Comisión Experta inicia con Bermúdez ronda de exposiciones y este jueves recibirá a la ministra Uriarte

Como un privilegio calificó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, el ser el primer invitado del proceso de audiencias de la Comisión Experta del nuevo proceso constituyente. A las 15.30 de la tarde del lunes, llegó hasta la sede de Santiago del Congreso Nacional, donde actualmente trabajan los 24 expertos encargados de redactar un anteproyecto de nueva Constitución.

Luego de recibir la bienvenida por parte de la presidenta de la instancia, la abogada Verónica Undurraga (cercana al PPD), el contralor dio inicio a su intervención, que tuvo por objetivo que los comisionados conozcan su opinión respecto de los aspectos que, a su juicio, debiesen ser considerados en la propuesta de nueva Constitución.

Bermúdez fue el primero de una seguidilla de invitados que llegarán hasta la sede del Congreso en Santiago para exponer ante los expertos. El jueves de esta semana será el turno de la ministra Segpres Ana Lya Uriarte (PS), quien hará lo propio a partir de las 10.30. Su presencia marcará la primera interacción entre el Ejecutivo y el recién inaugurado proceso constituyente.

Anteriormente, cuando funcionaba la Convención, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya había tenido acercamientos con el proceso constituyente. El propio Mandatario asistió a la ceremonia de clausura del órgano y también realizó una visita cuando era Presidente electo.

Asimismo, su ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, participó de una audiencia en la comisión de normas transitorias de la extinta Convención en mayo del año pasado, cuando se desempeñaba como titular de la Segpres.

Si bien el Ejecutivo va a participar de la instancia, lo cierto es que transmiten que esta vez intentarán llevar por “cuerdas separadas” el trabajo del Consejo y lo que haga el gobierno. Esto, con el objetivo de evitar lo que ocurrió en el proceso anterior, donde se ligó la gestión de esta administración con el futuro del proceso.

Además de Uriarte, la Comisión Experta ya tiene agendadas exposiciones de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y del fiscal nacional, Ángel Valencia. Los encuentros se realizarán, respectivamente, los días 20 y 21 de este mes.

El motivo de estas intervenciones, según explicó Undurraga, es que el pleno completo reciba“una visión mucho más integral de las funciones que cumplen los distintos poderes del Estado y los órganos autónomos. Vamos a poder hacer preguntas muy precisas importantes para después tener el debate sobre la regulación de esos órganos”.

Por otra parte, la subcomisión de derechos civiles y políticos planea invitar a académicos para exponer ante la instancia. Si bien aún no resuelven quiénes, en la sesión de este lunes barajaron que pueden ser nombres como Arturo Fermandois, Zarko Luksic, Miriam Henríquez, Yanira Zúñiga, José Luis Cea, entre otros.

Al inicio de su exposición, Bermúdez enfatizó que el trabajo de la Contraloría es de larga data. ”No es el producto de los últimos 20, 30 o 50 años, fue creada hace casi 100 (...), en un momento de reconstrucción del Estado chileno, con la finalidad de racionalizar el manejo de las finanzas publicas (...)”, explicó.

“Cuando la Contraloría actúa, produce un efecto inmunizador de la administración activa, haciéndola eficaz y cierta”, afirmó sobre el rol que ha desempeñado la institución que actualmente dirige.

En cuanto a la forma en que se tendrá que incluir al organismo en la propuesta de nueva Carta Magna, Bermúdez sostuvo que “existen razones que justifican dotar de estabilidad constitucional a cierto tipo de instituciones a cargo de resguardar valores fundamentales de una República, tales como la legalidad o la integridad pública, que pueden estar en riesgo como consecuencia de una actuación arbitraria de quienes en un momento determinado pueden detentar una posición de poder”.

Dijo esto en consideración de que en las bases acordadas por los partidos políticos previo a dar inicio al proceso, se definió que “Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría”.

En esta línea, Bermúdez sugirió a los 24 expertos que lo escuchaban que existe la necesidad de consagrar de manera formal el principio de integridad, como continuador del aquel consagrado en el actual artículo 8° de la Constitución, referido al ejercicio de las funciones públicas y la obligación de sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

“Este (artículo) debe ir acompañado del establecimiento de un sistema de integridad pública que facilite que las instituciones reconocidas por la ley, con competencia en la materia, actúen de forma coordinada y progresiva en la lucha contra la corrupción”, añadió.

En concreto, la propuesta que hizo Bermúdez ante los expertos fue “crear una suerte de consejo técnico de la Contraloría General de la República. Sería un órgano que colabore en las funciones esenciales de la institución, a modo de incluir un elemento de deliberación en aquellas decisiones que así lo requieran”.

“No podemos esperar que la Constitución regule los detalles de la organización y funcionamiento de la Contraloría. Por el contrario, una regulación constitucional demasiado detallada nos haría correr el riesgo de rigidizar excesivamente un ámbito crucial para la actuación eficaz de la administración del Estado, como lo es el del control externo”. En este sentido, aclaró que, a su juicio, es necesario modernizar la regulación actual, pero que esa es una tarea primordialmente del legislador.

Por último, propuso que la regulación constitucional respecto de la Contraloría debe ser precisa y sin ambigüedades que “pudieran propiciar posteriores cuestionamientos a este órgano autónomo de fiscalización”. Por esa razón, dijo, ”parece desaconsejable establecer a nivel constitucional términos poco precisos”.

“Consideramos que es necesario que la nueva Constitución contenga y refuerce los pilares centrales de la Contraloría. Estos son: mantener su carácter unipersonal; robustecer su misión institucional reconociendo las funciones que efectivamente desempeña; preservar su capacidad técnica encarnada en sus funcionarias y funcionarios; y proteger su autonomía, especialmente respecto del poder Ejecutivo (...)”, concluyó.