Contraloría ordena a ministro Montes elaborar informe tras requerimiento de RN para impedir renuncia a funcionarios que cometan faltas a la probidad

Este martes la Contraloría General de la República respondió a un requerimiento ingresado hace unas semanas por un grupo de diputados de Renovación Nacional, quienes solicitaron que el ministro de Vivienda, Carlos Montes elabore un instructivo para que aquellos funcionarios públicos que falten a la probidad no se les acepte la renuncia, sino que se les realice un sumario, y que su accionar “conste en su hoja de vida funcionaria y se le impida ejercer labores en la Administración del Estado”.

Bajo ese escenario, desde el órgano contralor respondieron a la solicitud presentada por los parlamentarios Ximena Ossandón, Camila Flores Oporto, Frank Sauerbaum, Eduardo Durán, Miguel Becker y José Miguel Castro, señalando que el jefe del Minvu “en el plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio” deberá presentar un informe “respecto a lo expuesto por los recurrentes”.

“Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, dicta la respuesta del órgano encabezado por Jorge Bermúdez.

En el requerimiento, RN apuntaba a un error que habría cometido el ministro Montes. Y es que, según argumentaron, tiene relación con la renuncia del exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras, quien renunció a su cargo al día siguiente de que estallara el caso Democracia Viva, el 16 de junio.

Si bien la dimisión aparentaba ser una medida disciplinaria por responsabilidades políticas, ello tenía una consecuencia jurídica. En caso de que una renuncia se tramite antes de que se inicie un sumario administrativo, este procedimiento disciplinario (que incluso puede establecer sanciones como impedimentos temporales para ejercer nuevos cargos públicos) “no producirá efecto”, según el Estatuto Administrativo.

De ahí que la aceptación de la renuncia de Contreras “importe una afrenta al principio de responsabilidad. Teniendo a la vista la magnitud de las irregularidades denunciadas, y el tiempo con el que estas fueron puestas en conocimiento por los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, es inaceptable que el ministro no instruyera un sumario, reteniendo la renuncia del exseremi”, dice el requerimiento.

“Pareciera existir una lógica de impunidad administrativa instalada por esta administración, donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones, lo que sienta un terrible precedente para la integridad de la gestión estatal”, sentenciaron.