Diputados de Chile Vamos presentan denuncia en Fiscalía por presuntos sobrepagos en Junaeb

En horas de esta mañana, los diputados Diego Schalper, Hugo Rey (ambos RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) acudieron al Centro de Justicia para interponer una denuncia en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por los presuntos sobrepagos en raciones de alimentos por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La imputación de los eventuales sobreprecios la formuló el exdirector de la institución, Cristóbal Acevedo, quien en el marco de su exposición en la comisión revisora de la fracasada acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila, aseguró que la institución habría gastado $3.500 millones en 30 colaciones. Acusación que fue desmentida por la misma Junaeb y por el presidente de Nutre Chile, el abogado Darío Calderón.

Con esos antecedentes en mano, los legisladores de Chile Vamos presentaron una denuncia en el Ministerio Público con el fin de que el ente persecutor establezca o descarte posibles delitos en las millonarias licitaciones de raciones de comida en el marco de los programas “Alimentación Escolar” y de “Alimentación Parvularia”.

“Creemos que para velar por el buen uso de los recursos públicos, por el alimento de los niños de Chile y en particular por la probidad, hemos presentado esta denuncia que ya tiene un rol asignado (...) y hacemos un llamado al fiscal nacional (Ángel Valencia) a que disponga de todos los medios disponibles de la Fiscalía para investigar hasta las últimas consecuencias”, apuntó Schalper, secretario general de RN.

Junaeb ya la semana pasada salió al paso de las acusaciones esgrimidas por su exdirector. En un comunicado público desmintieron a Acevedo y contraargumentaron que “no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289 pesos, un valor alto, adjudicado en la administración anterior. La licitación realizada durante este periodo obtuvo el mismo servicio por un valor máximo de $1.093 pesos”.

Los posibles delitos que se podrían configurar -según acusan desde la oposición- de comprobarse los hechos denunciados sería ilícitos contra la probidad, como malversación de fondos públicos. “En la acusación constitucional contra el ministro, el abogado defensor nunca negó los hechos. Él lo que hizo fue señalar que no era parte del libelo y que no existía una supervigilancia por parte del ministro, pero nunca negaron los hechos”, acusó el diputado Coloma.

En los próximos días el Ministerio Público designará a los fiscales a cargo de la investigación. “Desde la Junaeb nos han llegado más denuncias, sobre el mal uso de los recursos públicos”, cerró Coloma.