Congreso despacha a ley escaños reservados con dudas de parlamentarios

Un día histórico según algunos, una jornada para el olvido según otros. Esas fueron las miradas contrapuestas que marcaron este martes el debate en el Congreso respecto de la reforma que asegura escaños reservados para los pueblos originarios en la convención constitucional.

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron, pese a los reparos, por amplia mayoría el informe de la comisión mixta que crea 17 escaños reservados -dentro de los 155- para las 10 etnias reconocidas legalmente en el país, los que serán electos en un nuevo distrito y a través de un registro especial. Y, en cambio, rechazaron -con votos en contra y abstenciones oficialistas- incluir un cupo adicional para el pueblo afrodescendiente.

“Estamos empezando a pagar la histórica deuda de representación que existe”, celebró la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, luego de que la Cámara Alta despachara el texto por unanimidad, con 41 votos.

Horas antes, la Cámara Baja había visado la propuesta de la mixta con 140 votos a favor, siete en contra, de los RN Harry Jürgensen, Catalina del Real, Camila Flores, Francesca Muñoz y Leonidas Romero y los independientes Ignacio Urrutia y Cristóbal Urruticoechea, además de las abstenciones de Luis Pardo (RN) y Osvaldo Urrutia (UDI).

El texto, que ya está en condiciones de convertirse en ley, establece que del total de escaños protegidos, se asegurarán siete para los mapuches, dos para los aimaras y uno para el resto de los pueblos: los rapanui, quechuas, atacameños, diaguitas, collas, los kawésqar, changos y yaganes. Dichos cupos deberán ser descontados por el Servel de los distritos con mayor población indígena y no podrán restarse de divisiones territoriales en que se elijan sólo tres escaños.

La norma, además, consagra un mecanismo de asignación paritaria que establece que cada candidato deberá inscribirse designando una candidatura alternativa del sexo opuesto y, por otro lado, fija una cuota de un 5% de las listas para candidatos con alguna discapacidad.

El debate en ambas corporaciones estuvo marcado por recriminaciones cruzadas entre la centroizquierda y Chile Vamos. Mientras que la oposición acusó al oficialismo de haberse opuesto sistemáticamente a incluir a los pueblos originarios en el proceso, los legisladores de ese sector recordaron que la moción parlamentaria aprobada se trataba de una iniciativa de RN.

Pese al contundente respaldo que tuvo la reforma en ambas cámaras, varios legisladores manifestaron dudas relativas a los efectos que podría tener la normativa y, asimismo, respecto de si la fórmula que terminó imponiéndose era o no suficiente.

Fue el diputado Pepe Auth (independiente) quien advirtió sobre un “error gravísimo” que, a su juicio, se habría cometido durante la tramitación de la reforma. Lo hizo aludiendo a los criterios que fijó la comisión mixta para que el Servel descuente los escaños a lo largo de los 28 distritos que hoy tiene el país.

“Resulta que la mixta le encarga al Servel que descuente en función del número de personas de pueblos originarios que habitan en cada uno de los distritos, y no en función de la sobrerrepresentación que ya tienen algunos en el sistema actual”, señaló, agregando que esto “va a agravar la diferencia del valor del voto según donde se viva”.

Otro punto que causó inquietud entre los parlamentarios, fue la posibilidad de que, dado que la oposición no logró que los escaños fuesen supranumerarios, esto pudiese tener un efecto en la diversidad de la convención respecto de la inclusión de grupos como, por ejemplo, los independientes.

En esa misma línea, legisladores como Carmen Hertz (PC) advirtieron que el descuento de escaños por distrito podría terminar con una “binominalización” del sistema.

La misma aprensión expresó el presidente del PS, Álvaro Elizalde, quien aseguró que “esto va a traer una distorsión en la elección de convencionales, porque la mayoría de los distritos impares pasan a ser pares (...), generando una especie de binominal reforzado”.

Varios legisladores de la centroizquierda criticaron el acuerdo al que se arribó, destacando que se hicieron demasiadas concesiones ante la derecha. Uno de los puntos que generaron mayor controversia fue la conformación de un registro especial, en reemplazo de la propuesta opositora que buscaba un mecanismo de autoidentificación.

Algunos legisladores advirtieron que aquello iría en contra de los estándares internacionales de DD.HH., mientras que Karol Cariola (PC) afirmó que “este es un triunfo de la derecha que le impone al centro débil y frágil su mirada de país, discriminatoria y racista”.

Desde el PS, el diputado Leonardo Soto (PS) aseguró que sí existe un criterio de autoidentificación en la propuesta, al permitir a aquellos que no sean considerados en el padrón preliminar emitir una declaración jurada -45 días antes de la elección- para poder votar.