Tras un largo camino legislativo, el Congreso Nacional aprobó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, un tratado regional entre América Latina y el Caribe que busca mejorar la participación pública y el acceso a la información y justicia en materia ambiental.

Fue el 18 de marzo cuando el Presidente Gabriel Boric -en el marco de una de sus promesas de campaña-, envió el proyecto de acuerdo de ratificación al Parlamento con “suma urgencia”, el que fue aprobado el 11 de mayo en la Cámara de Diputados y, tras una exitosa revisión en otras instancias, se deliberó este martes en el Senado.

La Cámara Alta convocó a una sesión a las 16 horas para revisar el mensaje presidencial y, luego de más de una hora de debate, fue visado entre aplausos por 31 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones.

De esta forma, se resolvió de manera definitiva la adhesión del país al tratado, en una votación que era clave para el gobierno, ad portas a la cuenta pública de este miércoles. Ahora, debe ser promulgado por el Presidente Boric, para luego comunicar la ratificación ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Recién después de 90 días desde su oficialización, Chile será un Estado parte, convirtiéndose así en el país número 25 en firmarlo y 13° en ratificarlo.

Las ministras de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola -quienes estuvieron presentes durante la instancia- celebraron el acuerdo adoptado por el Congreso.

La canciller Urrejola, tras la votación, aseguró que “esta es una votación histórica. Como gobierno y como representantes del Estado de Chile estamos contentas y creemos que la adhesión al Acuerdo de Escazú sí es un hecho histórico, porque Chile vuelve al multilateralismo en tiempos en que está en duda su importancia. En tiempos de guerra, en tiempos de crisis climática requerimos más que nunca de multilateralismos”.

“Chile va a ser parte de un acuerdo de un acuerdo, cuyo eje central -quiero insistir- es de cooperación. En los tiempos que tenemos hoy de desafíos que traspasan la frontera, la cooperación y el multilateralismo es fundamental”, afirmó la ministra de RR.EE., quien lideró las gestiones del Ejecutivo para ratificar este acuerdo.

En tanto, la ministra Rojas agradeció la determinación de los senadores. “Este es un momento para festejar (...) que volvemos al multilateralismo porque muy particularmente, por las crisis que estamos enfrentando es que las soluciones se tienen que tomar de manera mancomunada. Nadie puede resolver la crisis climática ni la crisis de biodiversidad, solos o solas. Aquí, o resolvemos las crisis juntas o simplemente no dejamos a nuestros hijos e hijas un planeta que sea habitable”, destacó la secretaria de Estado.

“Con este tratado se fortalece la democracia ambiental y con ese fortalecimiento, nos da herramientas para hacerle un contenido, para cristalizar el compromiso del Presidente Gabriel Boric de que este sea el primer gobierno ecologista del país”, cerró Rojas.

Más tarde, Boric destacó a través de su cuenta en Twitter la aprobación del tratado. “Felicito a todas y todos que desde distintos frentes han luchado por la defensa de nuestro entorno y la incorporación de Chile al acuerdo. Seguimos avanzando en democracia ambiental!”, manifestó.

Durante la intervención de los congresistas en la Cámara Alta, Rojo Edwards (Republicanos) se mostró en contra del acuerdo. “Consideramos que Chile posee una de las legislaciones más avanzadas del mundo, de hecho hemos sido pioneros en incorporar temáticas como la participación, la trasparencia y acceso a la justicia, todos argumentos esgrimidos para ratificar este acuerdo. Nosotros no vemos avances reales en la protección medioambiental”, aseguró Edwards, quien insistió en problemas con la soberanía territorial y judicialización de casos. Además, en un punto de prensa posterior afirmó que de haber un presidente de su partido derogaría ciertas disposiciones del acuerdo.

Ricardo Lagos Weber (PPD), en tanto, recordó que el acuerdo de Escazú tiene su origen hace 10 años y destacó que Chile y Costa Rica lideraron el proceso de discusión. “Costó muchísimo aunar voluntades en torno a generar voluntades en torno a generar un marco normativo internacional que se diera cuenta de los derechos humanos ambientales (...) creo que uno de los episodios más bochornosos de la diplomacia chilena se vivieron durante la administración anterior”, afirmó respecto a la decisión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera de no firmar el acuerdo.

“Es válido plantearse dudas e inquietudes sobre los alcances de un tratado, lo que pido es que despejemos las noticias falsas y las cosas que no son ciertas”, afirmó Lagos Weber.

Por su parte, en senador Iván Moreira (UDI), destacó la importancia de cuidar el medioambiente, pero aseguró que “tenemos el deber de que no podemos poner en riesgo aspectos esenciales como la soberanía nacional o la igualdad ante la ley. Nuestra abstención es un téngase presente por los riesgos que puede tener este tratado internacional”.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) afirmó que la crisis climática no responde a ideologías de izquierda ni de derecha y afirmó que muchas políticas en la materia “dejan mucho que desear” por lo que avalaría Escazú. “Lamentablemente América Latina es el continente más peligroso para quienes defienden el medioambiente, para quienes denuncian contaminación o robo del agua, porque los asesinan (...) En Chile ni siquiera hay datos o registros públicos en materia de defensores ambientales”, afirmó Latorre antes de comprometer su voto a favor.

El Acuerdo de Escazú busca garantizar un entorno seguro y propicio para que quienes defienden y promueven derechos humanos vinculados a materia medioambiental puedan actuar sin amenazas, así como también proteger tres derechos básicos:

• El acceso a la información ambiental para que cualquier persona pueda requerirla en su dimensión pasiva o activa.
• La participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales, con el fin de vigilar posibles proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el medioambiente, incluyendo los que afecten la salud y asuntos ambientales de interés públicos.
• El acceso a justicia ambiental, para que puede ser impulsada por cualquier persona y entregue garantías de debido proceso.

En su génesis, el acuerdo fue promovido por Chile y Costa Rica y el 4 de marzo de 2018 de acordó su texto. Seis meses después, en septiembre, se concretó la ceremonia de firma del acuerdo, al que se suscribieron 24 países de la región.

Luego de ese hito, se dio un plazo de dos años -hasta el 26 de septiembre de 2020- para que dichos países ratificaran el acuerdo, pero solo 12 de los firmantes lo hicieron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Sin embargo, Chile se restó, ya que la administración de Sebastián Piñera, quien durante su primer gobierno fue uno de los impulsores del tratado, comunicó que no firmaría el documento. El 22 de abril de 2021 el tratado entró en vigencia.

Tiempo después, tras oficializar su candidatura presidencial, el ahora Presidente Boric prometió durante su campaña la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile. Lo que se concretó el 18 de marzo, a una semana de su debut en La Moneda.

En esa oportunidad, el Mandatario firmó el proyecto de ley para ratificar el tratado y fue enviado al Congreso con “suma urgencia”.