Comisión revisora recomienda a la Cámara aprobar acusación constitucional contra ministro Montes

Tras varios días de sesiones, este miércoles la comisión encargada de revisar la acusación constitucional (AC) -presentada por la oposición- contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sesionó por última vez y resolvió recomendar a la sala de la Cámara de Diputados aprobar el libelo acusatorio.

La instancia tenía plazo hasta el mismo miércoles para despachar un informe a la Cámara con sus observaciones, puesto que este jueves 4 de enero se votará la AC en el Congreso.

En concreto, se registraron tres votos a favor de la declaración de procedencia de la acusación, de parte de los diputados integrantes de la comisión Cristián Labbé (UDI), Natalia Romero (IND-UDI) y Víctor Pino (IND ex-PDG). Mientras que los parlamentarios oficialistas, Emilia Nuyado (PS) y Tomas Hirsch (Acción Humanista), votaron en contra.

En la argumentación de su voto, el diputado Labbé señaló que “una de las cosas que hace que esto tenga la necesidad de poder llegar a puerto es que el ministro Montes va a salir sin ningún tipo de responsabilidad. Es inaceptable que en esta Cámara, que es la casa de la democracia, donde tenemos que hacer justicia política, el ministro Montes no tenga una consecuencia a lo menos política”.

Por su parte, Víctor Pino -quien presidió la comisión- sostuvo que “en la mañana nos hablaron de que la responsabilidad objetiva era una cosa excepcional (...) que se pierdan millones y millones de pesos en fundaciones fantasmas lo es, no ocurre todo el tiempo. Por lo tanto, sí se le puede cargar la responsabilidad objetiva al ministro Montes en este caso”.

Desde la otra vereda, el diputado Hirsch manifestó que “el texto entregado por los acusadores consta de errores formales de fondo y de formalidad constitucional. Por todo lo anterior, yo invito a tener un acto de honestidad intelectual a las diputadas y diputados de esta comisión y rechazar esta acusación, ya que un escrito de este calibre no vale la pena considerarla siquiera como una acusación constitucional”.

La diputada Nuyado comentó que ha “tenido la oportunidad de escuchar a todos los invitados, especialmente a los abogados expertos en derecho constitucional, quienes en sus exposiciones están de acuerdo en concluir que esta acusación constitucional adolece de graves falencias, confusiones y errores en su argumentación”. Es por eso, que para ella “esta acusación debe ser declarada inadmisible“.

Una vez finalizada la sesión, los integrantes de la comisión -a través de una votación- designaron a la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, como la encargada de exponer ante el hemiciclo la definición de la instancia revisora. Su nombre fue propuesto por el diputado Labbé, quien argumentó que Muñoz fue una de las “grandes impulsoras” del libelo acusatorio.

Cabe destacar que la recomendación que la instancia hará llegar a la Cámara no es vinculante ni tampoco es una fiel predicción de lo que puede ocurrir en la sala, ya que la composición de la comisión es por azar y no refleja necesariamente a las mayorías que operan en la Cámara.

La arremetida de la oposición contra Montes partió el 19 de diciembre, día en que RN, UDI, Republicanos, PSC, PDG e independientes ingresaron a la oficina de partes de la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del ministro, por su eventual responsabilidad en los traspasos de dinero desde su ministerio a fundaciones que están siendo investigados por la justicia en el caso denominado líos de platas.

Solo una semana después, la defensa jurídica de Montes, encabezada por el abogado, Pablo Ruiz-Tagle, ingresó su contestación por escrito al libelo acusatorio.

Tras ello, la comisión revisora empezó a organizar su itinerario y a citar a sus primeros invitados, entre ellos varios abogados. A la instancia también asistió Ruiz-Tagle, quien acusó que la AC presentada por la oposición cita incorrectamente artículos del Código Penal.

El abogado defensor aseguró que hay un conjunto de normas, los artículos 9, 127, 205, 207, 208, 212, 214, 236 del Código Penal, que son mencionados en el escrito acusatorio, pero que no tienen directa relación con faltas, delitos o negligencias que se le imputan al ministro.

Quien también estaba invitada a la comisión era la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, sin embargo, se excusó de asistir, puesto que se encontraba fuera del país.

Pero quien sí asistió fue el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD). En la instancia, reiteró que conversó con la exsubsecretaria -cuando ésta todavía estaba en la cartera-, quien le habría señalado que “existía esta información parcial, pero que estaban recabando antecedentes”, respecto a los traspasos del Minvu a Democracia Viva.

Además, Crispi respaldó al ministro Montes, asegurando que “ha sido tremendamente proactivo para avanzar en mayor transparencia”. Asimismo, afirmó que el secretario de Estado “no ha incumplido en ningún momento con la Constitución y que, por tanto, esta acusación constitucional carece de fundamento”.