que “nosotros que somos sostenedores de parte importante de los establecimientos de nuestras comunas no hemos sido presionados por el ministro, sino que hemos sido orientados para el mejor cumplimiento de los objetivos escolares, y en ese sentido, le pido al Congreso que se concentre en su función parlamentaria para resolver los problemas de la ciudadanía y no para profundizar las diferencias políticas que puedan tener con este gobierno”.

Marisela Santibáñez (PC): “Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, es de consenso nacional la importancia que tiene, tanto para niños, niñas y jóvenes, la realización y puesta en marcha efectiva del sistema educacional de manera presencial. No obstante, este retorno no puede significar una amenaza a la integridad física o psíquica de aquellas personas que se ven involucradas en el sistema educacional (…) Un retorno presencial sin las medidas básicas, solo va agudizar la situación. Por lo tanto, es necesario analizar el retorno presencial con las actuales condiciones de los establecimientos públicos. Es el ministro de Educación el que debe velar por el cumplimiento del derecho a la educación. Es el ministro quien debe hacer seguimiento y proponer soluciones”.

Guillermo Ramírez (UDI): “Esta acusación no tienen ningún fundamento, no señala las normas que el ministro incumple, está llena de generalidades del tipo ‘el ministro no hizo nada para...’ y sí ha hecho varias cosas que se ha visto por todos los chilenos (...) Toda esta falta de argumento jurídico revela que hay una motivación política. Creo que los chilenos están cansados de la pelea netamente política, que se apunte con el dedo a quienes quieren hacer la pega. Y los chilenos saben quién es el que ha trabajado para que los niños vuelvan a clases de manera segura”.

Tomas Fuentes (RN): “Son más de 62 las medidas y acciones concretas que el Mineduc, bajo la gestión del ministro Figueroa, ha realizado de forma incansable. Medidas que distan del derecho a la educación. La ciudadanía nos reclama constantemente a los políticos y parlamentarios que estamos alejados de la realidad. Y la presentación de esta acusación constitucional es una clara muestra de ello. Llevamos dos semanas sesionando en torno a ésta, restando tiempo al trabajo en terreno. Tanto nosotros como nuestros equipos hemos gastado valioso tiempo en una acción netamente política que no aporta en nada a minimizar los graves impactos de la pandemia en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes”.

Enrique Van Rysselberghe (UDI): “Estoy convencido de que no se configura ninguna de las causales de derecho estricto que la Constitución exige para la procedencia de una acusación de este tipo. El ministerio y el ministro pudieron cometer algunos errores, nadie es perfecto. Pero en ningún caso constituyen una falta según lo que constituye una acusación constitucional”.

Juan Manuel Fuenzalida (UDI): “Si de algo es responsable el ministro Figueroa es de impulsar el retorno seguro a clases ...) Esta acusación es el resumen de una actuar que ha significado presentar cuatro proyectos de ley que impiden el retorno presencial, no solo en comisión si no también en sala. Esto, porque todos sabemos que la presencialidad es irremplazable. Las clases presenciales son fundamentales para aminorar la brecha educacional. Este libelo no tiene la contundencia para poder establecer que el ministro incumplió la Constitución y las leyes”.