Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre presunta incompatibilidad de diputado Monsalve para asumir la Subsecretaría del Interior
La petición, enviada desde la Cámara Baja a solicitud del diputado UDI Juan Antonio Coloma, se basa en que el nuevo subsecretario de Interior debería asumir el 9 de marzo para preparar la llegada del nuevo gobierno, pero existe una norma constitucional que limita nominaciones de legisladores en ejercicio solo a cargos de “ministros y agentes diplomáticos”. El ente fiscalizador indicó que la legalidad del nombramiento será revisada solo cuando esa determinación haya sido adoptada por el futuro Presidente, ya que no puede "emitir una opinión anticipada”.
La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre un requerimiento emanado desde la Cámara Baja, a petición del diputado UDI Juan Antonio Coloma, para dilucidar si su par socialista Manuel Monsalve puede asumir la Subsecretaría del Interior en el futuro gobierno de Gabriel Boric, por presuntas incompatibilidades con su cargo actual.
La petición, enviada a Contraloría por el secretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas, nace luego de que Coloma cuestionara que, debido a que el nuevo subsecretario de Interior debería asumir el 9 de marzo para preparar la llegada del nuevo gobierno, hay una norma constitucional que limita nominaciones de legisladores en ejercicio solo a cargos de “ministros y agentes diplomáticos”.
De esta forma, Monsalve podría asumir el cargo recién el 11 de marzo y confiar los últimos detalles del traspaso de mando al gobierno actual.
En su texto de respuesta, la Contraloría señala que “se abstiene de emitir el pronunciamiento requerido mediante oficio (...) del prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, por motivo que señala”.
“Al respecto, cumple con manifestar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, N° 1, de la resolución N° 6, de 2019, de este origen, los decretos supremos sobre materias de personal firmados por el Presidente de la República se encuentran afectos al control previo de juridicidad ante este Organismo Fiscalizador, mediante el trámite de toma de razón”, indica el documento firmado por el jefe de la División Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic.
El ente fiscalizador agrega que, “en consecuencia, la legalidad del nombramiento por el que se consulta será revisada en su oportunidad, esto es, cuando esa determinación haya sido adoptada por el Presidente de la República y el decreto supremo respectivo sea sometido al trámite de toma de razón, no siendo posible emitir una opinión anticipada sobre una decisión que aún no ha sido adoptada por la autoridad”.
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