Convocar un Pacto Nacional por la Seguridad: el llamado de los gobernadores de la Región Metropolitana, La Araucanía y parlamentarios al gobierno

Mañana será la primera conmemoración del estallido social bajo la administración del Presidente Gabriel Boric. Un aniversario que se da en un contexto marcado por el alza de delitos violentos y la delincuencia a nivel nacional. Ante ese escenario, este lunes en la mañana los gobernadores de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y La Araucanía, Luciano Rivas, en conjunto con parlamentarios desde la UDI hasta el PS llamaron al gobierno a convocar un Pacto Nacional por la Seguridad del país.

En ese sentido, las autoridades realizaron una serie de propuestas para abordar materias como el crimen organizado, recuperación de espacios públicos e implementación de políticas de intervención para grupos vulnerables, entre otras.

Al llamado se también se plegó la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén.

Uno de los diagnósticos que estuvo sobre la mesa fue que las autoridades regionales y locales -quienes fueron elegidas democráticamente- están “literalmente fuera de la discusión de seguridad”.

“Se requiere que los gobernadores regionales tengamos un rol importante en la lucha y prevención de la delincuencia, es muy extraño que las autoridades democráticamente elegidas en todas las regiones del país estemos hoy día literalmente fuera de la discusión de seguridad, siendo esta la primera prioridad ciudadana”, apuntó Orrego.

En la misma línea, la autoridad de la Región Metropolitana agregó: “reiteramos la invitación al gobierno a que convoque este gran Pacto por la Seguridad donde todos los actores -incluidos el Poder Judicial y la Fiscalía- seamos partes con medidas muy concretas para mejorar la situación de seguridad en el país, nadie se puede restar, este es un momento de unidad nacional, donde los gobernadores queremos jugar un rol”.

En concreto, el llamado fue encabezado por Orrego y Rivas, mientras que del lado de los parlamentarios se hicieron presentes los presidentes de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras: el senador José Miguel Insulza (PS) y el diputado Raúl Leiva (PS), además del senador Manuel José Ossandón (RN) y el diputado Jorge Alessandri (UDI).

El senador Insulza enfatizó en los nuevos fenómenos criminales que preocupan a las autoridades, así como el incremento de delitos de alta connotación, como los homicidios y los secuestros.

“El delito se ha hecho una preocupación fundamental de los ciudadanos, no solo por las cantidades, sino que por el tipo de delitos y la violencia que se está ejerciendo. Los delitos de sangre cada vez son peor”, puntualizó el también exministro del Interior.

Por su parte, el gobernador de La Araucanía -Rivas-, remarcó en el carácter transversal de la reunión y señaló que ese debe ser el requisito para todo pacto que pretenda abordar la crisis de seguridad pública que vive el país.

“Necesitamos que haya un gobierno que escuchando a todos y buscando acuerdos demos solución en conjunto a lo que hoy día más tenemos en nuestra zona, que vamos aumentando la cantidad de víctimas, que tenemos hoy día grados de impunidad que son muy duros, y es en ese sentido en el que tenemos que trabajar hoy día”, remarcó.

De parte de los alcaldes, Leitao hizo un llamado al Ejecutivo y a los otros actores que participan en la seguridad pública a abordar el tema con urgencia y “voluntad política”.

“La ciudadanía nos demanda dos cosas fundamentales: abordar este tema con urgencia y mayor efectividad, más que efectismo. Y yo creo que eso requiere de voluntad política para sentarse a trabajar en distintas aristas (...) hay que fortalecer el rol de los gobiernos regionales en materia de seguridad”, remarcó la alcaldesa de Peñalolén.

Algunos de los puntos que se abordaron en la reunión entre las autoridades regionales, parlamentarias y municipales guardan relación con cómo enfrentar la nueva delincuencia y la escalada del crimen organizado a nivel nacional.

Entre las materias discutidas destacan la implementación de una política “decidida de desarticulación de bandas criminales con foco en su patrimonio, incorporando a la Unidad de Análisis Financiero, las unidades especializadas de Fiscalía y Policías”.

Además, para enfrentar los delitos de homicidios y el incremento de imputados desconocidos en este tipo delitos, estuvo sobre la mesa la idea de dejar atrás “las prácticas institucionales de persecución penal caso a caso, integrando las técnicas de investigación los patrones delictuales para abordar el fenómeno criminal que está detrás”.

En la misma línea, otra de las discusiones que apunta al Ministerio Público y a las policías se refiere a que -según afirmaron algunas autoridades presentes- actualmente las Unidades de Focos Investigativos de las fiscalías carecen de sistemas informáticos, y los instrumentos para levantamiento de evidencias en las primeras diligencias no han sido actualizados por las fuerzas policiales por lo que, sostuvieron, “se requiere fortalecer la innovación tecnológica, el capital humano y la integración de la información para fortalecer la capacidad investigativa del Estado”.